La nueva Ley Universitaria Para Andalucía entrará en vigor el 25 de marzo e inicia la cuenta atrás para acreditar el B2

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) entrará en vigor el próximo 26 de marzo y, con ello, se inicia la cuenta atrás para que los universitarios acrediten tener un nivel de idiomas B2 para poder graduarse en una universidad ya sea ésta pública o privada, un requisito que será obligatorio a partir del curso 2029/2030. En estos momentos, cuatro de cada diez universitarios tiene ya acreditado este nivel de inglés B2. Sólo en la pública, estudian un grado cerca de 200.000 jóvenes.

Según se recoge en la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA), "el nivel requerido para la obtención de títulos universitarios oficiales nunca podrá ser inferior al nivel B2 de acuerdo con la clasificación establecida por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (en adelante, MCER)". "A tal efecto, las universidades podrán integrar enseñanzas de idiomas en los planes de estudios y potenciarlas en sus planes de fomento del plurilingüismo", se recoge. El nivel de idiomas será también un "requisito necesario" para el acceso a la figura de ayudante doctor y profesor contratado doctor en el caso de que éstas sean las formas de incorporación a una universidad pública.

La nueva norma sustituye al actual marco legal, que data de 2013, y, en materia de estudiantado, reconoce por primera vez mediante ley el derecho de los alumnos a acceder a un sistema de bonificación de los precios de las matrículas. También la norma incorpora, por primera vez, "la necesidad de fomentar el acceso a la vivienda y a las residencias de los estudiantes a través de programas de actuación conjunta de las universidades", y "garantiza por ley la movilidad internacional de los universitarios a través de los programas de ayudas y becas al estudio que oferten las instituciones académicas públicas y estén financiados por la Junta".

Asimismo, se fijan medidas para "asegurar la cobertura inmediata de la docencia cuando exista una vacante y en tanto se realiza el proceso administrativo de contratación de nuevos docentes, y se amplían las funciones del Consejo Asesor de Estudiantes". Otro de los aspectos en los que profundiza el texto es el impulso a la formación continua, con el reconocimiento de títulos propios de las universidades y microcredenciales. Por primera vez, la Junta tendrá en cuenta estas titulaciones en los concursos que realice.

En lo que respecta a la internacionalización, se establece la creación de una estrategia que atenderá a cuestiones "relacionadas con la investigación y la captación del talento", y se apunta a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) como "pieza clave de esa línea de trabajo". Para "favorecer la retención del talento y dar estabilidad a la carrera académica del profesorado", el documento incorpora diversas medidas como la limitación del "uso indebido" de la figura de profesor sustituto interino.

En el articulado de la ley también se determina la disposición de un modelo de financiación común para el conjunto de las universidades públicas, revisable cada cinco años, "respaldando así tanto los principios como la estructura que sustentan el actual modelo acordado por unanimidad con los rectores". En el ámbito de la gestión universitaria, uno de los aspectos más relevantes es que se regulan, por primera vez, los campus universitarios, mientras que, por otro lado, se refuerzan las funciones de los consejos sociales en la captación de fondos, se garantiza su financiación a través del modelo de financiación, se incluyen mayores exigencias de transparencia y objetividad en sus actividades y se crea el Consejo Andaluz de Consejos Sociales Universitarios.

En materia de coordinación, se crea el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria para ampliar la representación del actual Consejo Andaluz de Universidades. Por otro lado, la ley aumenta los requisitos para la creación y funcionamiento de las instituciones académicas privadas en Andalucía, con el objetivo de "reforzar la calidad y excelencia del sistema universitario y de asegurar la prestación de este servicio público". Entre las exigencias, se requerirá que los promotores y gestores de las iniciativas dispongan de una "trayectoria contrastada en el servicio público de educación superior".