SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Vivienda y Fomento, Felipe López, ha trasladado este jueves al Observatorio Andaluz de la Vivienda la reforma del reglamento de vivienda protegida que su departamento va a impulsar a través de la elaboración de un decreto con el objetivo de reforzar su función social de este parque residencial y garantizar su vocación pública, además de evitar la venta de estos inmuebles a entidades con personalidad jurídica.
En declaraciones a los periodistas antes de presidir una reunión del Observatorio de la Vivienda para analizar el Plan Autonómico de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020, el consejero ha apuntado que "con esta medida legislativa se quiere evitar que las viviendas públicas de viviendas puedan ser enajenadas en favor de fondos buitres, como ha ocurrido en la comunidad de Madrid".
En este sentido, el decreto de modificación de esta norma establecerá la prohibición expresa de vender viviendas del parque público a este tipo de entidades para garantizar así su función social al servicio de la ciudadanía con más dificultad para acceder a este derecho fundamental.
La reforma del reglamento pretende también "actualizar, simplificar y mejorar la regulación existente hasta el momento relativa a las operaciones que afecten a las viviendas protegidas con el objetivo de aumentar la seguridad jurídica de las partes implicadas".
Asimismo, el consejero ha destacado que su departamento "sigue pendiente" del Gobierno, que manifestó que prorrogaría los Presupuestos Generales del Estado (PGE), para poder poner en marcha cuanto antes las ayudas al alquiler y la orden de rehabilitación en 2017. "Queremos ponerlas en marcha en cuanto el Gobierno firme la adenda que le dé soporte financiero", ha explicado.
Entre las aportaciones que la Junta quiere llevar al Ministerio del ramo en cuanto a las nuevas ayudas para el fomento del alquiler se encuentran eliminar la concurrencia competitiva en esas ayudas al alquiler a familias con rentas limitadas por "representar una tramitación lenta y farragosa", junto a no excluir 'a priori' a las familias que no estén al corriente de los pagos de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.
También pedirán que el plan de rehabilitación funcional de viviendas para personas mayores de 65 años se incorpore a nivel nacional, así como que se recupere, en el Plan de Vivienda nacional, la subsidiación a los tipos de interés, algo que "el Gobierno cortó en 2012 por la situación económica".
La Consejería ya informó al Ministerio de Fomento sobre algunas de estas manifestaciones, pero ahora se podrán ampliar tras la reunión mantenida con el Observatorio, que se dividirá en grupos de trabajo --suelo, infravivienda, vivienda, rehabilitación, ciudad y participación social--.
PRÓXIMAS ÓRDENES
Además, el consejero, que ha apuntado que se necesitarán unas 20 órdenes para desarrollar por completo el contenido del Plan de Vivienda andaluz, ha afirmado que "ahora" se va a sacar una ayuda para adquirientes de vivienda, con "el compromiso de pagar a los que ya tenían una expectativa de recibir una ayuda para la subsidiación de intereses o para hacer frente a los gastos de escritura".
"Ya se han pagado en 2016 unos 6,5 millones de euros, con los que se atendieron 2.600 peticiones, y nos quedan unos 16 millones para acabar de dar respuesta a la demanda que existía", ha destacado. En este sentido, ha precisado que en 2017 contarán con una cantidad similar, unos seis millones, y la orden saldrá en las próximas semanas.
López también ha señalado la orden de ayudas para la elaboración de planes municipales de vivienda y la línea de ayudas a la adecuación funcional básica. La línea de ayudas de adecuación funcional serán unas ayudas dirigidas a personas mayores de 65 años o personas con alguna limitación de movilidad, que necesitan realizar reformas y adaptaciones en sus viviendas para mejorar su calidad de vida.
Estas ayudas tendrán un importe de tres millones de euros y dará respuesta a unas 2.500 familias en 2017. "Esta línea se recupera y la Junta", ha apuntado López, quien precisa que "desde que se puso en marcha este programa de ayudas para la adaptación de viviendas se han beneficiado del mismo cerca de 70.000 familias con una inversión de 90 millones de euros".
En este sentido, López ha solicitado que trasladará al Ministerio de Fomento su implicación financiera en este programa por considerar una necesidad este tipo de actuaciones y ser una política claramente social que requiere de esa participación estatal.
Asimismo, ha subrayado también que la Consejería ha cumplido con el abono de las ayudas para préstamos reintegrables del programa de viviendas en stock con el pago esta semana de seis millones de euros a las más de 1.500 familias beneficiarias de esta iniciativa.
De igual manera, el consejero ha llamado la atención sobre las ayudas para regeneración de espacio urbano, una línea de cooperación financiera con los ayuntamientos para adecuar los espacios públicos y mejorar la calidad urbana.
LEY DE RETRACTO
Por último, el consejero ha señalado que la Ley de tanteo y retracto frente a en desahucio de viviendas en Andalucía podrían estar "en pocas semanas" en el Parlamento para su tramitación, teniendo en cuenta que ya han recibido el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el del Consejo Económico y Social en Andalucía (CES-A). Esta Ley facultará a la Administración autonómica a adquirir viviendas y evitar desahucios.
"La norma sigue su tramitación y está pendiente el informe del Consejo Consultivo de Andalucía, que es previo a llevarlo al Consejo de Gobierno para que se apruebe el proyecto de ley y llegue al Parlamento en el periodo de sesiones que ahora se abre", ha explicado.
