SEVILLA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
El director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Francisco Ontiveros, ha clausurado este miércoles las jornadas 'Delitos de odio y discriminación', organizadas por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local para formar a operadores jurídicos, fuerzas policiales y profesionales de los servicios institucionales de asistencia a las víctimas y asociaciones que trabajan con comunidades vulnerables en la prevención y detección de este tipo de actuaciones así como en el asesoramiento y apoyo a quienes lo sufren.
Más de 210 profesionales han participado en las jornadas, celebradas entre el martes y este miércoles en formato online por las restricciones de la pandemia, según ha detallado en un comunicado la Junta.
Ontiveros ha explicado que las jornadas "han cumplido su objetivo de reflexionar sobre la problemática que generan los delitos de odio y de servir a los profesionales que trabajan con las víctimas como revulsivo para mejorar su labor día a día".
Tanto el director general como la fiscal delegada de delitos de odio de Málaga, María Teresa Verdugo --que ha conducido las sesiones-- han destacado que los distintos ponentes han ofrecido una "visión completa" y "multidisciplinar", al haber contado con jueces, fiscales, letrados de asociaciones que trabajan con colectivos vulnerables como las personas inmigrantes o el colectivo Lgtbi, policías y responsables de los Servicios de Atención a las Víctimas (SAVA) de la Consejería.
Ontiveros ha avanzado que el Estatuto de la víctima "ha supuesto un impulso que se debe aprovechar para poner en marcha nuevos servicios a disposición de las víctimas" y ha aludido a la apuesta de la Consejería de Justicia por los Puntos de Información a la Mediación (PIMA), los SAVA itinerantes para llegar al medio rural o los proyectos pilotos sobre Justicia restaurativa en los que se ha empezado a trabajar con Instituciones Penitenciarias.
La atención a las víctimas de los delitos de odio ha centrado en gran parte la sesión de este miércoles, que ha contado con los coordinadores de los SAVA de Huelva y Sevilla, Fernando Moreno y Sandra Millán, quienes han hecho hincapié en que la asistencia debe ir siempre dirigida "a reparar el gran daño emocional sufrido que afecta a distintos ámbitos de su vida, por lo que la intervención debe ser multidisciplinar para atender sus necesidades psicológicas, jurídicas y sociales".
Tanto Moreno como Millán han incidido en la especial vulnerabilidad de las víctimas de este tipo de delitos que, en muchos casos, sufren "traumas y ansiedad extrema" y para las que denunciar resulta "muy difícil por miedo a represalias, la desconfianza en las institucionales o la baja autoestima" que presentan.
A estas dificultades se unen, en el caso de las personas inmigrantes, "barreras lingüísticas o culturales" y "la especial desconfianza" hacia la Policía y las instituciones cuando proceden de países donde han sido perseguidos y las Fuerzas de Seguridad "son corruptas", además del miedo a que, al presentar la denuncia, se inicie un proceso de expulsión en el caso de quienes se encuentran en situación irregular.
La asesora jurídica de Andalucía Acoge, Elvira Pérez, ha abordado la necesidad de dar confianza a estas víctimas "facilitándoles el acceso a información en su idioma y garantizándoles la confidencialidad y que nadie le va a obligar a denunciar si no quiere".
Pérez ha explicado que la Ley de Extranjería contempla la concesión de permisos de residencia por razones humanitarias entre las que incluye ser víctimas de delitos de odio, si bien "para solicitarlo se exige una resolución judicial". No obstante, ha explicado que es posible solicitar la suspensión de una orden de expulsión mientras termina el proceso.
En la jornada de este miércoles también ha intervenido el inspector de Policía y director del Centro de Estudios e Iniciativas sobre Discriminación y Violencia (Cediv), David Docal Gil, que ha analizado las características de los grupos urbanos violentos que "en España los dividimos por ideología radical según la cual creen que la violencia es el camino".
Manifestaciones, estadios de fútbol, conciertos de grupos "cuyas letras incitan al odio" y gimnasios donde "entrenan juntos artes marciales y diferentes formas de lucha" son los escenarios en los que actúan y "en la era de la información y las telecomunicaciones, se retroalimentan en las redes sociales", según ha detallado.
Docal ha alertado de que "cada vez más se detectan miembros de estos grupos de más edad y de todas las clases sociales" y ha abogado por la formación con acciones como estas jornadas "no solo a jueces y policías sino al personal docente y crear planes de estudio para los alumnos sobre los riesgos sociales en nuestras calles".
