María Lourdes Ruiz-Cabello y Manuel Gutiérrez, nuevos vocales del Tribunal andaluz de Recursos Contractuales

SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el nombramiento de María Lourdes Ruiz-Cabello Jiménez y Manuel Gutiérrez González como vocales del Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía.

Lourdes Ruiz-Cabello, que desde finales de 2011 era secretaria de este órgano, pertenece al cuerpo de Letrados de Administración Sanitaria y ha prestado servicios en la Asesoría Jurídica del Servicio Andaluz de Salud entre octubre de 1994 y diciembre de 2011.

Por su parte, Manuel Gutiérrez, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía, ha desempeñado durante los últimos once años la jefatura del servicio de Contratación de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Entre 1999 y 2004 fue también asesor técnico y jefe de Contratación de la Consejería de Salud.

El Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía, creado en 2011 y adscrito a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, se encarga de la resolución extrajudicial de reclamaciones, recursos y cuestiones de nulidad en el ámbito de la contratación pública. El Ejecutivo andaluz modificó en noviembre su relación de puestos de trabajo para reforzarlo con dos vocalías ocupadas por funcionarios de carrera con licenciatura o grado en Derecho y una experiencia mínima de diez años.

Este órgano, de carácter especializado y plena independencia funcional, permite mejorar la eficacia de los procedimientos de recursos en la adjudicación de contratos por parte de la Administración autonómica, además de favorecer su interposición por las personas o empresas candidatas y licitadoras.

Uno de sus principales objetivos se dirige a restablecer en breve plazo la legalidad, sin los perjuicios que para el interés general puedan derivarse de una paralización prolongada de las adjudicaciones en el sector público. El tribunal evita acudir a la vía judicial al resolver de forma rápida y eficaz posibles controversias. Además, tiene capacidad para anular decisiones ilegales e indemnizar a las personas perjudicadas por una infracción.