Reconoce que las elecciones de mayo "condicionan" la posibilidad de un acuerdo sobre las cuentas de 2023
VITORIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Economía, Pedro Azpiazu, ha trasladado a los grupos de la oposición la posibilidad de aceptar modificaciones presupuestarias por un importe que oscila entre los 27,5 y los 54 millones de euros, una oferta que se adecua a los criterios competenciales y de "viabilidad" a los que el Gobierno Vasco circunscribe estas negociaciones.
Azpiazu, que ha comparecido ante los medios de comunicación a la conclusión de la segunda ronda de reuniones con la oposición para tratar de buscar un acuerdo presupuestario, ha reconocido que las elecciones municipales y forales "condicionan" las negociaciones con EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs.
No obstante, ha explicado que por el momento, siguen abiertas las negociaciones con todos los grupos de la oposición, a los que ha citado para una tercera reunión.
El consejero ha detallado cuál es la contraoferta que su departamento ha trasladado a cada una de estas tres formaciones, que en los anteriores encuentros de esta negociación le presentaron sus respectivas propuestas.
En el caso de EH Bildu, la oferta que ha trasladado el Gobierno a la coalición asciende a 54,05 millones de euros, y abarca once ejes
estratégicos, y 32 compromisos referidos a materias como salario mínimo interprofesional, vivienda, fiscalidad, salud, protección social, emancipación juvenil, transporte, trabajo y empleo, transición energética, cultura y apoyo a sectores económicos estratégicos.
En materia de Salario Mínimo Interprofesional, el Ejecutivo está dispuesto a asumir el compromiso, en todos los marcos de empleo y diálogo social, de defender públicamente un salario mínimo de convenio colectivo sectorial que sea proporcional a la renta media de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
A su vez, en el área de vivienda, Azpiazu ha explicado que aceptarían establecer una limitación de los precios al alquiler de vivienda, algo que se pondría en marcha, a través de un sistema de control de los previos del alquiler privado, cuando la futura normativa estatal en materia de regulación de precios del alquiler privado lo permita y "de conformidad con los acuerdos del Parlamento Vasco al respecto".
El Gobierno también aceptaría plantear, en el marco del Órgano de Coordinación Tributaria, la elaboración de un informe sobre posibles medidas fiscales para contener los precios de alquiler. Asimismo, estaría en disposición de incluir en el Plan Vasco de Estadística 2023-2026 una operación destinada a determinar el esfuerzo financiero de los hogares en régimen de alquiler para hacer frente a los gastos de renta de alquiler y los suministros básicos de la vivienda habitual.
Otra de las propuestas que se recoge en la oferta trasladada a EH Bildu es la ampliación del parque público de viviendas destinadas al alquiler social en 1.300 viviendas hasta el final de la legislatura, un objetivo al que se destinarían seis millones de euros.
En materia de salud, Azpiazu se ha mostrado dispuesto a continuar con la implantación de la Estrategia de Atención Primaria y el
refuerzo de la Atención Especializada para disminuir listas de espera, así como a ampliar la cartera de los servicios ofrecidos a la ciudadanía en salud bucodental a determinados colectivos (niños de 0 a 6 años, embarazadas, personas con discapacidad y personas en procesos oncológicos -cara y cuello-).
La propuesta contempla, asimismo, avanzar en la estabilización y consolidación de la plantilla de Osakidetza. Todas estas medidas en el ámbito sanitario supondrían una modificación presupuestaria valorada en veinte millones de euros.
Otra de las principales propuestas trasladadas a EH Bildu es el establecimiento de una línea de préstamos en el Instituto Vasco de Finanzas para hacer frente, con 15 millones de euros, a los sobrecostes del sector primario y de las empresas de la cadena alimentaria.
La oferta dirigida a E-Podemos-IU asciende a 41,87 millones de euros y abarca 13 ejes estratégicos, y 40 compromisos, referidos a cuestiones como fiscalidad, educación, salud, sector primario, medio ambiente, transición energética, trabajo y empleo, vivienda, protección social, igualdad, juventud, euskara y política lingüística, y transporte centran la propuesta.
Una de las principales propuestas, similar a la planteada a EH Bildu, consiste en la ampliación de la cartera de los servicios ofrecidos a la ciudadanía en salud bucodental a determinados colectivos (niños de 0 a 6 años, embarazadas, personas con discapacidad y personas en procesos oncológicos -cara y cuello-), así como avanzar en la estabilización y consolidación de la plantilla de Osakidetza.
También se ha trasladado a la coalición progresista la posibilidad de destinar cinco millones de euros a incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial; y de aportar otros cinco millones para subvenciones a proyectos de autoconsumo colectivo mediante cooperativas energéticas.
La oferta a PP+Cs asciende a 27,5 millones de euros, y abarca tres ejes estratégicos, y ocho compromisos: fiscalidad, educación y apoyo a sectores estratégicos.
En este caso, la propuesta mas importante consiste en destinar 15 millones de euros a una línea de préstamos en el Instituto Vasco de Finanzas para hacer frente a los sobrecostes del sector primario y de las empresas de la cadena alimentaria.
Además, Azpiazu se ha mostrado dispuesto a incrementar un 10% los contratos-programa con el Sistema Universitario Vasco para impulsar una formación de calidad, una investigación de excelencia internacional, y una transferencia hacia la sociedad, atendiendo además a aspectos tales como la transformación digital y la internacionalización. A este objetivo se destinarían 5,3 millones de euros.
FISCALIDAD
En materia fiscal, y en una reflexión que ha hecho extensiva a las propuestas tributarias de todos los grupos, el consejero se ha
comprometido a poner en marcha en 2023, junto a las instituciones
competentes de los territorios históricos, el proceso de revisión de los resultados de las reformas aprobadas en 2014 y en 2018, "en el momento en el que los indicadores se hayan estabilizado y permitan la obtención de conclusiones útiles para los objetivos de la reflexión".
En todo caso, ha reiterado que "en situaciones de inestabilidad como la actual, no toca una reforma fiscal". Además, ha recordado que no se puede "obviar" que las instituciones que deben tramitar y aprobar las modificaciones tributarias -las diputaciones forales y las Juntas Generales- terminan su periodo legislativo en el plazo de tres meses.
El consejero ha precisado que "no hay tiempo" para acometer una reforma tributaria en profundidad, y que "no tendría sentido impulsar una reforma fiscal en tiempos electorales". "Es una cuestión que trasciende a un mero ejercicio presupuestario y a una negociación presupuestaria concreta", ha explicado.
Pese a todo, ha mostrado su esperanza de lograr un acuerdo con algún grupo de la oposición, si bien ha vuelto a recordar que la aprobación de los presupuestos está garantizada con la mayoría que suman los partidos del Gobierno Vasco (PNV y PSE-EE) en el Parlamento Vasco.
Azpiazu ha reconocido que los 54 millones de euros de margen de negociación que está dispuesto a sumir no suponen una cantidad "terrible". No obstante, ha advertido de que plantear modificaciones presupuestarias de 500 millones de euros "está fuera" del margen asumible por el Ejecutivo. "Hemos hecho un esfuerzo por ofrecer la máxima cuantía que podemos", ha afirmado.
