Denuncia que la legislación antiterrorista recorta libertades y "lamina los valores que cohesionan los derechos humanos"
VITORIA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno vasco promoverá ante las Cortes Generales un paquete de modificaciones legislativas y judiciales, incluida la derogación de la Ley de partidos, la desaparición de la Audiencia Nacional y el fin de la dispersión de presos de ETA, al considerar que la legislación antiterrorista "propicia recortes de ámbitos de libertad personal que acaban por laminar los valores que cohesionan los derechos humanos". Las medidas forman parte del Plan de acción en defensa y promoción de los derechos civiles y políticos del Ejecutivo autonómico.
El plan, presentado hoy por la portavoz del tripartito, Miren Azkarate, y el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, y aprobado en el último Consejo de Gobierno, trata de hacer frente al "envenenamiento del clima político" y a la "inseguridad jurídica" derivados de medidas como la Ley de Partidos, la doctrina para el cumplimiento íntegro de las penas y el "aprovechamiento" de este marco legal por parte de algunos jueces para "censurar y supervisar" la acción política.
Ante esta situación, el Ejecutivo presentará una serie de medidas para la modificación de aquellas normas legales que "suponen una restricción o vulneración de los derechos civiles o políticos". Las iniciativas, que serán promovidas ante los parlamentos vasco y las Cortes Generales, incluyen reformas de índole procesal, como la desaparición del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y de la Audiencia Nacional.
También se plantea la derogación del régimen de incomunicación y de la Ley de partidos, así como la desactivación de la política de dispersión para los presos de ETA y la derogación de la normativa para el cumplimiento efectivo de la pena para delitos de terrorismo.
REDUCCION DE PENA
El Gobierno vasco, que asegura que con estas medidas no se trata de "desarmar" al Estado ante el terrorismo, sino de "armarlo democrática y éticamente" frente a él, también planteará la reducción de la pena para el delito de colaboración terrorista y la modificación del delito de terrorismo con estragos o incendios terroristas, para el que reclamará que se exija adicionalmente la puesta en peligro de la vida o integridad de las personas.
De igual manera, solicitará la derogación de los presupuestos de obstáculo excepcionales para el acceso a la libertad condicional de presos por terrorismo y la anulación del delito de amenazas colectivas "por su excesiva inconcreción".
Al margen de estas iniciativas, el tripartito organizará diversas actividades y encargará informes sobre la situación de los derechos civiles y políticos en Euskadi. Entre éstos últimos, solicitará la elaboración de un informe anual independiente sobre el respeto a estos derechos en el País Vasco y encargará un estudio sobre la situación del cierre de medios de comunicación. Ambos trabajos serán remitidos a los parlamentos europeo, español y vasco.
De igual forma, se celebrará un foro de reflexión internacional sobre la normativa antiterrorista en el ámbito estatal y europeo, un seminario sobre la aplicación de las declaraciones internacionales de Derechos Humanos en Euskadi y en el resto del Estado y una jornada sobre el ejercicio efectivo del derecho a la información en la comunidad autónoma.
LIMITES "REBASADOS"
Con estas iniciativas se trata de hacer frente a una situación en la que "la legislación excepcional contra el terrorismo ha sobrepasado" los límites que deben acotarla. En este sentido, el tripartito asegura que los derechos civiles y políticos tienen unos límites que han sido "rebasados" desde "diversos frentes" de la lucha antiterrorista.
En la misma línea, en el texto se establece que, "en la actual legislación excepcional antiterrorista, subyace una imagen del ciudadano como 'enemigo', que propicia recortes de ámbitos de libertad personal que acaban por laminar el suelo ético y de valores que animan y cohesionan los derechos humanos".
