Dice que las administraciones no tienen derechos lingüísticos, sino "la obligación legal de respetar los derechos lingüísticos del ciudadano"
BILBAO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
El viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno vasco, Patxi Baztarrika, ha lamentado este viernes que la Delegación del Gobierno en el País Vasco no esté preparada, "tras 36 años de oficialidad", a responder a documentos o actas que reciba y estén redactados en euskera.
Baztarrika se ha referido así, en una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, a la polémica surgida tras presentar el delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, recursos contencioso-administrativos contra 22 ayuntamientos vascos porque sus actas estaban escritas en euskera.
Así, el viceconsejero ha señalado que, el hecho de que la Delegación del Gobierno no esté capacitada para responder a documentos que le lleguen en euskera, se deba a que "quizás entre los numerosos trabajadores que realizan el seguimiento de las actas no haya ninguno que sepa euskera, y, por lo tanto, ha convertido en obligación legal una carencia propia, dejándolo en manos de terceros".
"Seguramente, aunque parezca mentira y, desgraciadamente, la Delegación del Gobierno, tras 36 años de oficialidad, aún no está preparada, como administración, para responder como es debido a documentos que le lleguen en euskera. Prefiero pensar que es así, aunque es duro que tras 36 años no esté preparada en ninguna medida, porque, de lo contrario, lo que tendríamos que pensar es que, lo que está haciendo es poner en duda uno de los principios de aquel amplio consenso que hubo en torno a la Ley del Euskera en 1982, como es la plena oficialidad del euskera", ha afirmado.
En este sentido, Baztarrika ha explicado que la cooficialidad lingüística en Euskadi es algo "muy simple" que tiene "dos principios generales". Por un lado, según ha dicho, en las relaciones entre las administraciones públicas y el ciudadano, las administraciones están "completamente obligadas a respetar" la opción lingüística del ciudadano, sea euskera o castellano, porque "el ciudadano es el único sujeto de los derechos lingüísticos".
"Las administraciones públicas no tienen ningún derecho lingüístico, lo que tienen las administraciones públicas en este ámbito es una obligación legal de respetar los derechos lingüísticos del ciudadano", ha asegurado.
"VALOR OFICIAL Y LEGAL ABSOLUTO"
Por otro lado, según Baztarrika, el otro principio general de la cooficialidad lingüística en Euskadi es que el euskera y el castellano tienen "un valor oficial y legal absoluto, porque ambas son lenguas oficiales y, por lo tanto, en las relaciones entre administraciones, la que se haga en cualquiera de las dos lenguas oficiales, tiene un valor legal total y así hay que aceptarlo".
"Lo único que puede condicionar eso es la relación hacia el ciudadano, y, por lo tanto, si un ayuntamiento realiza sus actas en euskera y se las envía, no a un ciudadano, sino a otra administración pública, esa administración está obligada a darlo por bueno legalmente y admitirlo", ha explicado.
En este sentido, ha afirmado que sería "absurdo" que, para que los documentos de las administraciones públicas tengan pleno valor legal, haya que redactarlos necesariamente "en euskera y castellano", porque eso significaría, en su opinión, que, "por ejemplo, las sentencias que salen de los tribunales hoy en día, no serían legales, porque sólo están redactadas en castellano".
"Querría decir que los documentos redactados sólo en castellano por ayuntamientos o por otro tipo de administraciones o por la Delegación del Gobierno, no tendrían un valor legal pleno, y eso de por sí es algo absurdo.
Así, el viceconsejero de Política Lingüística ha destacado que, en las relaciones entre las administraciones y el ciudadano, "respetar la elección lingüística del ciudadano es sagrado", y si, por ejemplo, "si un ciudadano elige el castellano, sea cual sea la administración, está obligada a utilizar esa lengua en la relación hacia ese ciudadano, y si la elección es el euskera, otro tanto".
"No puede haber una administración que diga 'no, yo no estoy preparado para responder en euskera', y, si fuera así, esa administración debería tomar las medidas pertinentes", ha asegurado.
