Efectos del incendio forestal de la sierra oeste de Madrid, en la finca La Granjilla, a 26 de julio de 2026, en Cadalso de los Vidrios, Madrid (España). El incendio obligó a desalojar el sábado 25 de julio Cadalso de los Vidrios y Rozas de Puerto Real. - A. Pérez Meca - Europa Press
MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha solicitado este domingo al Gobierno central, al Consejo de Ministros, a la Comunidad de Madrid, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la adopción urgente de medidas extraordinarias para suspender de forma inmediata los plazos procesales y administrativos con el fin de evitar que las personas y profesionales afectados por los incendios activos en la sierra oeste madrileña pierdan sus derechos de defensa.
Según ha informado el Colegio en un comunicado tras celebrar una Junta de Gobierno extraordinaria, esta petición busca "impedir que ciudadanos evacuados o desplazados, así como letrados sin acceso a sus despachos, equipos o documentación, sufran indefensión ante la imposibilidad material de cumplir las obligaciones dentro de los tiempos vigentes".
En concreto, el ICAM ha reclamado al Ejecutivo central que declare urgentemente como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil a los municipios golpeados por el fuego y apruebe un real decreto-ley para suspender los términos procesales en los partidos judiciales de Navalcarnero y San Lorenzo de El Escorial.
Asimismo, ha propuesto aplicar una regla de fuerza mayor en cualquier procedimiento donde alguna de las partes o profesionales esté afectada, solicitando además restituir mediante un trámite sencillo los plazos procesales y administrativos que hayan vencido desde el pasado 24 de julio por causa directa del fuego.
Además, al CGPJ y al TSJM les ha instado a activar los mecanismos de coordinación para suspender los señalamientos no urgentes, garantizando que se mantendrán y reforzarán los servicios de guardia e intervenciones inaplazables como detenciones, violencia sobre la mujer, protección de menores o medidas cautelares.
Por otra parte, el Colegio ha advertido de que las vías telemáticas no pueden "presumirse disponibles" ni "imponerse" si se carece de conectividad o acceso a expedientes, al tiempo que ha coordinado con el Gobierno regional el despliegue de doce letrados del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) en una unidad móvil y en juzgados de la zona afectada.
Finalmente, la abogacía madrileña ha recordado a los profesionales que "ninguna actuación justifica desatender las órdenes de evacuación o confinamiento dictadas por los servicios de emergencia", subrayando que la "prioridad absoluta" debe ser siempre la seguridad de las personas.