BILBAO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Foro de Ermua interpuso hoy ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) una querella contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, al que atribuye delitos de prevaricación y denegación de auxilio por reunirse con el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi.
Además, hizo extensible la querella a los representantes de Batasuna, Arnaldo Otegi, Juan José Petrikorena y Pernando Barrena, que asistieron al encuentro que se celebró en Lehendakaritza y que se enmarcaba en la ronda de contactos que el lehendakari mantuvo con los diferentes partidos vascos.
Este colectivo acusa a todos ellos de delitos de prevaricación y de denegación de auxilio para evitar la comisión de hechos delictivos como desobediencia, quiebra de medida cautelar y reunión ilícita, derivados de la reunión con la formación ilegalizada.
En un comunicado, el Foro de Ermua denuncia que "no hay noticias de que el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, haya actuado en contra de estos delitos, como es su obligación, ni que tenga intención de hacerlo", y manifestó que espera "el inminente" ingreso en prisión de Otegi, que ha sido condenado hoy por la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo.
Además, recuerda que requirió, previamente y por escrito el día 14, a Juan José Ibarretxe que suspendiera la reunión, "advirtiendo que su celebración podría suponer la comisión de diversos delitos, dado que Batasuna es una formación ilegalizada que tiene prohibida toda actividad por el Tribunal Supremo y que se encuentra suspendida por la Audiencia Nacional".
No obstante, apunta que el lehendakari "desoyó requerimiento y decidió seguir adelante con la reunión a pesar de su carácter presuntamente delictivo". "El hecho de que sea el propio presidente del Gobierno vasco quien incite al delito, llamando expresamente a una reunión a una formación ilegalizada por ser instrumento de ETA, es un desacato en toda regla a la autoridad de los más altos tribunales y nos muestra, nuevamente, el respeto que éstos merecen al Gobierno de Euskadi", afirma.
A su juicio, "en cualquier Estado de Derecho resultaría inaudito que esta actitud quedara impune" porque "en ningún país de la Europa comunitaria se toleran actitudes de este carácter". "La pasividad del Estado, empezando por la Fiscalía General y siguiendo por el Gobierno, ante el sistemático desafío de Batasuna al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional, no por habitual y conocida, causa menos preocupación y alarma entre los ciudadanos", apunta.
Asimismo, cree que "esta contumaz actitud de mirar para otro lado ante los delitos de los abertzales y demás nacionalistas es signo evidente de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero no está respondiendo de manera adecuada frente a la sistemática desobediencia de Batasuna a las decisiones judiciales, sino todo lo contrario".
"Una vez más el presidente Zapatero está promoviendo que el Estado haga dejación de sus resposabilidades y se coloque en tregua frente a los terroristas y sus colaboradores", manifiesta.
Por ello, hace un llamamiento a los jueces y magistrados "que tienen la obligación de juzgar y hacer cumplir lo juzgado, para que impongan desde la autoridad que detentan el cumplimiento de las resoluciones judiciales y el imperio del Estado de Derecho".
"Las treguas de ETA no pueden condicionar la aplicación de las leyes, como pretenden -entre otros- el Fiscal General y diversos dirigentes del PSE. Actuando de un modo responsable y profesional los jueces preservarán la fortaleza e independencia de la Justicia, aunque esté en marcha un llamado 'proceso de paz' que, en realidad, se está desvelando como un 'proceso de autodeterminación de Euskadi y de anexión de Navarra'", agrega.
LA CONDENA DE OTEGI
Por último, se refiere al hecho de que la Audiencia Nacional haya condenado a Arnaldo Otegi, a 15 meses de cárcel y siete años de inhabilitación absoluta por un delito de enaltecimiento del terrorismo, al haber participado en un homenaje al activista de ETA José Miguel Beñarain, 'Argala', el 21 de diciembre de 2003.
"Desde el Foro Ermua consideramos que esta decisión judicial contribuye a mantener la confianza en la Justicia y en la derrota definitiva de los terroristas. Esperamos que, en escasos días, Otegi ingrese en prisión y, dada la acumulación de sentencias y la libertad condicional de que viene disfrutanto, se mantenga su prisión incondicional durante los 15 meses", añadió.
Asimismo, recuerda que la condena de siete años de inhabilitación absoluta "implica que esta persona no podrá desempeñar ningún cargo de responsabilidad pública en la sociedad democrática y, por consiguiente, supone un motivo más para no ser considerado interlocutor en ninguna negociación en Euskadi".