SEVILLA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía ha hecho público en su página web el modelo normalizado electrónico mediante el cual las entidades locales andaluzas pueden solicitar la evaluación de sus proyectos normativos en cuanto a su incidencia en la competencia efectiva, la unidad de mercado y las actividades económicas.
En 2014 fueron atribuidas a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía nuevas facultades de asesoramiento y orientación a las entidades locales, para evitar la imposición de barreras, trabas y cargas a los operadores económicos, a través de sus normas y actuaciones administrativas.
En este sentido, la Ley 3/2014, de 1 de octubre de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, entre otras cuestiones, modificó el tenor del artículo 3.i) de la Ley 6/2007 de 26 de junio de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía concediendo a los ayuntamientos andaluces la posibilidad de solicitar a la agencia un informe cuando sus normas se hallen en fase de borrador. En todo caso, los informes que soliciten son facultativos y no vinculantes.
Precisamente, el 29 de septiembre de 2016 la directora-gerente de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, María Victoria Román, ha remitido una nota a todos los ayuntamientos andaluces informando sobre esta nueva posibilidad de solicitar por vía telemática el mencionado informe de análisis de impacto normativo.
Este modelo se publica en concordancia con lo recogido en la resolución de 19 de abril de 2016 de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se aprueban los criterios para determinar la incidencia de un proyecto normativo en la competencia efectiva, unidad de mercado y actividades económicas.
El mecanismo de evaluación normativa constituye un elemento esencial de la política de promoción de la competencia y un importante instrumento al servicio de la política de mejora regulatoria, ya que se orienta a la detección de las eventuales distorsiones que alteran el funcionamiento competitivo en los mercados y de las restricciones injustificadas o desproporcionadas que impongan a los operadores económicos.
Para poder evaluar de forma adecuada el verdadero alcance de la norma proyectada y, en particular, su impacto sobre las actividades económicas, principalmente cuando afectan de forma relevante a los operadores económicos o al empleo, resulta necesario delimitar los efectos del proyecto normativo en determinadas cuestiones que se concretan en el modelo normalizado que ahora se publica, para que sea cumplimentado por el órgano encargado de la elaboración del proyecto normativo de que se trate.
El referido modelo puede descargarse en la página web de la Agencia, donde hay un área dedicada a las entidades locales andaluzas y otro al mecanismo de evaluación normativa.
