SEVILLA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento andaluz ha convalidado este miércoles, con los votos de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, mientras que PSOE-A, Adelante Andalucía y los diputados no adscritos se han abstenido, un decreto de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación por el que se entenderán "expresamente renovadas hasta el 31 de diciembre de 2021 aquellas solicitudes de renovación de la acreditación de los centros de día, de noche y los centros de atención residencial que no tengan resolución expresa con anterioridad a la citada fecha".
Así se recoge en el Decreto-Ley 28/2020, de 4 de noviembre, por el que se establecen, con carácter extraordinario y urgente, diversas medidas en materia de servicios sociales, y que, entre otras cuestiones, introduce una modificación del Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula la autorización, registro, acreditación e inspección de los Servicios Sociales de Andalucía.
Concretamente, se añade una disposición transitoria octava a dicho decreto para la "ampliación de la vigencia de las acreditaciones administrativas de servicios y centros de servicios sociales", en la que se establece que, "sin perjuicio de lo que, sobre el periodo de validez temporal de las acreditaciones de servicios y centros de servicios sociales, establece el artículo 29, se entenderán expresamente renovadas hasta el 31 de diciembre de 2021 aquellas solicitudes de renovación de la acreditación de los centros de día, de noche y los centros de atención residencial que no tengan resolución expresa con anterioridad a la citada fecha".
Para "la debida renovación, será necesaria la presentación, por el representante legal de la entidad, de declaración responsable indicando el cumplimiento de los requisitos materiales y funcionales necesarios para la renovación, manifestando, en su caso, las medidas adoptadas en el marco del Plan de Contingencia y Actuación para la Prevención de la Epidemia por Covid-19", según añade también la nueva normativa.
De igual modo, el decreto convalidado este miércoles modifica la disposición transitoria primera del Decreto 41/2018, de 20 de febrero, por el que se regula el concierto social para la prestación de los servicios sociales, estableciendo que "los convenios o contratos vigentes a la fecha de entrada en vigor del presente decreto mantendrán dicha vigencia hasta la entrada en el servicio efectivo de la entidad adjudicataria del concierto social que los sustituya, que deberá producirse, en todo caso, con anterioridad al día 24 de noviembre de 2021".
En defensa del decreto, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha explicado ante el Pleno que la actual crisis sanitaria ha provocado que exista "un número considerable" de centros que no han podido renovar su acreditación al tener la vigencia vencida durante este periodo, y que no ha sido posible su tramitación, dado que no ha existido la posibilidad de realizar las visitas de los centros para la comprobación del cumplimiento de los requisitos materiales y funcionales necesarios para otorgar la renovación de las acreditaciones.
Actualmente, según se recoge en el decreto convalidado, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia tiene concertación de plazas con 672 centros de atención residencial y 702 centros de día y centros de día con terapia ocupacional, tanto para plazas para personas mayores como para personas con discapacidad, lo que supone la acreditación de más de 23.000 plazas de atención residencial y más de 12.000 plazas de centros de día o centros de día con terapia ocupacional.
En concreto, según ha explicado la consejera, actualmente son "más de cien" los centros concertados con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía para la prestación de servicios a personas beneficiarias en situación de dependencia con la acreditación sin renovar, "con el riesgo que ello conlleva, al existir imposibilidad de comprobar los requisitos materiales y funcionales, lo cual supone un incumplimiento de la normativa vigente para la concertación de plazas", según ha advertido.
Además, la circunstancia de que los centros de servicios sociales no tengan la acreditación administrativa renovada conforme al procedimiento establecido en el Decreto 87/1996, de 20 de febrero, "impide que los titulares de dichos centros de servicios sociales puedan participar en los procedimientos de adjudicación del concierto social para la prestación de servicios sociales", según ha indicado.
PSOE-A: EL DECRETO CAUSA "VERGÜENZA AJENA"
En el turno de los grupos, la parlamentaria del PSOE-A Noemí Cruz ha señalado que el decreto debatido este miércoles "produce vergüenza ajena", evidencia "los controles" que la Junta "ha renunciado a hacer" en las residencias durante la pandemia de la Covid y "viene a dar una patada hacia adelante a la falta de trabajo" de una consejería, la que dirige Rocío Ruiz, que "ha estado escondida" en esta crisis y "falta de ideas, proyectos y trabajo", además de "incompetente en la gestión", según ha criticado.
La diputada del PP-A Ana Vanessa García ha manifestado que este decreto es "necesario y fundamental" para que los servicios se puedan seguir prestando con todas las garantías en los centros sociales de la comunidad, que están siendo brutalmente golpeados por esta pandemia. Ha defendido que la Junta haya recurrido a la fórmula del decreto para dar seguridad jurídica a los centros de servicios sociales, cuando quizá "lo fácil" hubiera sido "no hacer nada" y que todo siguiera igual, como hacía el PSOE-A cuando gobernaba en esta comunidad.
En representación de Ciudadanos (Cs), la diputada Mar Hormigo ha pedido a los parlamentarios que "no le den más vueltas ni le busquen tres pies al gato" a este decreto, cuya convalidación "tendría que ser un mero acto parlamentario" por la cuestión que aborda y las consecuencias que podría tener si no ocurriera eso por un "bloqueo político", cuando lo que aborda es "una cuestión humana", según ha incidido.
Por parte de Vox, la diputada Ángela Mulas ha expresado su preocupación por la organización interna de las residencias de mayores y ha preguntado a la consejera qué se va a hacer para disminuir las listas de espera para los ancianos que no tienen plaza aún. Ha considerado fundamental aumentar los fondos para políticas de mayores y se ha mostrado partidaria de la colaboración público-privada en la prestación de algunos servicios. Ha indicado que Vox, que ha expresado su apoyo al decreto, estará vigilante para su cumplimiento.
Finalmente, el parlamentario de Adelante Ismael Sánchez ha preguntado a la consejera si en la Junta son "conscientes de las consecuencias" que acarrearía no aprobar este decreto y "el caos que se produciría", y ha defendido que la Administración autonómica "tendría que haber puesto en marcha las medidas suficientes para el control del cumplimiento de los requisitos y garantizar que los centros residenciales cumplieran con la normativa" y no traer "excusas sobre el descontrol" que, en su opinión, tiene la Junta sobre las residencias.
