BILBAO, 7 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno Vasco rechaza el proyecto de Real Decreto que modifica el actual Real Decreto 640/2021, sobre creación y reconocimiento de nuevas universidades. Así lo trasladará este jueves el viceconsejero vasco de Universidades, Xabier Aizpurua, en su intervención en la Conferencia General de Política Universitaria que se celebrará en Valencia.
La Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) es el órgano de coordinación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas en materia de política universitaria, y constituye el espacio en el que se abordan iniciativas como esta, que afectan al reparto competencial y al modelo universitario de cada territorio.
En un comunicado, el Ejecutivo vasco ha denunciado que esta propuesta "altera de forma sustancial el régimen jurídico universitario". El proyecto plantea modificar buena parte del articulado vigente, "sin que se haya concedido a las comunidades autónomas el preceptivo trámite de audiencia", ha reprochado.
Tras destacar que ya presentó alegaciones al texto el pasado 15 de abril, sin haber recibido respuesta por parte del Ministerio hasta la fecha, entre los motivos del rechazo, el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación ha señalado, en primer lugar, aspectos formales, como la tramitación del proyecto de reforma por la vía de urgencia "sin justificar debidamente tal procedimiento en un asunto de gran calado".
En segundo lugar, critica aspectos competenciales, ya que el proyecto "invade atribuciones que corresponden a las comunidades autónomas, dado que contraviene el reparto constitucional de competencias y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional".
Finalmente, reprocha que cuestiona la oportunidad del proyecto, por generar un entorno normativo "restrictivo" que dificulta la incorporación de nuevas universidades al sistema, "afectando de forma negativa a la diversidad y calidad del panorama universitario".
En lo relativo al contenido del proyecto de reforma de Real Decreto, el Gobierno Vasco rechaza, entre otras y muy especialmente, las siguientes modificaciones propuestas: atribuye al estado las competencias relativas a las universidades on-line, lo que constituye una "centralización contraria a las competencias autonómicas"; convierte en vinculantes los informes de las agencias de calidad, lo que "hurta a los parlamentos autonómicos la capacidad legislativa en este ámbito"; y eleva de dos a tres los programas de doctorado que han de ofrecer las universidades, lo que "dificulta" la especialización de las universidades.
En aras de una supuesta garantía de calidad, exige un número mínimo de estudiantes de 4.500, "cuando algunas de las mejores universidades del mundo tienen números inferiores", ha reprochado, para lamentar también que limita -en contra de la LOSU- la facultad de recabar la solicitud de verificación de nuevas titulaciones oficiales o de su modificación sustancial, que las universidades quieran llevar a cabo.
"Por vía reglamentaria, se limita así de forma inconstitucional el ejercicio de un derecho fundamental", ha criticado.
El Gobierno Vasco considera "fundamental" recordar que la creación de universidades constituye un derecho reconocido en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), y considera que cualquier regulación en este ámbito "debe respetar el marco competencial y contribuir a fortalecer un sistema universitario plural, riguroso y de calidad".