BILBAO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Diputación foral de Bizkaia y el Ministerio Fiscal recurrirán la sentencia del caso Iurbenor, dictada por el Juzgado número 1 de lo Mercantil de Bilbao, que declaró culpable de la insolvencia de la constructora al empresario Jabyer Fernández, pero desestimó los cargos que se pedían contra sus hermanos, Susana y Antonio, según informaron a Europa Press fuentes de la institución foral.
El juez Marcos Bermúdez inhabilitó a Jabyer Fernández como administrador durante un periodo de diez años y le condenó a responder personalmente de la cobertura del déficit patrimonial, establecido en 35,38 millones de euros.
La sentencia señala, por contra, que sus hermanos Antonio y Susana "no controlaban la gestión empresarial de Iurbenor ni formaban parte de su órgano de administración cuando fueron ejecutadas las operaciones que agravaron la insolvencia de la sociedad". Del mismo modo, añadía que "tampoco han cooperado con su hermano para realizar estas operaciones con ninguna actuación ilícita" y, por tanto, "no son administradores de hecho" de la constructora concursada.
El fallo judicial descarta también que los hermanos fueran cómplices del empresario, por lo que exime a éstos de responsabilidad, así como al grupo Afer y a Residere proyectos.
CARGOS DE LAS ACUSACIONES
Sin embargo, tanto los letrados de la Diputación como de la Administración concursal y la Fiscalía consideran que debe determinarse como personas afectadas por la calificación del concurso de acreedores al empresario vizcaíno, a sus dos hermanos, al grupo Afer y a Residere, además de declarar también "cómplices" a Susana y Antonio.
De hecho, en la vista, solicitaron que se acuse a todos ellos de un "incumplimiento grave" del deber de llevar la contabilidad, de realizar actos que retrasaron la eficacia de embargos, de la salida "fraudulenta" de bienes patrimoniales durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración del concurso de acreedores, así como de realizar actos jurídicos dirigidos a "simular una situación patrimonial ficticia".
En ese sentido, pidieron que se declarase la inhabilitación de todas las personas afectadas por un plazo de 15 años para administrar bienes ajenos, representar o administrar a cualquier persona. Asimismo, demandaron que los cómplices perdiesen cualquier derecho que tuvieran como acreedores concursales o de la masa y se les condenase a devolver los bienes y derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o que hubiesen recibido de la masa activa.
Además, reclamaron a todos ellos una indemnización, sin precisar, a favor de Iurbenor, y, específicamente, otra indemnización de 26,8 millones a Susana, de 8,5 millones a Antonio, de 35,3 millones al Grupo Afer y de 26,8 millones a Residere. Jabyer Fernández ya anunció, nada más conocerse la sentencia el pasado 2 de noviembre, que recurriría el fallo judicial.
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