Se han seleccionado 20 municipios o comarcas vascas con una alta incidencia de este desempleo y perceptores de ambas prestaciones
BILBAO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
Trescientos desempleados vascos de larga duración y que perciben el Ingreso Mínimo Vital o la Renta de Garantía de Ingresos van a participar en proyectos piloto de acompañamiento integral para su inclusión sociolaboral. A través de un convenio suscrito entre el Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se van a destinar para este fin hasta 6,5 millones de euros procedentes de fondos europeos.
Según ha informado la Consejería vasca, a través del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide se van a alcanzar convenios de colaboración con entidades locales de 20 municipios o comarcas en las que se ha detectado un alto índice de paro de larga duración y un grupo de población relevante de personas perceptoras de IMV o RGI. En la elección se han tenido en cuenta, además, criterios de proporcionalidad territorial y la existencia de mesas de inclusión.
La mitad se sitúan en Bizkaia y son Portugalete, Durango, dos zonas de Bilbao, Barakaldo, Sestao, Leioa-Erandio y las comarcas de Busturialdea, Encartaciones y Zona Minera. Otras siete están en Gipuzkoa, las de Lasarte, Eibar, Zumarraga, dos zonas de San Sebastián, Irún y la comarca de Tolosalde. Las tres restantes están Álava: Amurrio-Llodio y dos zonas de Vitoria-Gasteiz.
En función de la propuesta realizada por el Departamento de Trabajo y Empleo y acordada con los ayuntamientos, se van a poner en marcha 20 proyectos mixtos de empleo-formación, acompañados de itinerarios personalizados de orientación profesional.
Estos proyectos mixtos serán promovidos o liderados por entidades locales y desarrollarán acciones de acompañamiento integral para conseguir o mejorar la inclusión social y laboral de las personas participantes que se encuentran en situación o en riesgo de exclusión social y que, como consecuencia del impacto económico provocado por la pandemia, han visto agravada su situación.
Los ámbitos de actuación en los que deberán circunscribirse son la mejora y rehabilitación de las viviendas y del entorno rural en los municipios o barrios más desfavorecidos o infradesarrollados, el acompañamiento y atención a la tercera y cuarta edad, o el cuidado y ayuda a grupos desfavorecidos, personas dependientes por discapacidad física o psíquica o en situación de enfermedad crónica.
A estos ámbitos se suman la promoción de la cultura, la educación y la salud; la promoción y recuperación del patrimonio artístico e histórico; el reciclaje y la reutilización de recursos; la eficiencia energética y las energías renovables; el mantenimiento de espacios públicos; las actividades relacionadas con el turismo, el tiempo libre y el deporte; o la conservación de la naturaleza con masas arbóreas, especies animales, limpieza de ríos y costas.
También se incluyen la eliminación de la brecha digital en todo lo relacionado con el acompañamiento en la realización de tareas por vía electrónica con las administraciones públicas, compras electrónicas y operaciones bancarias a personas con pocas competencias digitales; la recuperación de canteras en las que la empresa concesionaria haya finalizado los trabajos; y la instalación y mantenimiento de redes de recarga de vehículos eléctricos.
La rehabilitación y adaptación a la nueva normativa energética de edificios, la movilidad sostenible, las actividades socioculturales y de desarrollo comunitario primando aquellas donde puedan establecerse canales de comunicación intergeneracional y cualquier otra actividad de utilidad pública o de interés general y social que permita compatibilizar el aprendizaje formal y la práctica profesional en el puesto de trabajo están comprendidas igualmente.
DOCE MESES
Los proyectos, en cada uno de los cuales tomarán parte quince personas, tendrán una duración de 12 meses y deberán iniciarse antes del próximo 1 de junio. Estarán divididos en dos fases, una primera de al menos dos meses exclusivamente formativa, y una segunda de contratación en la modalidad de contrato para la formación y el aprendizaje que podrá comenzar una vez realizado al menos el 75% del programa formativo, siempre que se puedan compatibilizar ambas actividades.
A su finalización el programa será evaluado para comprobar su eficacia en los objetivos pretendidos y se hará lo propio tres y seis meses después de su conclusión, ha explicado el Ejecutivo vasco.
Las actuaciones que se van realizar se sitúan entre los proyectos del Instrumento Europeo de Recuperación Next Generation EU y su aplicación en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en su Componente 23 de 'Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo', que comprende la inversión 'Fomento del crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión sociolaboral al Ingreso Mínimo Vital'.
