La Comisión de Transparencia de Bizkaia recibe 113 solicitudes de información y resuelve nueve reclamaciones en 2025

BILBAO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Reclamaciones en materia de Transparencia de Bizkaia ha registrado durante 2025 un total de 113 solicitudes de acceso a información pública, 18 más que el año anterior, y ha resuelto nueve reclamaciones, según el balance dado a conocer este jueves en la Comisión Institucional, Buen Gobierno y Transparencia de las Juntas Generales.

Según han explicado desde las Juntas Generales, la memoria de actividad correspondiente al ejercicio 2025 refleja que el trabajo de este órgano independiente encargado de velar por la imparcialidad y objetividad en el acceso a la información pública "ha ido a más ya que tanto las resoluciones como las solicitudes de información muestran una tendencia ascendente".

En concreto, durante el pasado año, se han contabilizado 113 solicitudes de acceso a información pública, frente a las 71 de 2022, 64 de 2023 y 95 de 2024.

Del total de peticiones, 79 han sido estimadas íntegramente, dos se han aceptado parcialmente, ocho han sido denegadas y 13 han resultado inadmitidas. Asimismo, seis solicitudes se han trasladado a otras administraciones competentes y cinco permanecían pendientes de resolución al cierre del ejercicio.

La Comisión ha dictado nueve resoluciones durante el año pasado, según ha informado el órgano evaluador compuesto por su presidenta, María Eugenia Maté Mendieta, y por los vocales Nerea García Rodríguez y Unai Aberasturi Cantera. Otras dos quedan por resolver al ser presentadas a final de año.

Por áreas, entre estos 11 expedientes, cuatro reclamaciones se han interpuesto frente a resoluciones del departamento foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial (dos están pendientes), tres afectan al área de Medio Natural y Agricultura, dos a Hacienda y Finanzas, una a Promoción Económica y otra al departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad.

Entre las novedades, se ha evaluado una denuncia de un particular por una actuación de la sociedad foral Garbiker que, según el demandante, no había cumplido sus obligaciones de publicidad activa en un proceso de selección. La Comisión, sin embargo, concluyó que sí existía información previa del proceso de selección y que esta información era accesible a través del portal de transparencia.

AUDITORÍA SOBRE EL GUGGENHEIM DE URDAIBAI

Por otro lado, Comisión Institucional, Buen Gobierno y Transparencia de las Juntas Generales ha rechazado una proposición no de norma de Elkarrekin sobre la realización de una auditoría de todos los gastos, contratos, encargos y actuaciones financiadas con fondos públicos vinculadas al proyecto del Museo Guggenheim en Urdaibai, incluidos tanto los importes ejecutados directamente por la Diputación como los derivados de otras entidades públicas o privadas.

Elkarrekin pedía que el resultado de la auditoría se presentara en las Juntas Generales de Bizkaia en un plazo máximo de seis meses. La proposición no de norma ha sido rechazada por nueve votos en contra de PNV y PSE-EE, cuatro abstenciones de EH Bildu y dos votos a favor de Elkarrekin y PP.

Durante el debate, según han explicado desde las Juntas, Elkarrekin y PP han insistido en la necesidad de ofrecer una información "completa" y "verificable" ante la demanda social de transparencia tras la decisión de abandonar este proyecto el pasado mes de diciembre.

Para la portavoz de Elkarrekin, Eneritz de Madariaga, es una cuestión de "responsabilidad política" y "rigor en la gestión" conocer el coste "real" de un proyecto que, tras años de "esfuerzo" y recursos públicos, ha terminado sin ejecutarse.

En la misma línea, la portavoz del PP, Raquel González, ha opinado que, al tratarse de un proyecto "estrella" que ha resultado "fallido", es imprescindible evaluar detalladamente los gastos para evitar que se repitan modelos de gestión que generan "frustración y división social".

Los grupos que conforman el Gobierno foral han defendido que ya existen mecanismos de control interno y fiscalización, como la función interventora y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), que garantizan la legalidad del gasto público sin necesidad de auditorías extraordinarias.

El portavoz del PNV, Jesús Lekerikabeaskoa, ha recalcado que los instrumentos de control actuales son "perfectamente válidos y suficientes" para supervisar la actividad del Gobierno y ha advertido de que establecer medidas excepcionales enviaría un mensaje negativo a la ciudadanía, cuestionando "injustificadamente" el sistema de dación de cuentas que rige para todos los proyectos de la institución.

Por su parte, el portavoz del PSE, Goyo Zurro, ha apuntado que no se debe confundir el control político con el control técnico de legalidad, que ya está garantizado a través de distintos mecanismos como Intervención, el TVCP o la Central de Contratación Foral. A su entender, una auditoría extraordinaria solo tendría sentido ante indicios de irregularidad, "que no existen".

Por su parte, el juntero de EH Bildu Aitor López ha considerado que debe agotarse la vía de las preguntas por escrito que registraron el pasado 12 de febrero y, una vez recibida esta información sobre partidas presupuestarias y contratos, valorar si los datos "son suficientes" o si es necesario exigir una auditoría u otras medidas de control.