La Junta impulsa la reserva del 5% de su contratación pública para centros de empleo y empresas de inserción

SEVILLA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado las condiciones para garantizar el cumplimiento de la reserva del 5% de la contratación pública de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales para centros especiales de empleo de interés social y empresas de inserción.

De esta forma cumple con las estipulaciones de la Ley de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad y en la Ley de Contratos del Sector Púbico, normas que se aprobaron en 2017, según una nota de la Junta.

El Gobierno andaluz asumió este compromiso en el marco de un encuentro con el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Andalucía), donde remarcó que supone un paso más para mejorar la inserción laboral de un colectivo con una tasa de empleo muy baja con respecto al resto de la población activa.

La Junta de Andalucía ha asegurado que busca que todos los órganos de contratación de la Junta y de sus entidades instrumentales establezcan, para cada ejercicio presupuestario, una reserva del 5% del importe de adjudicación del año anterior.

Las entidades beneficiarias de la reserva son, por tanto, los centros especiales de empleo (de iniciativa social) y las empresas de inserción.

Para ello, deberán mantener su calificación e inscripción durante toda la vigencia del contrato y cumplir las condiciones generales de solvencia técnica y económica.

Entre las condiciones acordadas, destaca que se determina la realización de un seguimiento de la ejecución de la reserva.

Esta comisión de seguimiento, que se celebrará en el mes de abril, informará del grado de ejecución de la reserva en el año anterior.

En caso de incumplimiento, se propondrá la adopción de medidas para alcanzar el porcentaje de reserva.

El propiciar que esta reserva de contratos se materialice sobre cualquiera de los contratos que pueda desarrollar la administración autonómica y sus entes instrumentales, sean públicos o privados, constituye un plus sobre la forma en que esta previsión normativa se desarrolla en otras comunidades autónomas donde el objeto de la reserva queda limitado sólo a determinados servicios y suministros.