Euskadi rechaza pagar 51 millones al Fondo de Cohesión Sanitaria por las "importantes deficiencias" del sistema

VITORIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha votado en contra de los puntos incluidos este viernes en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) sobre el sistema de compensación vinculado al Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS) y al Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), al considerar que presentan "importantes deficiencias jurídicas y procedimentales".

Esta decisión supone el rechazo al pago de 51 millones de euros correspondientes a las liquidaciones de los años 2023 y 2024 que propone el Ministerio de Sanidad para Euskadi, según ha informado el Departamento de Salud del Gobierno Vasco en un comunicado.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha emitido un voto expreso en contra, apoyado en un informe jurídico que concluye que las liquidaciones del FCS y del FOGA "se sustentan en un marco insuficientemente regulado, con carencias de seguridad jurídica, transparencia y estabilidad".

"No podemos respaldar un modelo de compensación de esta magnitud sobre una base legal tan frágil y tan poco clara; sería irresponsable con Euskadi y con el propio Sistema Nacional de Salud", ha afirmado.

Martínez ha subrayado que la decisión de este viernes confirma la "coherencia" de la posición del Gobierno Vasco desde el inicio de la legislatura.

"El tiempo está confirmando las advertencias que Euskadi viene realizando desde hace meses sobre el Fondo de Cohesión Sanitaria y el FOGA; hablamos de un sistema con importantes deficiencias jurídicas, sin desarrollo reglamentario completo y con mecanismos poco transparentes", ha señalado.

El consejero ha recordado que Euskadi ha sido la primera comunidad en reclamar una revisión integral del Fondo de Cohesión Sanitaria y del Fondo de Garantía Asistencial. "Desde el principio hemos defendido lo mismo: reglas claras, respaldo normativo suficiente y criterios homogéneos para todos los territorios", ha manifestado.

Martínez ha precisado que "no se trata de una discrepancia coyuntural, sino de garantizar seguridad jurídica y equidad". El Gobierno Vasco ha recordado que su petición de acometer una revisión del marco normativo estatal "no es una reivindicación reciente", dado que "Euskadi ha venido trasladando de manera reiterada la conveniencia de adecuar la normativa".

El Ejecutivo autonómico ha recordado que durante una comparecencia en la Comisión de Sanidad, en octubre de 2025, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, subrayó como "de vital importancia" abordar el desarrollo normativo del FCS y del FOGA, una vez equilibrados los saldos entre comunidades. Esto --ha destacado el Gobierno Vasco-- se situaba "en línea con una demanda reiterada de las autonomías, entre ellas Euskadi, ante el extraordinario desequilibrio existente".

Asimismo, Padilla --añade el Ejecutivo autonómico-- "manifestó el compromiso del Ministerio de Sanidad de avanzar en una regulación que permita una mayor equidad y cohesión del sistema, dado que actualmente las comunidades asumen prestaciones que no quedan adecuadamente compensadas".

Sin embargo, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha denunciado que "hasta la fecha no se ha producido ningún avance en este ámbito". "Esta situación resulta especialmente relevante en el caso de Euskadi, que ha abonado 169 millones de euros al Sistema de Información de Cohesión entre 2012 y 2022, ya que, pese a representar solo en torno al 5% de la población estatal, ha llegado a aportar cerca del 60% del total, superando incluso la suma de trece comunidades autónomas", ha explicado.

Este es el motivo del voto en contra a "una factura adicional de 51 millones" que el Ejecutivo autonómico considera "desproporcionada". Además, el Departamento de Salud ha indicado que el Ministerio de Sanidad, "conforme a su competencia y responsabilidad, tiene la obligación de impulsar, una vez por todas, el desarrollo normativo del FOGA", tal y como le instó ya el Tribunal de Cuentas, "y no perpetuar esta situación sin ningún tipo de cobertura legal".

El Gobierno Vasco estructura su rechazo a la propuesta del Ministerio en cinco grandes argumentos. El primero de ellos es "la falta de debate y de avance reformador", dado que el asunto no se abordó previamente en la reunión preparatoria del 3 de julio, pese a las demandas planteadas desde el Consejo Interterritorial celebrado en Zaragoza en octubre de 2025.

Por otra parte, ha aludido a la "inseguridad jurídica" del sistema actual, puesto que las sucesivas modificaciones introducidas a través de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado "han alterado la naturaleza inicial del FCS, desplazando aspectos esenciales de su regulación a disposiciones presupuestarias y generando un sistema complejo, con saldos acumulados y una notable incertidumbre sobre su funcionamiento y liquidación".

Otra de las razones aducidas es la "ausencia de desarrollo reglamentario" del FOGA. El Departamento de Salud ha señalado que desde la entrada en vigor del Real Decreto ley 16/2012, "no se ha aprobado el desarrollo reglamentario previsto para determinar los importes a liquidar a través del FOGA, de modo que las liquidaciones se realizan conforme a criterios de órganos de seguimiento y coordinación sin regulación específica".

También ha aludido al "riesgo de extralimitación competencial", debido a que determinados órganos administrativos "se habrían arrogado funciones que podrían exceder sus competencias, otorgando efectos jurídicos a acuerdos o actas sin cobertura legal suficiente, lo que compromete la transparencia, la estabilidad y la seguridad jurídica del sistema".

El último de los argumentos esgrimidos por el Gobierno Vasco apunta a "la perpetuación de un régimen transitorio", dado que el mecanismo de compensación vigente, previsto como temporal, "se ha consolidado de facto como permanente debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, lo que impide una revisión integral del modelo y mantiene sus deficiencias estructurales".

"Estamos ante un procedimiento que nació como algo transitorio y que, por la vía de la inercia, se ha convertido en el mecanismo ordinario de liquidación", ha advertido Martínez. El consejero ha denunciado que "no se han corregido las carencias señaladas y se nos pide que aceptemos liquidaciones sobre una base jurídica que seguimos considerando insuficiente".

La revisión a fondo del sistema de compensación interterritorial en materia sanitaria ha sido una reivindicación constante de Euskadi desde el inicio de la actual legislatura. En el Consejo Interterritorial celebrado en Zaragoza en octubre de 2025, el consejero expuso la necesidad de impulsar una reforma "profunda", advirtiendo de las "carencias" existentes y reclamando una regulación "más sólida, transparente y estable para todas las comunidades autónomas".

"SIGNIFICATIVA" COINCIDENCIA CON MADRID

"La posición de Euskadi ha sido firme y coherente: no cuestionamos la existencia de mecanismos de cohesión y garantía, sino la forma en la que se están calculando y liquidando, sin el rigor normativo que exigen sus importantes repercusiones económicas", ha explicado.

Ante la situación actual, el Gobierno Vasco considera "especialmente significativo" que la Comunidad de Madrid haya expresado también posiciones coincidentes con las defendidas por Euskadi respecto a la necesidad de revisar el marco jurídico de estos instrumentos.

"La incorporación de nuevas comunidades a esta reflexión demuestra que la preocupación por la seguridad jurídica, la transparencia y la equidad del modelo de compensación no es exclusiva de Euskadi", ha indicado Martínez. "Esto refuerza que nuestra posición no responde a un interés particular, sino a la defensa de un sistema justo y correctamente regulado para todos", ha añadido.