BILBAO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Económico y Social Vasco (CES) ha valorado "el esfuerzo" realizado en el anteproyecto de Ley de Universidades para dotar a Euskadi de "un marco normativo actualizado" que regule el sistema universitario vasco, si bien ha propuesto mejoras como "respuestas formativas flexibles" para acompañar la formación a lo largo de la vida e "instrumentos suficientes" para transformar el conocimiento "en innovación y actividad socialmente útil".
Según ha informado en un comunicado, el CES ha emitido informe sobre el anteproyecto de Ley de Universidades, presentado a consideración por el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación, un dictamen aprobado por mayoría con el voto particular de LAB.
Como consideración previa, el órgano consultivo advierte de que el anteproyecto entra a regular diversos aspectos que hasta ahora no eran objeto de regulación -cuestiones organizativas y de procedimiento- y que no todos merecen la misma consideración. En este sentido, recomienda que la Ley incorpore una Disposición Final de desarrollo reglamentario y que acompañe su aprobación de un calendario de normas de desarrollo.
El informe aborda la cuestión del modelo universitario y su evolución, señalando que "la universidad está llamada a acompañar a las personas a lo largo de su trayectoria profesional, procurando que el conocimiento que genera pueda incorporarse de manera efectiva a la actividad económica y a los servicios públicos".
Desde esta perspectiva, considera conveniente reforzar en el anteproyecto el tratamiento de la formación permanente y del aprendizaje a lo largo de la vida y propone que, junto a los títulos propios tradicionales, la ley debería contemplar las microcredenciales y otras modalidades de formación breve.
Asimismo, plantea que el Plan Universitario incluya el diagnóstico de las necesidades de cualificación y recualificación de la población adulta "cuando la incorporación a la formación universitaria pueda favorecer su empleabilidad o su desarrollo profesional", así como líneas de apoyo vinculadas a la evolución del tejido productivo y a los cambios tecnológicos.
Por lo que respecta a la transferencia del conocimiento y "aunque el anteproyecto parte de una base normativa más desarrollada, pues reconoce expresamente la transferencia como una función esencial de las universidades", el CES propone dotarla de "instrumentos suficientes para que pueda desplegarse eficazmente la colaboración entre universidad y tejido socioeconómico".
BARRERAS EXISTENTES
En su opinión, la ley debería contribuir a reducir las barreras existentes estableciendo unas condiciones mínimas comunes que hagan "más accesible y transparente" la relación con las universidades y, en ese sentido, apuesta por establecer modelos normalizados de acuerdos.
Para el desarrollo de esta colaboración, se propone completar el anteproyecto con una regulación específica de la explotación y valorización de los resultados de investigación, así como llevar a cabo una revisión del tratamiento del emprendimiento universitario y de la venta de patentes como fuente de ingresos universitarios.
También señala la conveniencia de actuar sobre los procedimientos de contratación con terceros, a través de procedimientos simplificados para contratos estándar, y prever plazos máximos de respuesta.
"En conjunto, las mejoras propuestas permitirían reforzar dos dimensiones crecientemente determinantes para el futuro del Sistema Universitario Vasco. Por un lado, una universidad capaz de acompañar a las personas durante toda su vida profesional mediante respuestas formativas flexibles. Por otro, una universidad capaz de transformar el conocimiento generado en innovación y actividad socialmente útil", explica el CES.
El Consejo Económico y Social aborda también la vinculación entre la oferta formativa e investigadora y las necesidades socio-económicas y gobernanza. En este ámbito, señala que el anteproyecto "adolece de una falta de concreción de los mecanismos de vinculación entre la oferta formativa e investigadora y las necesidades socio-económicas que faciliten que esa oferta llegue al conjunto de la sociedad, al sistema productivo, a las empresas y a las pymes".
Para conseguir que los mecanismos de vinculación sean efectivos, el informe plantea dos acciones, la primera de ellas acometer el refuerzo de la entidad institucional del Consejo Social de la EHU, ya que "la ubicación planteada en el anteproyecto representa un descenso de rango normativo respecto a la vigente Ley 3/2004, del Sistema Universitario Vasco (LSUV)".
En segundo lugar, propone mantener la representación de la organización empresarial más representativa y de las organizaciones sindicales más representativas en el Consejo Social, en igualdad de condiciones y sin perjuicio de que pueda preverse representación adicional de otras organizaciones mediante ampliación o ajuste de la composición.
DERECHOS LABORALES
El informe hace referencia también a la defensa de los derechos laborales del personal universitario, solicitando la inclusión del personal investigador en la RPT (relación de puestos de trabajo), la eliminación de topes restrictivos y garantía de cobertura de ausencias, la consolidación progresiva y la negociación colectiva de los complementos retributivos.
También plantea la conveniencia de establecer un pacto por la retención, atracción y estabilización del talento académico e investigador en la universidad pública, la consideración de la movilidad internacional como mérito no excluyente y garantías de conciliación, la transparencia, control y garantías laborales en las figuras visitantes y distinguidas, y el "freno al pluriempleo encubierto" y vulneración de la Ley de Incompatibilidades.
Entre las mejoras en defensa de la autonomía universitaria y gobernanza, el CES señala la aprobación universitaria de la Oferta de Empleo Público dentro del límite de costes autorizado, la potestad autoorganizativa de la universidad sobre la RPT, la protección del servicio público frente a "sanciones desproporcionadas", las garantías sindicales en los expedientes disciplinarios, y el reconocimiento mutuo y portabilidad de las acreditaciones.
En cuanto a modelo Universitario, Financiación y PTGAS (Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios), el órgano consultivo plantea acciones de mejora relacionadas con la carrera profesional, retribuciones y evaluación del PTGAS, su inclusión del PTGAS en el Plan Universitario y su formación dentro de la jornada laboral, así como "la financiación estructural basal de la universidad pública, y la prioridad de la universidad pública y garantías en la creación y financiación de universidades privadas".
El CES ve, en el apartado de garantías y los derechos estructurales, "ciertas carencias" en cuanto a la regulación de aspectos que se consideran "relevantes para el adecuado funcionamiento" de la EHU, así como para garantizar la protección de las condiciones laborales de su personal.
Por ello, propone se analice la conveniencia de incluir cuestiones como la protección del personal temporal e interino en las bolsas de trabajo que no obtenga plaza definitiva tras procesos selectivos o la regulación del teletrabajo.
Por último, el dictamen analiza el tratamiento de la igualdad y menciona, por un lado, que la corrección de la brecha salarial debería ser encuadrada en un plano diferenciado al de los planes de Igualdad y, por otro lado, que las medidas de conciliación planteadas no contribuyan a "perpetuar roles de género", como a su entender sucede con la redacción actual, en la que "se presupone que las necesidades de conciliación recaen en las mujeres".
