Junta pide suspender la reforma de Costas y el decreto de estrategias marinas hasta abrir un diálogo con las autonomías

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha defendido la necesidad de que el Gobierno de España suspenda la tramitación de las reformas del Reglamento General de Costas y del Real Decreto 79/2019 sobre compatibilidad con las estrategias marinas, hasta que exista "un proceso de diálogo leal, transparente y con participación efectiva de las comunidades autónomas".

Así lo ha expuesto la Administración autonómica en una nota después de que, en la tarde de este lunes, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico haya rechazado incluir en el orden del día de la reunión de la Comisión Sectorial de Medio Ambiente los dos puntos relativos a la suspensión de la tramitación de ambas normativas, a petición de la práctica totalidad de las comunidades con litoral.

En el escrito, dirigido a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagensen, ha pedido la paralización "inmediata" de los dos proyectos normativos y la convocatoria, a la "mayor brevedad posible", de una reunión específica de la Sectorial, para su análisis conjunto, de tal manera que "se propicie un proceso basado en la lealtad institucional, la cogobernanza y que garantice la seguridad jurídica", por lo que ha insistido en la suspensión de la tramitación hasta que se haga efectivo el mencionado proceso de diálogo.

La Junta ha recordado que, en los últimos días, además de Andalucía, las comunidades de Galicia, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias han reiterado públicamente la "preocupación" conjunta por la reforma del Reglamento General de Costas, denunciando "la ausencia de consenso y el riesgo de invasión competencial".

Andalucía ha considerado que, con el planteamiento que ha hecho el Ministerio, "se pretenden limitar concesiones ya otorgadas, restringir nuevas autorizaciones y alterar las reglas del juego con la partida iniciada". Además, ha reivindicado que "no se puede abordar una reforma de tal calado sin escuchar a quienes gestionamos el litoral día a día". "La seguridad jurídica, la estabilidad normativa y la cooperación institucional no son opcionales, sino que representan la base de una buena gestión pública", ha apostillado.

Así las cosas, la Junta ha reiterado que la modificación del Real Decreto 876/2014 afecta directamente a competencias autonómicas ya asumidas o en proceso de asunción por ocho comunidades litorales. En este sentido, ha subrayado que cualquier modificación del Reglamento General de Costas "conlleva una evidente incidencia sobre el ámbito competencial autonómico y requiere necesariamente de mecanismos de cooperación y participación, algo que no se está produciendo en este momento".

En este contexto, la Junta ha aclarado que "no cuestiona la necesidad de mejorar la protección del litoral, pero sí el procedimiento seguido", toda vez que ha manifestado que "proteger mejor exige gestionar mejor, y gestionar mejor exige diálogo". "No puede haber recentralización encubierta ni decisiones unilaterales que generen inseguridad jurídica a ciudadanos y sectores económicos", ha argumentado.

Del mismo modo, el Gobierno andaluz ha expuesto que la reforma del Real Decreto 79/2019 sobre compatibilidad con las estrategias marinas "puede condicionar de manera directa actuaciones autonómicas en puertos, pesca, acuicultura, infraestructuras, ordenación del territorio y medio ambiente". Así, ha indicado que se trata de un mecanismo de control e informe previo con capacidad para "condicionar el desarrollo de numerosas actuaciones públicas y privadas".

La Junta ha reivindicado que el medio marino es "un espacio compartido" y su gestión "debe hacerse desde la cooperación, no desde la imposición", por lo que ha exigido "rigor técnico, participación real y respeto al marco competencial". "Las comunidades autónomas estamos dispuestas a trabajar, aportar y mejorar la normativa, pero necesitamos un espacio real de diálogo", ha abundado.

EL ALGA ASIÁTICA

Otro asunto que ha puesto sobre la mesa la Junta que afecta al litoral andaluz es la presencia de arribazones de alga exótica invasora ('rugulopterix okamurae'), lo que ha llevado al Ejecutivo andaluz recientemente a declarar de "fuerza mayor y extrema necesidad" la situación generada.

En este contexto, Andalucía ha solicitado al Estado su colaboración para reforzar la investigación, con la finalidad de abordar este problema medioambiental y encontrar una solución en la que trabaja la Administración autonómica en el marco del Plan de Gestión frente al alga invasora, para poner en marcha mecanismos que permitan la valorización y aprovechamiento comercial de esta biomasa.

La Administración autonómica también ha exigido al Gobierno de España apoyo económico para los municipios del litoral que están asumiendo costes extraordinarios de limpieza y gestión de la especie, además de la aplicación de la exención del impuesto de vertedero para los residuos retirados, dado que "se ha convertido en un problema de primer orden y una cuestión de alcance nacional que requiere una respuesta coordinada entre administraciones".