Biurrun prevé "una avalancha de recursos" tras la sentencia del TS sobre temporales, que se sumarán a los 180 pendientes

BILBAO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Garbiñe Biurrun, prevé que, tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre trabajadores públicos temporales, se produzca "una verdadera avalancha de recursos" principalmente relacionados con indemnizaciones, que se sumarán a los cerca de 180 recursos pendientes que fueron suspendidos a la espera de la resolución. Según ha anunciado, su Sala comenzará este martes a "fijar algunos criterios" para resolver sobre esta materia en la que "no todo está aclarado".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Biurrun ha reconocido que hay "muchas dudas" entre los propios tribunales que ahora deberán ir resolviendo asuntos en esta materia y, de hecho, la Sala de lo Social del TSJPV va a empezar esta misma mañana "a fijar ya algunos criterios derivados de esa sentencia del Tribunal Supremo, que a su vez deriva de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

Según ha explicado, el Supremo ha determinado que "pueden acceder a ser fijas aquellas personas trabajadoras que han estado en situación de abuso de temporalidad en una administración pública, pero que hubieran ya superado un proceso selectivo que hubiese sido en su día convocado para empleo fijo, no para empleo temporal", un criterio que ya se había venido aplicando al existir "un precedente, quizá no tan abierto", sobre un caso en Aena.

Además, ha precisado que el Tribunal Supremo ha establecido que los afectados van a tener que recibir una indemnización "reparadora del daño causado" para estas personas y, a su vez, "disuasoria para la Administración" para que "no siga incurriendo en ese abuso".

Según ha apuntado, al contrario que los daños materiales "reales" como haber percibido menor salario, los daños morales son "de muy difícil acreditación". En este caso, ha dicho que se ha sugerido acudir a las cuantías previstas en la Ley de infracciones y sanciones en el orden social, que establece una "horquilla muy amplia".

Garbiñe Biurrun ha advertido de que aún queda pendiente en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial que había presentado el Tribunal Superior de Galicia y tampoco le "sorprendería que algún otro tribunal planteara nuevas cuestiones a Luxemburgo". "La cosa, desde luego, no está clara", ha afirmado.

En el caso de la Sala de lo Social del TSJPV, cuando el Tribunal Supremo elevó las cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión, se decidió "mayoritariamente, suspender los recursos pendientes a la espera de que el Tribunal de Luxemburgo y después el Tribunal Supremo resolvieran". Por ello, hay en torno a 170 o 180 recursos pendientes para "sacarlos ya", que versan sobre "cuestiones jurídicas que no son idénticas".

Tal como ha avanzado, se irá "unificando el criterio" en la Sala para "dar una respuesta que sea única, que esté perfectamente unificada, y que dé seguridad jurídica también a la ciudadanía y a las propias Administraciones públicas".

Asimismo, ha augurado que, "sobre todo, la cuestión indemnizatoria sí que va a generar una verdadera avalancha de litigios" y, aunque "todavía puede el legislador intervenir y de alguna manera incluso aquilatar, determinar un poco más la indemnización para que se puedan reconocer por las administraciones públicas en estos supuestos de abuso de la temporalidad sin tener que litigar", le "sorprendería mucho".

TUBOS REUNIDOS

Por otro lado, en relación a la situación de Tubos Reunidos, ha señalado que la Sala de lo Social del TSJPV tiene previsto celebrar a principios del mes de julio el juicio para determinar si el despido colectivo planteado por la dirección de Tubos Reunidos "se ajusta o no a derecho".

El proceso, ha explicado, se desarrolla al margen del concurso de acreedores que está tramitándose en el Juzgado de lo Mercantil de Vitoria, tras las cuatro demandas que habían interpuesto previamente los sindicatos.

Finalmente, ha afirmado que, personalmente, no tiene "la sensación de que haya aumentado la conflictividad laboral, o no por lo menos de manera relevante" en los últimos años, aunque sí hay "más pleitos" y los juzgados de lo Social están "desbordados" pero, ha precisado, "también es verdad que hay mayor número de personas trabajadoras, probablemente mayor conciencia para acudir a la jurisdicción".

En esta línea, cuestionada por la advertencia de la patronal vizcaína, Cebek, sobre el impacto en las inversiones del nivel de conflictividad, ha dicho tener la impresión de "venir oyendo muchísimos años esto del aumento de la conflictividad, de la ahuyentar inversores, etc.". No obstante, ha precisado que no tiene "los datos" para "negarlo".