Fiscalía vasca pide a los miembros de ETA que se pongan a disposición de la Justicia tras disolverse y entregar armas

Juan Calparsoro
EUROPA PRESS
Actualizado: miércoles, 3 octubre 2012 14:59

Cree que, "en pocos años", será difícil encontrar plazas de fiscales en Euskadi porque será "un destino apetecible"


BILBAO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía vasca pide a ETA, en su Memoria de 2011, que se disuelva, entregue el armamento y los miembros de la banda que tienen "responsabilidades penales" se pongan a disposición de la Justicia porque los que hayan cometido "graves delitos" deberán cumplir sus condenas. Además, cree que, "en pocos años", con la "normalidad social" que se está logrando en Euskadi, será difícil encontrar plazas de fiscales en esta comunidad autónoma porque será "un destino apetecible".

La Memoria Fiscal del pasado año, presentada este miércoles por el Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, señala que Euskadi sigue siendo una comunidad autónoma "muy segura, con unos índices reducidos de criminalidad", y subraya que, "por primera vez en mucho años", la Comunidad Autónoma Vasca vive "una situación de paz social y política", que no conocía "desde hacía demasiado tiempo".

"El cese definitivo de la actividad terrorista de ETA, anunciado el día 20 de octubre de 2011, que fue precedido por anuncios de tregua en enero de ese años y en septiembre de 2010, ha abierto una etapa nueva en esta comunidad, como en la Foral Navarra y el resto del Estado, que permite vislumbrar un futuro de progreso, de bienestar, de prosperidad y de recuperación y restablecimiento moral de la sociedad vasca", subraya.

En este sentido, afirma que "la sensación en Euskadi es que el cese de la actividad terrorista es irreversible, que no hay vuelta a atrás y que la paz ha llegado". "Faltan pasos muy importantes, pues ETA debe proceder cuanto antes a disolverse y debe entregar el armamento en su poder, así como ponerse a disposición de la justicia los que tengan responsabilidades penales", añade.

Tras apuntar que, "sin duda, el Estado de Derecho (incluida la Justicia) sabrá interpretar y aplicar la legalidad conforme a esa nueva situación y realidad social", indica que "el terrorismo de ETA ha dejado en Euskadi unas heridas muy difíciles de curar".

"Tantos seres humanos asesinados, heridos, secuestrados, amenazados, coaccionados, excluidos, discriminados, exiliados, de una manera sistemática, planificada y continuada en el tiempo durante estos últimos 50 años (desde que se fundó ETA y cometió su primer crimen) no pueden ser reparados en poco tiempo", manifiesta.

En este sentido, asegura que se precisará de "mucho tiempo y trabajo de recuperación, de memoria, de verdad, de protección, de restablecimiento de su buen nombre y de su honor, de reconocimiento público y social por parte de la sociedad y las instituciones públicas".

"Todas las víctimas del terrorismo son un referente permanente del pueblo vasco y del conjunto del pueblo español en su lucha por la democracia, la libertad y contra la barbarie. Y así seguirán siendo", asevera.

De esta forma, dice que "la principal causa de criminalidad, y con efectos devastadores en el País Vasco, ha terminado, si bien debe concluirse el proceso con justicia, prudencia, sensibilidad con las víctimas y la sociedad y con inteligencia".

"Los responsables de graves delitos deberán cumplir sus condenas según lo previsto en la Constitución, el Código Penal y la legislación penitenciaria, donde se prevén beneficios penitenciarios individualizados conforme a la actitud y evolución del tratamiento de cada preso con el objetivo de conseguir su reinserción en la sociedad. La disolución de ETA supondrá una mejora del pronóstico favorable de reinserción", puntualiza.

MOVILIDAD

La Memoria Fiscal destaca que, durante el año 2011, las Fiscalías del País Vasco "han continuado con gran movilidad" de sus plantillas, "lo que ha obligado a tener que recurrir a fiscales sustitutos, que cubren que gran eficacia y esfuerzo personal las necesidades de trabajo".

No obstante, apunta que "esta situación está cambiando como consecuencia del clima de normalización y tranquilidad social que se ha instalado en el País Vasco, al igual que en Navarra y en el resto de España, por la paulatina y progresiva disminución de la actividad terrorista de ETA hasta su cese definitivo", lo que se produjo el 20 de octubre de 2011.

Según explica, esto "ha conllevado una disminución de la conflictividad social, extendiéndose, desde entonces, un clima de normalización, de tranquilidad pública y de paz social", al existir la sensación de que se trata de "una situación irreversible".

"La situación de normalidad social va a suponer, sin duda, que el País Vasco sea un destino apetecible para los fiscales y, en pocos años, va a ser difícil encontrar plazas en las Fiscalías vascas", señala.

RELACIONES CON BILDU

El informe también resalta que Juan Calparsoro ha mantenido "las habituales y necesarias" relaciones de comunicación y cooperación con las instituciones autonómicas, provinciales y locales, y recuerda que ese año "se produjeron cambios importantes en la Administración provincial y local de Euskadi, a raíz de la celebración de elecciones a juntas generales de los territorios históricos y a los ayuntamientos".

En esta línea, señala que, tras anteriores elecciones en las que los miembros de la izquierda abertzale "no pudieron presentarse al incurrir en los supuestos de la Ley Partidos Políticos", éstos se presentaron en los comicios, "aunque no con un partido propio sino en coalición con otros partidos mediante la coalición electoral 'Bildu'".

"Ello ha supuesto que la Diputación Foral de Gipuzkoa la dirija un miembro de la izquierda abertzale, así como gran número de ayuntamientos del País Vasco, sobre todo en Gipuzkoa. Las relaciones institucionales y los contactos de la Fiscalía con esos representantes son las normales", precisa.

El Fiscal Superior subraya, en concreto, "la buena acogida y disposición" con las que fue recibido en las poblaciones donde gobierna Bildu, como por ejemplo en Hernani, donde participó en julio de 2011 en la concentración de repulsa por el asesinato de Rosario Román "por violencia machista". El acto de repulsa fue convocado por el Ayuntamiento, y Calparsoro fue recibido por el alcalde y concejales en el Consistorio y por el conjunto de la población hernaniarra.