Destaca la reducción "sustancial" de litigios por despidos vinculados a causas empresariales y sobre la aplicación de convenios colectivos
BILBAO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Garbiñe Biurrun, cree que hay algunas reformas laborales que deberían ser derogadas y replantearse "un nuevo marco de desarrollo" de derechos constitucionales como el derecho al trabajo y a unas "condiciones dignas".
En una entrevista concedida a Europa Press, Biurrun ha afirmado que se ha apreciado desde hace dos años que, en conjunto, se ha ido reduciendo el número de litigios que entraban en la Sala de lo Social derivados de la crisis económica. Según ha asegurado, el índice de litigiosidad está volviendo a la "normalidad", situándose el número en el registrado en años anteriores a 2012.
La magistrada ha apuntado que "todos los tipos de conflictos se mantienen, pero han descendido sustancialmente las cifras de litigios sobre despidos vinculados a causas empresariales y sobre aplicación de convenios colectivos tras la limitación de su ultraactividad o vigencia".
No obstante, ha indicado que "continuamente surgen litigios nuevos, con problemas hasta entonces no planteados, como consecuencia de modificaciones legislativas o interpretaciones de algunos Tribunales, como se ha producido con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con las indemnizaciones por la extinción de contratos temporales".
La presidenta de la Sala de lo Social del TSJPV ha manifestado que no tiene datos que apunten a que pueda aumentar la litigiosidad en esta jurisdicción por la ausencia de diálogo social.
"Nuestros índices de litigiosidad no son llamativos ni puedo decir que estén vinculados a las dificultades que puedan existir en el marco del diálogo social, dejando de lado concretísimos litigios, que pueden tener esa causa directa", ha añadido.
En todo caso, ha precisado que "hay algunos conflictos colectivos, vinculados a la negociación colectiva, que pueden tener su base en las dificultades del diálogo social". "Uno de estos supuestos es la aplicación de Convenios que han perdido vigencia tras la limitación de la ultraactividad decidida por la reforma del año 2012, teniendo en cuenta los problemas en la negociación colectiva, pero el número de estos litigios también ha descendido de manera relevante", ha puntualizado.
TEMPORALIDAD Y PRECARIZACIÓN DEL EMPLEO
Garbiñe Biurrun ha afirmado que siguen recibiendo demandas que tienen que ver con "graves problemas" como son la temporalidad de los trabajadores y la precarización en el empleo.
"Pero mi sensación es que hay muchas situaciones que no acceden a la jurisdicción porque no se demanda apenas contra la extinción de contratos de trabajo formalmente temporales que podrían haber sido fraudulentos", ha subrayado.
A su juicio, "hay que reflexionar sobre el grado de confianza de las personas trabajadoras en la Justicia y en el resto de instancias concernidas, como la Inspección de Trabajo, así como su eficacia".
Biurrun ha afirmado que se ha asistido a varias sucesivas reformas laborales "que han ido rebajando derechos de las personas trabajadoras, individual y colectivamente consideradas, al menos desde la de 1994". "Lo que entiendo es que hay algunas reformas que habrían de ser derogadas y que habría que replantearse un nuevo marco de desarrollo de los derechos constitucionales, como el derecho al trabajo y a condiciones laborales dignas", ha remarcado.
VÍCTIMAS DEL AMIANTO
En cuanto al tema de las víctimas del amianto, ha apuntado que "es cierto que hay un número relevante de litigios en relación con este duro problema" y considera que la jurisdicción social "está dando una respuesta sensata".
En cuanto al hecho de que las empresas recurran las sentencias que se están dictando a favor de los trabajadores víctimas del amianto, ha dicho que "cualquier parte en cualquier litigio debe recurrir cuando entiende que su posición es legítima, legal y justa".
"Cuestión distinta es que una misma empresa, conociendo ya la existencia de sentencias que la condenan por esta causa siga recurriendo, pero es su derecho constitucional", ha insistido.
