Pide un "cambio urgente" en las indemnizaciones que "generan flagrantes injusticias en casos de gravísimas violaciones de derechos humanos"
VITORIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Valoración creada por la Ley 12/2016, conocida como Ley de "abusos policiales", ha presentado este miércoles en el Parlamento Vasco su informe anual que propone 46 expedientes para su "reconocimiento y reparación", seis de los cuales acabaron con el fallecimiento de la víctima, y 28 por tortura o malos tratos, y señala a la Guardia Civil y a la Policía Nacional como principales causantes de las vulneraciones registradas entre los años 1961 y 1997.
La letrada Juana Balmaseda y el profesor Jon Mirena Landa, presidenta y coportavoz, respectivamente, de la Comisión, han presentado ante la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento Vasco
el informe anual de la Comisión de Valoración creada por la Ley 12/2016, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999.
La presidenta de la Comisión de valoración, Juana Balmaseda, ha informado de que, entre los meses de septiembre de 2021 y junio de 2022, se han resuelto 573 expedientes, de los que 46 han sido resoluciones de reconocimiento, dos solicitudes han sido desistidas por la persona interesada, dos solicitudes han sido desestimadas --por falta de elementos probatorios-- y 523 han sido resoluciones de inadmisión.
De las 46 resoluciones, seis corresponden a mujeres y 40 a hombres que, en el momento de los hechos, 21 tenían entre 0 y 21 años; 14 entre 25 y 34 años; siete entre 35 y 49 años y cuatro, más de 50 años.
Respecto al daño causado, según el informe, seis fallecieron, 28 son víctimas de torturas o maltrato grave, cinco tienen lesiones por impacto de bala, cuatro presentan lesiones por pelota de goma, dos sufren lesiones graves por agresión y una persona por vulneración de su integridad moral y psíquica.
También indica que, en 18 de los casos, el causante fue la Guardia Civil y en 15 la Policía Nacional. En otros cuatro, habrían sido causantes ambos Cuerpos en detenciones distintas, y uno por la Ertzaintza. En ocho casos, se apunta como causante a un "grupo incontrolado o parapolicial". La mayoría de los hechos, un total de 28, ocurrieron entre los años 1971 y 1980; nueve entre los años 1961 y 1970; ocho entre 1981 y 1990; y uno en el año 1997.
Por adscripción de la víctima, nueve pertenecían a partidos o sindicatos, 15 personas están relacionadas con ETA, 14 no tenían afiliación política conocida o eran sin vinculación alguna, dos no militaban "pero se sentía independentista y abertzale", otras dos personas eran familiares a personas huidas a Francia, y cuatro personas estaban vinculadas a la cultura vasca.
Tras subrayar la "enorme variedad y gravedad" de los casos, Balmaseda ha destacado que la Comisión, "siendo especialistas en la materia, se encuentra muchas veces abrumada por lo doloroso de los casos, y aún más por la actualidad del sufrimiento de las víctimas y sus familiares".
"Esto debería hacernos tomar conciencia de que este no es un asunto del pasado. Las víctimas de vulneraciones de derechos humanos reconocidas en esta Ley son personas, mujeres y hombres, que hoy viven entre nosotros. Algunas víctimas han fallecido, pero el dolor de sus familiares y seres queridos sigue hoy muy presente y debe ser atendido", ha señalado.
523 SOLICITUDES INADMITIDAS
De las solicitudes inadmitidas, 473 han sido planteadas por miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y 50 por personas que sufrieron violencia de motivación política por parte de ETA o de elementos de su entorno.
En este sentido, ha recordado que los motivos de inadmisión son que "los hechos alegados no se encuentran en el ámbito de la Ley 12/2016 puesto que no se trata de hechos o violaciones provocadas por abuso de poder o uso ilegítimo de la violencia estatal, ni existe nexo inmediato ni funcional con la actividad de los poderes públicos y del Estado".
Asimismo, ha detallado que de los 523 expedientes que han sido inadmitidos por no encontrarse en el ámbito de la Ley, se han recibido 86 recursos de alzada, de los que 15 están fuera de plazo.
Juana Balmaseda ha explicado que se han tenido que dedicar "muchos medios y energías" a resolver las más de 500 solicitudes cursadas por miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado destinados en el País Vasco o personas que sufrieron violencia de motivación política por parte de ETA o de elementos de su entorno.
"Constatamos con preocupación que sigue habiendo actores y colectivos que constantemente se oponen al desarrollo de esta Ley, a la protección de las víctimas que reconoce y a su derecho a la verdad y, en su caso, a la plena reparación", ha denunciado.
Por ello, la Comisión lamenta la actuación "de quienes, en abierta perversión interpretativa contraria al sentido último de la Ley y con mala fe manifiesta, están intentando confundir a estas posibles víctimas, encauzando sus peticiones allá donde saben que no pueden ser atendidas".
"Rechazamos de forma enérgica que haya quien quiera manipular el dolor de las víctimas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y otras personas damnificadas por ETA, al tiempo que lastra a esta Comisión con un trabajo añadido, dejando de atender a aquellas víctimas que esperan que sus solicitudes reciban una rápida respuesta", destaca el informe.
"DETENGAN LAS MALAS PRÁCTICAS"
Al respecto, se exige "a aquellas personas y/o entidades que alientan esta dinámica por razones espurias, que detengan esas malas prácticas en nombre de la ética, la decencia política y sobretodo la dignidad de todas las víctimas".
Balmaseda ha reiterado que "la inadmisión no responde a que la comisión considere que esas víctimas no merecen un reconocimiento, si no que es porque no se encuentran dentro del ámbito de la ley". "Nosotros no somos jueces. No juzgamos a nadie, no es nuestra misión. Somos una comisión de valoración", ha insistido.
Por otro lado, la Comisión ha informado de que ha instado la solicitud de información a diferentes organismos judiciales, policiales, administrativos y/o, sanitarios, a fin de comprobar los hechos alegados.
En total son 84 los trámites de instrucción adicional que se han realizado, lo que ha provocado que muchos expedientes hayan requerido de un periodo de tiempo superior para resolverlos, e incluso, que alguno de ellos se encuentre todavía en fase de instrucción. Actualmente 29 expedientes se encuentran en fase instrucción, de los cuales, cuatro permanecen así desde el año anterior.
Según han explicado, en la mayor parte de los casos, la actitud de las instituciones ha sido colaborativa, pero han destacado como "especialmente obstativa" la actitud de los archivos militares de los que no han podido obtener ninguna documentación de las peticiones cursadas hasta la fecha.
Entre las recomendaciones del informe, la comisión señala que la redacción actual de la Ley impide, para algunas personas reconocidas como víctimas, "obtener los efectos apropiados de la norma" y propone un "cambio urgente" de las indemnizaciones, ya que el sistema actual "genera flagrantes injusticias en casos de gravísimas violaciones de derechos humanos que o bien no pueden ser indemnizados o bien obligan a una indemnización irrisoria, indigna de tal nombre".
"Una modificación en profundidad del artículo 9 es urgente y necesaria y en particular derogar la imposibilidad de indemnizar en casos de malos tratos y torturas, y enriquecer y flexibilizar las posibilidades indemnizatorias en supuestos de lesiones sean estas permanentes o no", solicita el informe.
