BILBAO, 7 May. (EUROPA PRESS) - ETA apuesta por "un diseño compartido de desarme" con agentes políticos y sociales y el Gobierno de PNV, aunque asegura que no entregará las armas ni al Ejecutivo ni a la Etrtzaintza porque no son "agentes neutrales". Además, propone consensuar una "hoja de ruta" a partir de 'la Vía Vasca para la Paz' de EH Bildu, la propuesta 'Zuzen Bidean' (para avanzar en el cambio de la política penitenciaria) del Gabinete de Urkullu y las recomendaciones del Foro Social. También se compromete a seguir con el proceso de sellado de su armamento, pese a "la obstrucción de los estados", y acusa de "ligereza" al Ejecutivo al hablar de un desarme "rápido" cuando desconoce la cantidad de armamento que hay y su ubicación. En la ampliación del comunicado hecho público por los diarios Gara y Berria, que han dado a conocer este viernes en su integridad, la banda critica la propuesta realizada por el Gobierno de Urkullu el pasado 21 de diciembre para "un desarme rápido, viable y efectivo". En este sentido, recuerda que esta propuesta "unilateral" del Ejecutivo se dio a conocer una hora después de que la Comisión Internacional de Verificación (CIV) "diera cuenta de algunos avances", en alusión a que los verificadores, en un comunicado, afirmaran que habían recibido informes de la ETA en los que se indicaba que continúa el proceso de sellado y para dejar fuera de uso su armamento. La banda armada cree que "aquella intervención" del Ejecutivo "tuvo como objetivo dañar el proceso en marcha y la posición de la izquierda abertzale", y descarta el plan "al no considerarlo viable y por basarse en un esquema de 'vencedores y vencidos'". "UN PAPEL QUE JUGAR" No obstante, ETA asevera que el Gobierno vasco "tiene un papel que jugar" en este terreno si, efectivamente, "está a favor de la resolución". Por ello, le incluye junto al resto de agentes políticos y sociales vascos en la propuesta de consensuar "una hoja de ruta global para resolver las consecuencias del conflicto", en la que se incluiría el "diseño compartido de desarme". En este sentido, cree que, para trabajar en esta línea, son "válidos algunos elementos" de estos últimos meses, como las recomendaciones del Foro Social, la Declaración de Baiona, la propuesta 'Zuzen Bidean' del Ejecutivo de Urkullu, la 'Vía Vasca para la Paz' de EH Bildu, la iniciativa de EPPK y el propio proceso de sellado iniciado por ETA junto a la Comisión Internacional de Verificación (CIV). Quince meses después del acto de inicio de sellado de su arsenal junto a miembros de la CIV, ETA anima a todos los partidarios de "la resolución a consensuar modos razonables de superar todas las consecuencias del conflicto", elaborando "una hoja de ruta". En paralelo, la banda afirma que continuará con "el proceso de sellado" que realiza desde enero de 2014 "de modo unilateral". En este sentido, asegura que "ETA sabe que, si este proceso se desarrollara en otras condiciones, no tendría las debilidades que presenta" y se declara "abierta a analizar cómo se puede mejorar". En cualquier caso, recuerda que "las dificultades" que existen se derivan de la actitud de los Gobiernos español y francés, para recordar que los verificadores que participaron en el inicio del "sellado fueron llevados a la Audiencia Nacional y a la Comisaría de Baiona". PROPUESTA DE EH BILDU Además, ETA se refiere, en especial, a la reciente propuesta de EH Bildu, 'la Vía Vasca para la Paz', con planteamientos "muy concretos para la resolución de las consecuencias del conflicto en materia de víctimas, presos y huidos, desarme y desmilitarización". A su juicio, esta iniciativa integra "los ingredientes necesarios" para superar "esas consecuencias" e incluye "vías razonables". "Sobre cada propuesta pueden hacerse matices, pero no se puede negar que ofrece la oportunidad de abrir un diálogo sincero y constructivo", afirma. Tras