No están afectadas ni pensionistas, ni personas con incapacidad o en situaciones de alta exclusión diagnosticada
VITORIA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco ha asegurado que cumple la ley al instar a la suspensión de la prestación a los perceptores de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que incumplen el requisito de estar inscritos en un servicio público de empleo, medida que ha sido tachada de "arbitaria, discriminatoria e inoportuna" por parte de la Diputación foral de Bizkaia.
En un comunicado, la Consejería ha explicado que la propuesta de sanción por incumplimiento de la obligación de mantener una demanda activa de empleo por parte de las personas perceptoras de Renta de Garantía de Ingresos figura expresamente en la Ley 18/2008 de 23 de diciembre para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social en su artículo 19.
En dicho artículo se expresa que deberán "mantenerse, tanto la persona titular como los miembros de su unidad de convivencia que se encuentren en edad laboral, disponibles para el empleo". Y añade que "esta disponibilidad incorporará también el compromiso de permanecer inscritas ininterrumpidamente como demandantes de empleo, de no rechazar un empleo adecuado, de no darse de baja voluntaria".
Con esta comprobación, que es el inicio de un programa completo anunciado en el Parlamento, este Departamento busca acreditar este Sistema de Protección "tan necesario, pero también tan necesitado de transparencia y buena gestión".
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN
Asimismo, el Departamento de Asuntos Sociales ha apuntado que la suspensión responde al incumplimiento de una obligación, la de mantener una demanda activa de empleo. "Es evidente que una Ley de una administración pública al hablar de mantener activa la demanda de empleo, se refiere al registro en el sistema público de empleo, hasta ahora INEM o más recientemente Servicio Público de Empleo Estatal", ha explicado.
Ha recordado que también se incluyó entre las posibilidades a Lanbide, por lo que la obligación se podía cumplir en cualquiera de los dos sistemas. De esta forma, se ha propuesto la suspensión de las personas que no cumplen la obligación en al menos uno de los dos sistemas, que a partir del próximo 3 de enero se funden en el nuevo Lanbide.
En este sentido, no cree "razonable" plantear que la administración acepte que la demanda activa de empleo se mantengan fuera de al menos uno de estos dos sistemas, siendo las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) en todo caso, empresas que pueden colaborar en la colocación de personas, pero no registros públicos de demanda de empleo, en ningún caso. "Porque lo que finalmente defiende el Gobierno vasco es la disponibilidad de aquellas personas que perciben la prestación de RGI a estar disponibles para el empleo, sean nacionales o extranjeras", ha precisado.
Tal y como se acordó con la Diputación de Bizkaia, no están afectadas por la suspensión ni las personas que todavía no tienen renovada su Renta Básica como Renta de Garantía de Ingresos, ni pensionistas, ni personas con incapacidad o en situaciones de alta exclusión diagnosticada.
CRUCE DE DATOS
"Los datos que se cruzan, como bien sabe la Diputación de Bizkaia, son relativos al mes de noviembre. Tanto los datos de la demanda de empleo, como los datos de la prestación. En ningún caso se han cruzado datos antiguos o períodos como el que señala la Diputación de Bizkaia desde el momento de la solicitud", ha manifestado.
Por ello, ha destacado que "no se trata de un mero cruce informático, sino un procedimiento elaborado y bien estructurado, pactado en dos reuniones, una de carácter político y otra de carácter técnico, celebradas en la primera parte del mes de noviembre y que cuenta con el beneplácito de la Diputación". "Los datos de las suspensiones están perfectamente verificados por las diputaciones, como así lo demuestra el intercambio de documentación entre los ejecutivos forales y el Departamento", ha aseverado.
Por otro lado, ha afirmado que "el espíritu y, en todo caso, la letra de la Ley citada es el cumplimiento de un doble derecho, el de la prestación y el de la inclusión. La activación a través del empleo es la oportunidad fundamental para las personas que reciben la prestación".
Por ello, ha considerado que no puede permitir, como ocurre, que 13.000 personas permanezcan cronificadas en la prestación de RGI desde hace más de cinco años, de los cuales 10.000 son ciudadanos/as de Bizkaia. El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales va a proceder a verificar la disponibilidad de estas personas para el empleo.
Por último, ha indicado que el Gobierno seguirá apostando, "sin duda", por un Sistema Vasco de Garantía de Ingresos "transparente, dinámico, que cumpla con el derecho a la prestación y a la activación, que una ambos derechos en el Lanbide que nace en enero, que mejore su gobernanza y eficiencia y que se sostenga en el tiempo y sea explicable a toda la población. Que proteja sin subsidiar y que ponga en valor la cualificación y el empleo como motor de la inclusión".
