La Junta facilita la incorporación "excepcional" de profesionales expertos como docentes de FP

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha establecido un criterio común para aplicar, de forma "excepcional", la exención del requisito de contar con el certificado profesional de habilitación para la docencia en acciones formativas de los grados A, B y C del Sistema de Formación Profesional.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, la resolución, publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), desarrolla las excepciones previstas en el artículo 168 del Real Decreto 659/2023. Su objetivo es unificar y homogeneizar el tratamiento de los posibles supuestos en los que se podrá eximir la competencia docente.

De este modo, la exención podrá aplicarse a personas con determinadas titulaciones universitarias o de Formación Profesional durante su primera acción formativa. También podrá beneficiar a profesionales expertos que acrediten al menos cuatro años de experiencia relacionada con los módulos o bloques formativos que vayan a impartir. En todos los casos, la entidad formativa tendrá que presentar previamente una oferta de empleo ante el Servicio Andaluz de Empleo y difundirla en toda Andalucía.

No obstante, si no existen candidaturas adecuadas y disponibles, la oficina de empleo deberá certificar esta circunstancia. La aplicación de la exención quedará condicionada a que la Delegación Territorial correspondiente valide el cumplimiento del resto de requisitos exigidos al personal formador. Así, la resolución mantiene el carácter "excepcional" de la medida.

Por último, la exención estará limitada a la acción formativa que se vaya a impartir, no supondrá el reconocimiento permanente de la competencia docente y tampoco generará derechos para impartir futuros cursos sin acreditar los requisitos exigidos. Con este criterio común, la Consejería pretende evitar que la falta puntual de docentes impida desarrollar acciones formativas vinculadas a las necesidades del mercado laboral, manteniendo los controles y garantías establecidos por la normativa. La resolución producirá efectos desde el 11 de septiembre de 2026.