SAN SEBASTIÁN 18 May. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Gipuzkoa ha pedido para José María Bravo, ex director de la Oficina de la Hacienda de Gipuzkoa en Irún y principal imputado en el caso del fraude en ella, un total de 24 años y tres meses de prisión, 20 años y tres meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y 16 años de inhabilitación absoluta por delitos de malversación, prevaricación, estafa, receptación, insolvencia punible y usurpación de funciones públicas.
Además, solicita para Bravo, acusado de apropiarse de unos dos millones de euros, mediante el cobro de deudas tributarias a contribuyentes morosos que, luego, no eran ingresadas en Hacienda foral y que fue director de la Hacienda de Irún, una multa de dos millones de euros y restituir al fisco guipuzcoano con 1,9 millones de euros y con otros casi 245.000 euros a la Diputación.
En el escrito de acusación provisional, la Fiscalía de Gipuzkoa solicita una pena de 24 años y tres meses de cárcel, inhabilitación absoluta durante 16 años, inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 20 años y tres meses, y una multa de dos millones de euros por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación continuada, receptación e insolvencia publible cometidos entre 1990 y 2004.
Además, solicita 10 años y un mes de prisión para Rosa María Cobos, esposa de Bravo, que trabajó en la Diputación guipuzcoana entre 1985 y 1994 y, posteriormente, en el Ayuntamiento de Errenteria y que se considera colaboradora de Bravo, por delitos de malversación, receptación e insolvencia punible, además de nueve años de inhabilitación absoluta y una multa de dos millones de euros.
Para el acusado, Pedro María Atristáin, socio de José María Bravo en varias empresas, la Fiscalía socilita una pena de un año y medio de cárcel por un delito de receptación.
Por otro lado, Bravo y Cobos deberán restituir o indemnizar a la Hacienda foral por vía de responsabilidad civil, con cantidades que suman 1.90.198,13 euros. Asimismo, el ex director de la Hacienda de Irun tendrá que indemnizar a la institución foral, por las cantidades no cobradas, a consecuencia de resoluciones de insolvencia o prescripción no ajustadas a derecho, en 244.963,76 euros más intereses.
Para el pago de estas cantidades, la Fiscalía apunta que se mantengan los embargos ya acordados sobre las sociedades de Bravo Hotel Túnel del Hada y Spa Túnel del Hada y que se acuerden los embargos de las cantidades de las mismas.
En cuanto al decorador José Lamy, también procesado en esta causa, la Fiscalía determina su sobreseimiento provisional, al considerar que no está "suficientemente acreditada" su participación en un delito de cohecho.