Aprobada la Ley de Montes de Andalucía con el único apoyo de PP-A

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, este miércoles en el Pleno del Parlamento.
La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, este miércoles en el Pleno del Parlamento. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley de Montes de Andalucía (LEMA) tras recibir los únicos votos favorables del Grupo Parlametario Popular.

La principal novedad de esta ley radica en que "prepara al sector forestal para los retos del siglo XXI, adaptando la normativa autonómica a los cambios sociales, económicos y tecnológicos que se han producido en las tres últimas décadas", según subrayaron desde la Junta cuando el Consejo de Gobierno aprobó esta iniciativa legislativa el pasado mes de noviembre.

Esta nueva Ley de Montes sustituye a la vigente Ley Forestal de Andalucía de 1992, anterior incluso a la estatal de 2003, siguiendo además el mandato del Plan Forestal Andaluz 2030, que en su adecuación más reciente subraya "la urgencia de revisar en profundidad el marco normativo forestal andaluz".

La nueva ley se estructura en siete títulos, con 144 artículos, además de disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales.

Entre las principales novedades del texto se encuentra la "modernización" de la colaboración entre administraciones, de forma que la norma "consolida los convenios de cooperación entre la administración forestal autonómica y las entidades locales, garantizando la autonomía municipal y la corresponsabilidad en la gestión de los montes de titularidad local".

En el ámbito de la participación pública, se crea el Consejo Andaluz de Política Forestal y Biodiversidad, que sustituye al anterior Consejo Andaluz de Biodiversidad. Este nuevo órgano "amplía sus funciones y se adapta a las exigencias actuales de planificación, gestión y conservación, sirviendo como foro de encuentro entre administraciones, sector forestal y sociedad civil".

Por otro lado, con esta ley el ya existente Catálogo de Montes de Andalucía pasa a denominarse Registro de Montes Públicos de Andalucía, un cambio de nombre que, según la Junta, "evita confusiones y establece una distinción clara entre los montes de carácter demanial y los patrimoniales, cada uno con su régimen jurídico propio".

También se unifica el sistema de usos y aprovechamientos, así como las normas de deslinde y recuperación posesoria, y se determina que "todos los montes de titularidad autonómica se incluyan en el registro, reforzando su protección y garantizando su preservación como patrimonio forestal de todos los andaluces".

La LEMA introduce la figura del monte protector para los terrenos privados, "en consonancia con la legislación básica estatal". Este reconocimiento, según defienden desde el Gobierno andaluz, permite "incentivar la conservación de estos espacios mediante ayudas específicas y beneficios para sus titulares, fomentando una gestión más sostenible".

En materia de información forestal, la norma incorpora por primera vez un título completo dedicado a la recopilación de datos, estadística y extensión forestal.

El texto aborda, igualmente, la recuperación del Fondo de Mejoras, una figura "histórica y crucial para la gestión de montes públicos catalogados", y reconoce "el papel fundamental de las ciencias forestales como base del conocimiento y de la gestión sostenible".

Se promueve la investigación, la experimentación y la transferencia tecnológica, incorporando el uso de nuevas técnicas vinculadas a la digitalización y la inteligencia artificial en la conservación y administración de los montes.

En esta línea, se prevé la creación de la Red Muestra, integrada por montes públicos y privados que sirvan de ejemplo de gestión sostenible, y el desarrollo de un Programa de Divulgación Forestal que acerque este conocimiento a la sociedad.

La formación y la educación forestal también adquieren protagonismo, impulsando la red de centros de capacitación y experimentación como espacios para la formación de profesionales del sector y la actualización de conocimientos técnicos. Asimismo, la estrategia territorial se actualiza con una nueva delimitación de las comarcas forestales, lo que permitirá una administración más eficiente y cercana al territorio.

En materia de gestión forestal sostenible, la LEMA "abre la puerta a nuevos modelos tipo de planificación y fomenta la certificación forestal, e incorpora un mecanismo innovador para que los productos forestales con valor de mercado generados en actuaciones de mejora computen en el presupuesto de la intervención, reduciendo el gasto público y poniendo en valor los recursos del monte como motor de bioeconomía rural".

La simplificación administrativa es otro de los pilares del texto. Muchos procedimientos de autorización se sustituyen por declaraciones responsables, lo que, según la Junta, "agiliza las operaciones forestales y facilita la gestión de los propietarios".

El texto "refuerza además el apoyo a la ganadería extensiva, reconociendo su importancia en la conservación de los ecosistemas forestales y en la prevención de incendios".

Por otro lado, la ley considera las actuaciones de repoblación, restauración y selvicultura activa como "proyectos de absorción de emisiones, en línea con la normativa climática andaluza y estatal". Junto a ello, se regula por primera vez el concepto de servicios ambientales, estableciendo "las bases para un sistema justo de compensación a los titulares de terrenos forestales por los beneficios que sus montes aportan a la sociedad, como la captura de carbono, la protección del suelo o la regulación hídrica".

FOMENTO, INNOVACIÓN Y COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

El texto dedica además especial atención a la prevención y restauración frente a los incendios forestales, "reforzando el marco normativo que ya establece la Ley de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales de 1999".

En el ámbito del fomento forestal, se incentiva la actividad de empresas, industrias y cooperativas que cuenten con personal cualificado y se crea el Registro Andaluz de Empresas, Industrias y Cooperativas Forestales.

El apoyo a la modernización del sector es otra de las "líneas estratégicas" del texto. La ley promueve ayudas específicas para la renovación del parque de maquinaria forestal, el desarrollo de la innovación y la digitalización, y la mejora de la competitividad de las industrias andaluzas vinculadas a la madera, el corcho y otros productos forestales.

La LEMA también impulsa la colaboración público-privada mediante la creación de entidades selvícolas de colaboración. Estas entidades facilitarán la ejecución de actuaciones de gestión forestal sostenible por cuenta de la administración o de los titulares de los montes, mejorando los plazos de resolución y optimizando resultados.

Finalmente, el texto establece un régimen de responsabilidades "proporcionado y equilibrado, orientado a prevenir, minimizar o restaurar los daños que puedan producirse, reforzando la defensa de la integridad de los montes andaluces".

AFRONTAR "LOS RETOS DEL SIGLO XXI" CUANDO SE DEROGA UNA NORMA DE 1992

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha asegurado en el cierre del debate que se trata de una norma que "afecta a más de la mitad del territorio andaluz", así como su condición de "ley muy técnica", y cuya "doble ambición" es "proteger mejor nuestros montes y gestionarlos de forma más eficaz, sostenible".

Tras agradecer el trabajo de su antecesor, el también consejero Ramón Fernández-Pacheco, ha subrayado la contribución de una norma para afrontar "los retos del siglo XXI" al poner de manifiesto que la norma precedente era de 1992, mientras ha subrayado que "se simplifican procedimientos administrativos" junto con "seguridad jurídica".

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