BILBAO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente del grupo Afer, Jabyer Fernández, anunció hoy que se ha recurrido la decisión de denegar el aplazamiento solicitado por la sociedad Iurbenor a la Diputación Bizkaia relativo al pago del IVA de la operación Puerta Bilbao. Además, advirtió de que la denegación de ese aplazamiento provocará "irremisiblemente" la entrada en concurso de sus sociedades.
En un comunicado, Fernández indicó que esta denegación "no ha sido motivada" por parte de la institución foral, lo que ha motivado el citado recurso.
Fernández indicó que su intención no es "eludir" el pago de la cantidad que se adeuda en concepto de IVA, pero añadió que es su obligación velar por "la supervivencia" del grupo y de las familias que de él dependen.
"Si algo me quita el sueño es la responsabilidad de no fallar a mi gente y, en ese sentido, haré todo cuanto entienda que es necesario para dar continuidad a nuestro proyecto empresarial. Esa es mi única guerra y no contemplo la posibilidad de malgastar energías sumergiéndome en atascaderos políticos", agregó.
Fernández indicó que, en los últimos tres ejercicios, las cantidades aportadas por las empresas que componen e grupo al erario público asciende a un total de 78,8 millones.
Además, apuntó que el volumen de riqueza creado en los últimos 20 años ha repercutido de forma "muy favorable" en la sociedad vizcaína y ha contado con una capacidad de generación de empleo, que alcanzó picos de cerca de 3.500 trabajadores en 2007, y, en ningún caso, "se han mantenido por debajo de los 1800 trabajadores"
Fernández denunció que, "tal vez por desconocimiento o tal vez por mala intención", se les ha estado tratando de identificar "deliberadamente" como "un grupo promotor, especulador e incluso fuertemente entrelazado con la administración".
Fernández manifestó que no es fácil "crear y poner en marcha una grupo de la magnitud" de Afer e indicó que, ante situaciones complejas de mercado como la actual, las administraciones tienen el deber de "hacer efectivo su apoyo y su compromiso de apuntalar el tejido industrial y mantener el empleo". "Ahí es donde demuestran inteligencia, visión de futuro y vocación social", agregó.
ACTUACIONES "DECIDIDAS"
A su juicio, las situaciones complejas exigen actuaciones "decididas" de los representantes políticos, cuyo fin último no debe ser "la redistribución interesada, tutelada o partisana de los fondos públicos, sino que deben dar apoyo a quienes están en situación de generar importantes volúmenes de negocio".
El presidente del grupo Afer manifestó que, a partir de ahora surgen dos posibles escenarios", uno "beneficioso para todos" y otro en el que "nadie sale ganando".
Jabyer Fernández aseguró que la concesión del aplazamiento es la opción "válida y realista" para que la Hacienda foral ingrese la cantidad adeudada más los intereses normales de demora, en un pago único, dentro de tres años.
"La no concesión de dicho aplazamiento no tiene ni una sola ventaja. Es un camino estéril. Sólo implica la entrada en procedimientos concursales de empresas, el colapso de una importante capacidad generadora de negocio y la destrucción de centenares de puestos de trabajo. No hay una tercera vía, no hay un plan 'C', aseguró.
Fernández indicó que el dinero en su día percibido por la venta de los terrenos de Puerta Bilbao se ha utilizado para mantener en marcha su grupo empresarial, y precisó que "no hay un solo euro cuya utilización no esté justificada".
El presidente del grupo Afer afirmó que, desde que surgió la polémica, no han sido tratados "de manera justa, imparcial y aséptica". En este sentido, apuntó que se les han rescindido cuatro contratos de obra, se ha "manipulado fraudulentamente" la información aparecida en un documento público para "inculparnos", se han dado pasos para "forzar" a sus socios a realizar una denuncia conjunta.
Asimismo, manifestó que han puesto en marcha una batería de 11 inspecciones fiscales a empresas del grupo, que han sorprendido, "por su desmesura y origen, a los propios funcionarios de la administración tributaria". Además, se procedio al embargo de las cuentas bancarias de la sociedad Iurbenor de manera previa a que finalizara el plazo legal para la presentación de la propia declaración.
Fernández afirmó que se han embargado cuentas bancarias a empresas que se encuentran "totalmente al día de sus obligaciones fiscales", mostrando un "exceso de celo" por parte del jefe del servicio de recaudación de la Hacienda foral de Bizkaia, que, a su vez, ha sido quien se ha encargado de denegar el aplazamiento, cuya intención estaba "clara de antemano".
El presidente de Afer agregó que también se ha puesto la "maquinaria en marcha" para evitar su comparecencia ante las Juntas Generales de Bizkaia.
Asimismo, manifestó que su voluntad es "pasar página" y alejarse de este "variopinto surtido de despropósitos, camorra y descrédito en el que está sumergiendo alguna de las instituciones más representativas de este país". Añadio que su objetivo es buscar "soluciones y respuestas" para sus trabajadores.
"Repito una vez más: sólo voy a calzarme la armadura para defender la continuidad de nuestro proyecto empresarial. La generación de negocio y empleo es el único campo de batalla en el que nos desenvolvemos con naturalidad y en donde hemos alcanzado la excelencia", indicó.
Fernández manifesto que la viabilidad de su proyecto empresarial pasa, indefectiblemente, por tres supuestos como son la aceptación del aplazamiento de la deuda del IVA, la rescisión pactada de las obras que en la actualidad ejecutan en solitario para la Diputación y la apertura del "cerco concursal al que se nos tiene sometidos como grupo empresarial".
Respecto al segundo punto, calificó de "sorprendente" que, de 25 obras que tiene en marcha, los problemas "irresolubles" aparezcan precisamente con todas las que tienen adjudicadas, en exclusividad, por la Diputación Foral de Bizkaia o por empresas y organismos dependientes de ella.
"Es necesaria la resolución pactada de dichas adjudicaciones para evitar eternos procesos judiciales que acaban perjudicando sólo a nuestra comunidad, que es quien las soporta financieramente y no sus representantes, que disparan con 'pólvora del rey'. El tiempo se encargará de demostrar que ninguna de estas obras, una vez sacadas nuevamente a concurso, se resolverán de acuerdo a los supuestos pretendidos por la Diputación, dando como resultado proyectos mucho más caros y lentos que si se hubieran abordado los problemas y diferencias, que siempre surgen en cualquier obra, a través de los cauces habituales", añadió.
Fernández manifestó que los que conocen las obras de primera mano, saben que los problemas "van a seguir siendo los mismos con nosotros o sin nosotros dentro". A su juicio, obedecen a una planificación "mediocre, preelectoral, parcial y acelerada y sólo se resuelven adecuando los proyectos a la realidad".
Por otra parte, respecto al tercer punto, indicó que no pretenden vivir de la obra pública, pero tampoco ser "excluidos" en los casos en los que su oferta "pudiera ser la más adecuada".
También indicó que, en relación al proyecto Habidite, que no renuncian al mismo y señaló que el apoyo financiero será "un proceso natural en cuanto las instituciones hagan frente a los compromisos adquiridos con valentía y sin ambages".
Por último, afirmó que están dispuestos a hablar y negociar para adaptar los convenios a la situación actual, incluso a buscar posibles alternativas para el emplazamiento de la fábrica prevista inicialmente para Alonsotegi. "Nunca abandonaremos lo que ya, desde hace años, se ha convertido en un compromiso personal", señaló.