VITORIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -
Los ciudadanos presentaron durante el pasado año un total de 1.696 quejas ante el Ararteko, de las que el 44,32 por ciento estaban dirigidas contra la Administración local, el 35,26 por ciento contra el Gobierno vasco y el 14,17 por ciento contra la administraciones forales, según los datos recogidos en el informe de esta institución entregado hoy por el Ararteko, Iñigo Lamarca, a la presidenta del Parlamento vasco, Arantza Quiroga.
Durante el ejercicio 2008, el Ararteko atendió 4.054 consultas tanto telefónicas como en sus oficinas de atención directa. El número total de visitas ascendió a 2.601, de las cuales 590 se materializó en queja. "Esto deja patente la labor previa que se realiza en las oficinas de atención directa, al no admitir reclamaciones que, por diversas razones, no van a poder ser investigadas por el Ararteko", explicaron sus responsables.
Por primera vez, Internet fue la vía más utilizada por la ciudadanía para presentar una reclamación. En concreto, el 38,91 por ciento de las quejas se recibió a través de este medio.
A lo largo de 2008, los ciudadanos presentaron 1.696 quejas ante el defensor del pueblo vasco, de las que el 7,25 por ciento corresponde a algún colectivo. Además de las quejas presentadas por los ciudadanos, el Ararteko emprendió, por iniciativa propia, la investigación de diversos asuntos en los que se consideraba que podía haber actuaciones irregulares o que suscitaban la oportunidad de colaboración o prestación de nuevos servicios. De este manera, se acumularon 389 actuaciones de oficio.
En el pasado ejercicio, se finalizó la tramitación de 1.379 expedientes, de los cuales 688 corresponden a quejas presentadas a lo largo del año y el resto, 691, son reclamaciones planteadas en años anteriores y cuya tramitación no fue posible concluir en el año de su presentación.
En las quejas cuya tramitación finalizó en 2008, se consideró que existía alguna actuación incorrecta en 392 casos, el 28,43 por ciento de las quejas analizadas. La administración afectada enmendó la actuación que originó la queja en el 85,54 por ciento de las reclamaciones en las que se apreció que había alguna actuación incorrecta.
De la misma forma que en años anteriores, el mayor número de reclamaciones se dirigió en 2008 contra la Administración local, el 44,32 por ciento del total de las tramitadas. Las quejas contra el Gobierno vasco supusieron el 35,26 por ciento, mientras que el 14,17 por ciento se refirieron a actuaciones de las administraciones forales. No obstante, desde el Ararteko precisaron que el hecho de que se analicen administraciones implicadas en los expedientes "no significa que hayan cometido actuación incorrecta alguna, sino simplemente que alguna de sus actuaciones ha sido motivo de queja".
En cuanto a municipios, los ayuntamientos de Bizkaia fueron los que más quejas recibieron, el 51,12 por ciento del total, mientras que los guipuzcoanos acumularon el 24,9 por ciento y los alaveses el 19,51 por ciento.
Teniendo en cuenta las áreas, se mantuvo en 2008 la tendencia de años anteriores, aunque descendieron ligeramente las reclamaciones correspondientes al área de Obras Públicas y Servicios (un 12,46% frente al 16,34% el año anterior). El 12,38 por ciento estuvieron relacionadas con el área de Acción Social y el 11,12 por ciento corresponden a Interior.
El 82,2 por ciento de las personas que cumplimentaron la encuesta, voluntaria y anónima, de esta institución revela que la intervención del Ararteko es considerada como "muy" o "bastante" positiva, incluso entre aquellos cuyo problema no se ha resuelto o se ha resuelto de forma desfavorable.
RECOMENDACIONES
En el informe anual al Parlamento vasco, se incluyen tres recomendaciones de carácter general a las distintas administraciones vascas, entre ellas, la obligación de evaluar el impacto ambiental de todos los planes urbanísticos que tengan efectos para el medio ambiente.
Además, señala la necesidad de adecuar la tramitación y notificación de las resoluciones del registro de solicitantes de vivienda a la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, así como la adecuación de los servicios públicos de los cementerios a las distintas creencias religiosas, con especial referencia a la comunidad musulmana.
