Archivo - La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz , en una imagen de archivo en rueda de prensa en el Palacio de San Telmo - María José López - Europa Press - Archivo
SEVILLA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha presentado este martes al Consejo de Gobierno el informe bienal de la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía para los años 2019 y 2020, que ha acordado remitir al Parlamento. El documento destaca el inicio de los trabajos para elaborar la I Estrategia de Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas LGTBI y sus Familiares en Andalucía, cuyo acuerdo para su formulación se ha adoptado y publicado en 2021.
Para ello, se ha valorado el hecho de que, a pesar de los progresos normativos hacia el respeto a la diversidad sexogenérica, la sociedad necesita avanzar en la integración y el pleno disfrute de derechos humanos y libertades fundamentales de las personas LGTBI, así como en la prevención y eliminación de los episodios de lgtbifobia. De hecho, la Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad ya ha elaborado un informe estadístico para el diseño de políticas públicas antidiscriminatorias en el ámbito lgtbi.
En concreto, la Ley 2/2014 dispone la evaluación de su aplicación en su disposición adicional tercera, que establece la elaboración de un informe sobre el conjunto de actuaciones en relación con la efectividad del principio de autodeterminación de género y que debe establecer los criterios correctores que se correspondan con la finalidad de la norma, en colaboración con personas transexuales y entidades que las representan.
Así, el documento se refiere al Proceso Asistencial Integrado (PAI) de atención sanitaria a personas transexuales en la infancia y adolescencia y al de las personas adultas, bajo el principio de la despatologización de la transexualidad. En concreto, en el Servicio Andaluz de Salud se han realizado 740 consultas de endocrinología a personas mayores de 14 años y 28 a menores durante estos dos años. También se hace
referencia a otras actuaciones llevadas a cabo por el Instituto Andaluz de la Mujer y la Escuela Andaluza de Salud Pública en el ámbito formativo.
En el aspecto laboral, destaca la intermediación e inclusión llevada a cabo por el Servicio Andaluz de Empleo, así como las acciones de sensibilización y capacitación a sus profesionales. En educación, la activación del Protocolo de Identidad de Género en el Sistema de Información Séneca y las intervenciones en los centros educativos.
Respecto a la atención social, las personas lgtbi han sido siempre consideradas y tratadas en el SAVA como un sector de la población de víctimas especialmente vulnerables, independientemente de la tipología delictiva por la que acudan al servicio. Dentro de las actuaciones dentro del Plan Estratégico de Igualdad de Género de Andalucía, se ha destacado su carácter intersectorial y, especialmente, la línea de trabajo 2.B. sobre salud y bienestar, por considerar que las mujeres trans, dentro de las personas lgtbi, son las que presentan un mayor riesgo de exclusión.
Por otra parte, el informe recoge las actuaciones desarrolladas en el marco del Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía, las dirigidas a personas mayores como el protocolo en los recursos de atención, la puesta en marcha de la primera casa de acogida para personas lgtbi en Torremolinos, las acciones en centros de menores infractores y las llevadas a cabo por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de
Andalucía.
PRIMER CONSEJO ANDALUZ
Asimismo, se remarca la creación del primer Consejo Andaluz LGTBI, el incremento en un 35% de las subvenciones para la igualdad de trato y no discriminación de personas lgtbi y sus familiares en Andalucía, la adaptación de los documentos administrativos a la diversidad sexogenérica y la personación de la Administración de la Junta de Andalucía en los procedimientos judiciales por delitos de odio.
En el apartado de las recomendaciones para el desarrollo de mejores prácticas relacionadas con el objeto y finalidad de la Ley 2/2014, el informe de evaluación habla de la necesidad de seguir avanzando y mejorando los protocolos que garanticen la salud sexual y reproductiva de las personas trans, así como el cuidado de su salud mental en atención primaria. Otros objetivos importantes son reducir los altos índices de exclusión laboral que soportan las personas trans y la realización de acciones formativas para el funcionariado de la Administración de Justicia y de los cuerpos de seguridad, principalmente para aquellas personas que tienen trato directo con las víctimas.
La Ley 2/2014 sobre los derechos de las personas transexuales establece un marco normativo adecuado para garantizar el derecho a la autodeterminación de género de las personas que manifiesten una identidad de género distinta a la asignada al nacer y regula un conjunto de facultades y deberes que integran este derecho, así como las actuaciones necesarias que corresponden a la Administración de la Junta de Andalucía para hacerlo efectivo.
Esta norma, por primera vez, legisla sobre la despatologización de las identidades trans y sobre la autodeterminación de la identidad y expresión de género. De hecho, con ella, se introduce en el marco legislativo el principio de autodeterminación como una herramienta jurídica que reconoce a las personas trans como sujetos de derecho.