El Parlamento aprueba la Ley andaluza para la Gestión Ambiental con los votos del PP-A

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles, 25 de febrero, con los únicos votos a favor del PP-A, el proyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (Legam), que ha superado así el debate final en la Cámara andaluza con los votos en contra de los grupos de la oposición, esto es, el PSOE-A, Vox, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía.

Se trata de un proyecto de ley que aprobó el Consejo de Gobierno el pasado mes de noviembre, y que este miércoles ha salido adelante en el Parlamento tras seguir una tramitación de urgencia, con la incorporación a última de hora de cuatro enmiendas del Grupo Socialista con apoyo del PP-A.

La nueva ley consta de 197 artículos agrupados en torno a nueve títulos, así como de cinco disposiciones adicionales, otras tantas transitorias, una disposición derogatoria y siete finales.

Al concluir el debate final, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha tomado la palabra desde la tribuna del Pleno para dedicar palabras de agradecimiento a quienes han participado en la elaboración de esta ley, y para subrayar la "convicción" del Gobierno andaluz acerca de que "la sostenibilidad y el medio ambiente es un compromiso firme con el presente y el futuro de nuestra tierra".

La consejera ha defendido que esta ley nace con la "vocación inequívoca" de "proteger mejor el medio ambiente andaluz, garantizándolo y, al mismo tiempo, con procedimientos mucho más eficaces y ágiles", así como ha reivindicado que uno de sus "grandes logros" es "haber sabido equilibrar protección ambiental y simplificación administrativa".

En esa línea, ha subrayado que la nueva norma "clarifica procedimientos, evita duplicidades, ordena los instrumentos de intervención ambiental sin rebajar para nada la exigencia de estándares de protección", según ha remarcado para destacar a renglón seguido que "se refuerzan los mecanismos de evaluación ambiental estratégica y de proyectos, se precisan los supuestos de aplicación y se fortalecen los sistemas de inspección y de control".

Además, la consejera ha defendido que "la evaluación ambiental se consolida como una herramienta esencial para adoptar decisiones basadas siempre en criterios técnicos", lo que aporta "confianza a la ciudadanía, seguridad jurídica a las empresas y eficiencia a las administraciones públicas", según ha abundado.

Tras sentenciar que "proteger el medio ambiente no es un obstáculo al desarrollo", sino "la condición indispensable para que ese desarrollo sea duradero y responsable", la consejera ha apuntado que esta ley "también debe ser considerada como una nueva oportunidad para compatibilizar la sostenibilidad ambiental y las nuevas oportunidades de desarrollo técnico", y se constituye como "una herramienta al servicio de todos los andaluces" en un contexto en el que se afrontan "desafíos importantes" como el "cambio climático", la "pérdida de biodiversidad" y la "transición hacia modelos productivos más sostenibles".

"Con esta ley, Andalucía se dota de un marco moderno, coherente y garantista para abordar estos retos con planificación, con mucho rigor técnico y con mucha responsabilidad institucional", ha concluido Catalina García.

ESTRATEGIA MARCO DE MEDIO AMBIENTE

Entre las principales novedades de la ley, destaca la creación de la Estrategia Marco de Medio Ambiente, que actuará como "instrumento de planificación estratégica de referencia para Andalucía". También se crea el Consejo Asesor de Medio Ambiente de Andalucía, que sustituirá al actual Consejo Andaluz del Medio Ambiente y que contará con la representación de los agentes sociales y económicos "más relevantes", así como de las entidades locales.

La ley promueve igualmente la coordinación interadministrativa, reforzando la cooperación entre los distintos niveles de gobierno para "evitar retrasos y conflictos competenciales", según valoran desde la Junta.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Asimismo, la norma crea un Registro de Participación Ciudadana en materia ambiental, así como impulsa "convenios, instrumentos voluntarios de mejora ambiental y mecanismos de colaboración público-privada", y con ella se amplían las funciones de las entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental, que podrán realizar "tareas de verificación documental, apoyo en inspecciones y control de subvenciones, siempre bajo supervisión de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente".

Por otro lado, introduce la creación de la Licencia Ambiental, que sustituye a la antigua Calificación Ambiental que otorgan los ayuntamientos. Así, lo que en la anterior regulación se tramitaba como Calificación Ambiental (CA) pasa, en muchos casos, a resolverse mediante Autorización Ambiental Unificada Simplificada (AAUS), lo que implica que la Junta asume la resolución de 49 categorías de actuaciones que antes correspondían a los municipios.

Asimismo, otras 33 categorías se simplifican pasando a ser objeto de Declaración Responsable de los Efectos Ambientales (DR-EA). Además, en los casos en que una declaración responsable afecte a dos municipios, se resolverá como dos declaraciones diferenciadas, "garantizando una correcta gestión en cada término municipal".

SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Desde el Gobierno andaluz valoran igualmente que uno de los avances más destacados de esta nueva ley es la "reducción significativa de los tiempos de tramitación de las autorizaciones e instrumentos de prevención ambiental".

Los nuevos plazos quedan fijados en seis meses para la Autorización Ambiental Integrada y en cinco meses para la Autorización Ambiental Unificada Simplificada; tres meses para Licencia Ambiental; y efectos inmediatos para la Declaración Responsable de los Efectos Ambientales.

Desde la Junta reivindican además que la Legam "refuerza la inspección, vigilancia y control ambiental con un nuevo marco regulador que precisa las competencias, la planificación y el ejercicio de la función inspectora".

Asimismo, el texto actualiza el régimen sancionador, revisando importes, tipificaciones y competencias. Introduce la prestación ambiental sustitutoria, una figura novedosa que permitirá sustituir una sanción económica por actuaciones de restauración, conservación o educación ambiental, reforzando así el sentido reparador y educativo de las sanciones.

Finalmente, también se actualizan las disposiciones relativas a responsabilidad medioambiental, "en coherencia con la legislación básica estatal", y se incorporan nuevas obligaciones y garantías financieras para las actividades potencialmente generadoras de riesgo ambiental.