La consejera de Hacienda recuerda que el proyecto de Presupuesto para 2017 dedica un 74% y 18.112 millones de euros a los Programas G+
SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha defendido que las políticas de igualdad de la Junta de Andalucía sean un "espejo" en el que pueden mirarse otras organizaciones, no solo porque es "de justicia social" sino también porque se trata de una "estrategia para incrementar la competitividad y favorecer un crecimiento y desarrollo económicos más sólidos y sostenibles en el tiempo".
En comisión parlamentaria, Montero ha subrayado que la "apuesta decidida" del Gobierno andaluz por la igualdad entre hombres y mujeres se materializa desde muchos ámbitos y ha aludido a que el proyecto de Presupuesto para 2017 dedica 18.112 millones de euros a los programas G+, "que son los que tienen mayor capacidad transformadora", lo que supone el 74 por ciento del conjunto de las cuentas públicas.
Asimismo, ha explicado que estos programas son los que acaparan la mayor parte del incremento del gasto el próximo ejercicio, de modo que más de 700 millones del aumento del Presupuesto se destina a los G+ y otros 530 millones son para los clasificados G. Por otra parte, ha recordado el trabajo que viene desarrollando su departamento con la formulación durante los últimos once años del Informe de Impacto de Género del Presupuesto de la comunidad autónoma.
Durante su intervención, la consejera ha señalado que no se puede entender una Administración pública "moderna e innovadora" si no se sustenta sobre una "base sólida de igualdad". De ahí, la importancia de velar por que la igualdad de género se incorpore en su funcionamiento, para que los empleados públicos tengan una "mirada sensible" a la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo que realizan cada día, "lo que, sin duda, redundará en beneficio del conjunto de la sociedad andaluza". "Es necesario ponerse las gafas de género", ha subrayado.
En este sentido, se ha referido al Plan de igualdad de mujeres y hombres que está elaborando su departamento y que, según ha avanzado, espera que se apruebe en los próximos meses. Según ha explicado, el Plan deriva del Acuerdo para la defensa y mejora del empleo público en la Administración de la Junta, suscrito el pasado mes de julio con las organizaciones sindicales que integran la Mesa General de Negociación Común (UGT, CCOO y CSIF).
El acuerdo preveía la constitución de un grupo de trabajo de conciliación e igualdad ante el que ya se ha presentado una propuesta con los ejes de actuación y un conjunto de medidas relativas al acceso al empleo público, la formación en igualdad, la conciliación, la violencia de género, el acoso por razón de género o el uso no sexista del lenguaje.
Asimismo, se contemplan medidas estructurales y organizativas, como la incorporación de la perspectiva de género en los proyectos y planes de calidad, mejora y modernización de las administraciones públicas o la creación de un buzón de sugerencias en materia de igualdad.
SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La consejera también se ha referido a la violencia de género a la que ha definido como "la expresión más grave de la discriminación y de la situación de desigualdad de las mujeres, ya que se ejerce sobre ellas solo por el hecho de serlo". Un problema, según ha expresado, que requiere para su erradicación de la "implicación de toda la sociedad y de respuestas eficaces de todos los poderes públicos".
En este sentido, ha anunciado una nueva acción formativa elaborada por el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) en colaboración con la dirección general de Violencia de Género de la Junta, dirigida a la sensibilización de los empleados públicos sobre la lucha contra esta lacra. Se trata de una 'píldora informativa' en formato vídeo presentada por la fiscal delegada en Andalucía de Violencia sobre la Mujer, Flor de Torres Porras, y que será distribuida el próximo 25 de noviembre, coincidiendo con el Día contra la violencia de género, al conjunto de los empleados del sector público andaluz así como al personal de Protección Civil, Policía Local y demás cuerpos de seguridad pública.
