Alcanzan también un acuerdo para regular el teletrabajo en la administración de justicia
MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias transferidas en la materia han llegado a dos acuerdos en la conferencia sectorial celebrada este jueves, uno para destinar los fondos europeos de este año a implementar "infraestructuras digitales básicas" en la administración de justicia y otro para regular el teletrabajo en la misma.
Según ha informado el departamento de Juan Carlos Campo en un comunicado, Ministerio y CCAA han pactado un programa conjunto de reformas estructurales del servicio público de justicia, a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea (Next Generation EU) para desarrollar a lo largo de 2021.
El dinero presupuestado para este ejercicio, unos 27 millones de euros, se destinará a implementar las "infraestructuras digitales básicas" y, en concreto, el llamado Proyecto 0, sobre la puesta en marcha de la inmediación digital, el puesto de trabajo deslocalizado, la cita previa para la atención ciudadana y la ciberseguridad.
Justicia ha indicado que el programa completo permitirá a las administraciones ejecutar "de forma rigurosa y precisa" los 410 millones de euros asignados para los próximos tres años. Campo y su equipo han explicado en los últimos meses que 2021 sería un año para sentar las bases, normativas y tecnológicas, para que los cambios se puedan materializar entre 2022 y 2023.
El segundo acuerdo alcanzado en la conferencia sectorial es una resolución por la que se regula la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo en la administración de justicia.
Esta resolución, ha indicado el Ministerio, persigue "la creación de un marco de seguridad jurídica para promover la eficiencia operativa del servicio público de lusticia, la transformación digital y el incremento de la sostenibilidad, así como favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de los funcionarios".
También han abordado los planes de choque frente a la pandemia de coronavirus. El Ministerio ha considerado positivos los resultados de la segunda fase, que se está llevando a cabo en estos momentos y que amplía las medidas a la segunda instancia y la jurisdicción contencioso-administrativa, estando previsto que puedan extenderse a la Audiencia Nacional y al gabinete técnico del Tribunal Supremo, con especial impacto en la jurisdicción social.
JUSTICIA, "TERRITORIO DE CONSENSO"
Campo ha valorado el modelo de cogobernanza entre el Ministerio y las CCAA con competencias transferidas para llegar a acuerdos de este calado. "Justicia sigue siendo un territorio de consenso", ha dicho durante la reunión, que se ha celebrado por videoconferencia.
El ministro ha incidido además en que "la cogobernanza, junto a la dotación de los fondos europeos, ofrecen una oportunidad única para lograr la transformación de la administración de justicia y que sea un proyecto tractor en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia".
Campo ha destacado como ejemplo de esta cogobernanza el plan Justicia 2030, "un proyecto global y de todos" para modernizar el servicio público de justicia, del que se ha hecho balance en esta conferencia sectorial, tanto del camino ya recorrido como de los proyectos previstos para los próximos cinco años.
EFICIENCIA ORGANIZATIVA
Así, han centrado su atención en el desarrollo de la ley de eficiencia organizativa, con tres piezas clave: la agrupación de los actuales 3.718 juzgados españoles en 431 tribunales de instancia; la creación de las oficinas de justicia en los municipios para que los vecinos puedan hacer trámites sin desplazarse a las sedes judiciales; y la Oficina Judicial Digital.
Justicia ha mencionado como otra pieza clave del plan de eficiencia organizativa la reforma del Registro Civil, aprobada esta misma semana en el Congreso de los Diputados, que --ha resaltado-- permitirá contar con un Registro Civil informatizado y gestionado por empleados públicos.
Ministerio y comunidades autónomas también han tratado la puesta en marcha de sedes sostenibles, dado que los fondos europeos son una oportunidad para introducir la transición ecológica en la justicia. En este sentido, el departamento de Campo ha recordado su apuesta por una justicia que pase del papel al dato.
La conferencia sectorial ha finalizado emplazando a la próxima reunión, donde, tras la procesal y organizativa, la eficiencia digital centrará la atención, según ha avanzado Justicia.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Por su parte, el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, presidió el miércoles la XII reunión del Pleno del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), donde se impulsaron los proyectos de transformación digital del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Se aprobó el programa de trabajo para los próximos años dividido en dos grandes bloques de proyectos a ejecutar: el primero en 2021 y el segundo entre 2022 y 2023, y que girarán en torno a la interoperabilidad, la seguridad judicial electrónica, la inmediación digital y el trabajo deslocalizado.
En particular, se analizó la construcción de la Plataforma Común de Interoperabilidad, con el objetivo de intercambiar documentos y expedientes judiciales electrónicos en el territorio nacional y se expuso la posibilidad de extender el uso de dicha plataforma al ámbito de la cooperación jurídica internacional.
Además, se acordó la construcción de un portal de justicia de datos orientado a ayudar a los ciudadanos, que incluye entre sus proyectos la notificación proactiva de desahucios, cuyo fin es evitar un posible desahucio mediante la comunicación inmediata a los servicios sociales.
Asimismo, se habló de la necesidad de priorizar la textualización de las actuaciones procesales recogidas en soporte audiovisual, con el objetivo de mejorar el trabajo de los profesionales de la administración de justicia.
El CTEAJE es el cauce institucional para la cooperación, en materia de nuevas tecnologías en el ámbito de la justicia, entre el Ministerio, las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado.