insistir en una crítica "radical" al planteamiento hecho público el 21 de diciembre por el Gobierno vasco para el desarme, ETA apunta que no le quiere "relegar" y que "podría tener un quehacer importante si apostara por la resolución, más aún cuando por la gestión del Gobierno de los tres herrialdes tiene una clara responsabilidad al respecto". "Y así se lo dijimos a Iñigo Urkullu hace dos años", apunta. CRÍTICAS AL PLAN DE DESARME EL GOBIERNO Los dos primeros tercios del comunicado de la banda se destinan a rechazar el Plan de Desarme de Iñigo Urkullu y Jonan Fernández, que interpreta "como un intento de desautorización de los pasos que iba dando ETA junto a la CIV". ETA comienza explicando que esperaba a que el Ejecutivo le hiciera llegar esa propuesta "de primera mano", pero que, al no tener noticia directa en estos cuatro meses, ha optado por hacer pública su valoración. Su crítica se articula en cinco puntos y el primero de ellos subraya que el Gobierno vasco "no busca el acuerdo" porque no ha trabajado la propuesta previamente con nadie ni se la ha hecho llegar a ETA ni aprecia un carácter "constructivo". Además, asevera que, tanto el documento como las posteriores afirmaciones de Jonan Fernández sobre él, "destilan prepotencia y fobia a la izquierda abertzale". Además, revela que, con ello, el Ejecutivo del PNV, "una vez más", empleó de modo "perverso" la información que le ofrecen ETA y la CIV, por lo que se "traicionó la confianza dada". En segundo lugar, entiende que esa intervención intentó "dañar el proceso de sellado que se está desarrollando, dentro de una estrategia de ataque a la izquierda abertzale". Además, apunta que el método que se está siguiendo es "el posible y los agentes y personalidades con gran experiencia del ámbito internacional con los que se contrastó antes de ponerlo en marcha, le dieron gran valor, absolutamente todos". Asimismo, cree que el Gabinete de Iñigo Urkullu "busca hace tiempo que la CIV se posicione en contra de ETA, pese a saber que ello traería la desactivación de la Comisión". ETA también considera que existe un intento de "recrear que la falta de avances hacia la resolución es responsabilidad de ETA y la izquierda abertzale", aunque ello lleve a atribuirle, incluso, "la culpa de la vulneración de los derechos de los presos políticos vascos y la represión del independentismo de izquierdas". "SIN FUNDAMENTO SUFICIENTE" A su entender, es el Gobierno vasco el que, "hasta ahora, no ha tenido el fundamento suficiente, ni para emprender conversaciones entre los partidos ni para defender los derechos de los presos políticos vascos ni para denunciar con firmeza esta persecución política". En cuarto lugar, reprocha al Ejecutivo de PNV que su propuesta "no siga los modelos internacionales de resolución de conflictos, sino el esquema de 'vencedores y vencidos". En esta línea, señala que, en el ámbito internacional, el desarme se une a acuerdos, pero el Gobierno vasco lo quiere presentar "de modo aislado y como un imperativo". Con esos planteamientos, cree que la Secretaría de Paz y Convivencia que dirige Jonan Fernández habría "reventado todos los procesos de paz que han tenido éxito en el mundo". También le recuerda que su apoyo "a operaciones policiales solamente alimenta el conflicto". Asimismo, añade que no puede pretender cosas como que el armamento de ETA quede en sus manos, dado que "el Gobierno Vasco y la Policía autonómica no son agentes neutrales". Por todo ello, afirma que "esa propuesta no es viable y no ofrece garantía alguna". Se basa, para argumentarlo, en tres afirmaciones, que el Ejecutivo "no tiene competencias para ofrecer garantías jurídicas a este proceso", tampoco puede dar ninguna "seguridad" a ETA y actúa con "ligereza", al apuntar que "el proceso podría hacerse rápido" cuando, por ejemplo, desconoce la cantidad del armamento que existe y su ubicación.
