Cerca de 4.000 afectados reivindican "una solución final a más de 15 años de injusticia"
BILBAO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a cerca de 4.000 personas afectadas por las sentencias de derribo en varias urbanizaciones de Cantabria, iniciará mañana la V Marcha a Santander. El recorrido pretende reivindicar "una solución final a más de quince años de injusticia", según indicó AMA.
Bajo el lema "Camina con nosotros, por una solución justa", la agrupación iniciará mañana, viernes 31 de julio, un recorrido de 40 kilómetros desde el municipio cántabro de Argoños que concluirá en Santander el sábado, 1 de agosto.
Cerca de 200 familias tienen en la actualidad un auto inminente de derribo, mientras que otras 1.165 están en peligro de correr la misma suerte. En ese sentido, AMA lamenta que se condene a las administraciones pero que "únicamente paguen familias totalmente inocentes", a pesar de que la asociación cuenta con el respaldo de cuatro sentencias por daños morales, un informe del defensor del Pueblo, así como las resoluciones favorables de los parlamentos de Cantabria y de la Unión Europea.
Por otro lado, las personas agrupadas en AMA señalan estar "esperanzadas" respecto al Plan de Actuación del Gobierno de Cantabria aprobado recientemente, que prevé la regularización del 80 por ciento de las viviendas afectadas, mientras que el resto -urbanizaciones situadas en Arnuero, Piélagos y Argoños- recibirán permutas.
Las propuestas de AMA han sido admitidas a trámite por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. El presidente de la Comisión, Marcin Libicki, remitió una carta a la asociación el pasado 8 de junio en la que garantiza el derecho a la propiedad adquirida legalmente, protegido por el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y asegura además que "toda pérdida debe ser compensada adecuadamente".
INVESTIGACIÓN
Otra de las propuestas admitidas a trámite solicita la apertura de una investigación, con el fin de que "ningún ciudadano europeo sufra el miedo y la angustia ante el derribo inminente e injusto de sus viviendas", indicó el presidente de AMA. Para ello, la AMA propone un registro de demandas público, así como la obligación tanto de notarios como de administraciones de "comunicar a terceros de buena fe la situación jurídica de su propiedad", según recoge la propuesta de AMA.
La asociación también ha solicitado que los ciudadanos no tengan que soportar "la condena que corresponde a las Administraciones Públicas", instando a la regularización de su situación, la permuta de viviendas "presuntamente ilegales" o, en todo caso, "un acuerdo con las víctimas antes de cualquier actuación que minusvalore el patrimonio de las mismas".
Se han derribado 42 viviendas en la urbanización El Encinar de Arnuero, además del 'chiringuito' de Mingo situado en Ajo, desde que comenzaron -"hace más de 15 años"- los litigios entre vecinos, administraciones y la parte demandante, la asociación ecologista ARCA. Por último, Vilela pidió a ARCA, "que no produzca más daños a las familias y que muestre un mínimo de sensibilidad hacia ellas".
