Publicado 28/02/2026 09:35

Verdemar asegura que el acuerdo sobre Gibraltar "fulmina" 25.000 hectáreas de la Red Natura 2000

Archivo - Gibraltar asiste a un buque granelero tras colisionar con otro barco en una maniobra en la Playa de levante de la Línea de la Concepción, a 30 de agosto de 2022 en Cádiz (Andalucía, España)
Archivo - Gibraltar asiste a un buque granelero tras colisionar con otro barco en una maniobra en la Playa de levante de la Línea de la Concepción, a 30 de agosto de 2022 en Cádiz (Andalucía, España) - Nono Rico / Europa Press - Archivo

CÁDIZ 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La organización ecologista Verdemar Ecologistas en Acción ha denunciado este sábado que el Tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido respecto a Gibraltar, publicado el 26 de febrero de 2026, supone "la desprotección efectiva" de unas 25.000 hectáreas integradas en la Red Natura 2000, especialmente en la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental.

Según ha indicado la entidad en una nota, "aunque el texto del tratado no contiene un capítulo específico sobre fondeaderos, rellenos o bunkering" como regulación ambiental directa, "sí incorpora disposiciones aduaneras que consolidan y facilitan actividades marítimas de alto impacto en un espacio protegido europeo, sin introducir salvaguardas ambientales adicionales".

Por ello, Verdemar asegura que el texto "contempla expresamente" el suministro de combustible a buques ('bunkering') dentro de los procedimientos aduaneros especiales entre Gibraltar y la Unión Europea.

En esta línea, señala que el tratado permite: importar combustible por vía marítima tras completar formalidades aduaneras en un puesto designado de la UE (por ejemplo, Algeciras), "sin necesidad de presentación física del combustible en dicho punto", exportar suministros y combustible a buques con destino a terceros países "tras completar los trámites aduaneros sin presentación física" y acoger mercancías "bajo regímenes especiales como admisión temporal o perfeccionamiento interior en Gibraltar".

La entidad indica que estas disposiciones "consolidan y agilizan" el bunkering en aguas del Estrecho, "una actividad que históricamente ha generado denuncias por riesgo de vertidos, contaminación marina y afección a hábitats protegidos".

Asimismo, Verdemar advierte que el tratado "prioriza la fluidez comercial frente a la protección ambiental, al no incorporar mecanismos de control ecológico reforzado en zonas sensibles".

"UNA OMISIÓN GRAVE"

Por otro lado, la entidad señala que el acuerdo "no establece nuevas zonas de fondeo ni regula de forma expresa su ubicación". Sin embargo, "tampoco introduce límites o condicionantes ambientales específicos sobre los fondeaderos existentes frente a Gibraltar".

Por ello, Verdemar advierte que "se mantiene la presencia de grandes buques fondeados en las inmediaciones de la ZEC", se incrementa el riesgo de "vertidos accidentales" y se produce una "presión acumulativa sobre hábitats marinos protegidos".

La organización considera que la "ausencia de regulación específica en el tratado supone una omisión grave en un enclave estratégico y ambientalmente frágil".

En paralelo, la entidad señala que el acuerdo "tampoco aborda ni regula expresamente los rellenos asociados al proyecto urbanístico conocido como Eastside o Marina Este". Estas obras de ganancia de terreno al mar han sido objeto de denuncias reiteradas por parte de organizaciones ecologistas y autoridades españolas.

Según denuncia Verdemar parte de los rellenos "afectan a la ZEC del Estrecho Oriental", con ello "se estaría ocupando un porcentaje significativo del espacio protegido". Asimismo, los trabajos alteran fondos marinos, corrientes y procesos de sedimentación y adivierten de que existen "riesgos asociados al uso de materiales de relleno y posibles afecciones a la calidad del agua".

DILIGENCIAS EN LA AUDIENCIA DE CÁDIZ Y EUROPA Ante esta situación, según Verdemar estas actuaciones "podrían vulnerar" la Directiva Hábitats 92/43/CEE, que "prohíbe el deterioro de hábitats protegidos en ZEC", la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina 2008/56/CE, la Ley de Costas (Ley 22/1988) y la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

En esta línea, la entidad ha indicado que la Audiencia de Cádiz "mantiene abiertas diligencias por posibles delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente relacionados con los rellenos y ocupación de aguas consideradas españolas".

Asimismo, la organización ha trasladado sus denuncias a instancias europeas, "solicitando que se incorporen cláusulas ambientales explícitas en los acuerdos post-Brexit que afecten a Gibraltar y al entorno del Estrecho".

Por todo ello, Verdemar asegura que el tratado "consolida el régimen aduanero que facilita el bunkering, no introduce límites ambientales específicos a fondeos, no regula ni condiciona los rellenos en la zona Este y no incorpora mecanismos reforzados de protección de la Red Natura 2000".

En esta línea, el acuerdo "ignora el principio de precaución y deja sin respuesta un conflicto ambiental, territorial y jurídico que afecta a uno de los espacios marinos más valiosos del Mediterráneo occidental".

"Este tratado consolida actividades altamente impactantes en un espacio protegido europeo. Se admiten vertidos, se consolidan rellenos, se facilita el bunkering y se mantienen fondeaderos sin control ambiental reforzado. Es, en la práctica, la desprotección de 25.000 hectáreas de la Red Natura 2000", señala Verdemar Ecologistas en Acción.

En este sentido, la entidad entiende que el tratado "no regula expresamente rellenos ni fondeaderos, pero sí establece un marco aduanero que facilita el suministro de combustible y las operaciones marítimas en el entorno del Estrecho".

Para Verdemar, esta "ausencia" de salvaguardas ambientales específicas "supone una grave amenaza para la ZEC del Estrecho Oriental y para la integridad de la Red Natura 2000".

Ante esto, la organización anuncia que "continuará impulsando acciones legales, institucionales y europeas para exigir la protección efectiva del Estrecho y el cumplimiento estricto de la normativa ambiental vigente".

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