Gobiernos vasco y navarro quieren promover un grupo de trabajo con el Ejecutivo central sobre política penitenciaria

Se comprometen a hacer "una reflexión crítica global" sobre el pasado que incluya la violencia de ETA y sea compartida por todos los partidos

BERTIZARANA (NAVARRA), 4 (EUROPA PRESS)

Los Gobiernos vasco y navarro se han comprometido a promover un grupo de trabajo sobre política penitenciaria con el Ejecutivo central, con el fin de impulsar, entre otras cuestiones, un proceso de acercamiento de los presos de ETA. Además, impulsarán "una reflexión crítica global" sobre el pasado, que incluya "explícitamente" la violencia de ETA y sea compartida, "por primera vez", por todos los partidos.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, y la presidenta de la Comunidad Foral, Uxue Barkos, han comparecido juntos este viernes en el Palacio del Señorío de Bertiz en Navarra, con motivo de la declaración ayer de la disolución de ETA.

En ella han presentado unas propuestas y compromisos que han adquirido, tras el fin de la banda, al considerar que "se dan las condiciones para acordar los pasos que consoliden una nueva etapa de convivencia en la sociedad".

En un documento que han elaborado conjuntamente, recuerdan que, durante los últimos años y tras el anuncio en 2011 del fin de la actividad armada de ETA, han manifestado "reiteradamente que la consolidación de la paz y la convivencia tenía tres cuestiones principales y pendientes: el desarme y disolución de ETA, la memoria crítica sobre el pasado y la política penitenciaria".

Tras considerar que "una de esas tres cuestiones ha quedado despejada" con la disolución "unilateral, efectiva y definitiva" de la organización terrorista, indican que la decisión de ETA, "aunque llegue muy tarde, tiene carácter histórico porque permite empezar a cerrar definitivamente una etapa negra de la historia".

En este sentido, creen que "la pervivencia de ETA, aunque fuera solo simbólica, se había convertido en un factor de bloqueo", pero "el desarme en 2017 y el anuncio de final definitivo en 2018 han superado este escollo".

Por ello, afirman que, en la actualidad, "se dan las condiciones para acordar y dar los pasos que abran definitivamente una nueva etapa de convivencia" y por la que "tanto" han trabajado "las instituciones y la sociedad organizada".

"REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS"

Los Ejecutivos vasco y navarro apuntan que en esta nueva etapa de convivencia "la reparación integral a las víctimas" tiene que constituir "una tarea prioritaria". Las propuestas que plantean, según explican, se desarrollarán en los ámbitos institucionales competentes y se desdoblarán en dos marcos temporales: pasos a corto plazo y pasos con proyección a medio plazo.

En este sentido, señalan que los objetivos a corto plazo tienen "una relación directa con el cierre definitivo del capítulo de ETA y se plasman en dos objetivos autónomos", como son el de "la reflexión crítica" y la política penitenciaria.

De esta forma, plantean hacer "una reflexión crítica global sobre el pasado que, incluyendo explícitamente la violencia de ETA, sea compartida, por primera vez, por todas las fuerzas políticas".

También proponen "un consenso sobre adaptación de la política penitenciaria al nuevo contexto que, definitivamente, alcance a todas las fuerzas políticas". "La consecución de estos dos consensos a corto plazo elimina obstáculos y crea condiciones favorables y propicias para avanzar en objetivos estratégicos de medio plazo", indican.

En cuanto a los "pasos con proyección a medio plazo", tienen "una relación directa con una normalización estratégica de la convivencia y con el encuentro social, se orientan al logro de tres grandes objetivos: memoria, víctimas y educación".

A su juicio, es necesaria "la consolidación de una memoria plural y compartida, basada en la clarificación de lo ocurrido en materia de vulneraciones de derechos humanos".

Además, consideran necesario "el impulso de políticas públicas de reconocimiento y reparación de todas las víctimas del terrorismo, la violencia y las violaciones de derechos humanos". También señalan que debe promoverse "una educación y una cultura para la convivencia y los derechos humanos de vocación preventiva ante el futuro y sus retos emergentes".

PASOS A CORTO PLAZO

Los Gobiernos de Iñigo Urkullu y Uxue Barkos se plantean impulsar pasos estratégicos a corto plazo, como la promoción de "una declaración crítica y global sobre el pasado que, incluyendo la violencia de ETA, sea compartida, por primera vez, por todas las fuerzas políticas".

El punto de partida para afrontar esta "reflexión crítica y compartida" incluye consideraciones como que "el final de ETA no puede suponer pasar página, sin una valoración crítica y explícita sobre lo sucedido".

"La construcción del futuro se asienta en el reconocimiento del daño injusto provocado a las víctimas del terrorismo y la violencia. La construcción de una memoria plural y compartida se ha de basar en el rechazo público a cualquier forma de terrorismo o violencia y a su legitimación o justificación", añaden.

También destacan que "la normalización de la convivencia requiere una valoración clara y compartida sobre la injusticia de la violencia de todas las organizaciones terroristas y singularmente de ETA". "Ante todas las víctimas, es necesario reconocer que ninguna causa tuvo nunca un valor mayor que la vida, dignidad o integridad de cada una de ellas", añaden.

En esta línea, se comprometen "a que la memoria y el honor de las víctimas no queden relegados por una mirada al futuro que se olvide del pasado". "Nos comprometemos, por razones éticas y en cumplimiento de las leyes pertinentes, a reparar a todas las víctimas, sea cual sea la causa de su victimación, rechazando cualquier tipo de equiparación compensatoria entre unas u otras vulneraciones de derechos humanos", aseguran.

POLÍTICA PENITENCIARIA

Ambos Ejecutivos pretenden promover un grupo de trabajo sobre política penitenciaria entre el Gobierno de Navarra, el Gobierno Vasco y el Gobierno central "que desarrolle los consensos parlamentarios que se alcancen en Navarra y en Euskadi".

El punto de partida para el logro de ese consenso incluye hacer un emplazamiento a los presos "a desarrollar las vías legales penitenciarias sobre la base de los principios de individuación, reconocimiento del daño causado y reinserción". Asimismo, proponen impulsar un proceso de acercamiento de los presos a cárceles próximas a sus lugares de residencia conforme a lo que establece la legislación penitenciaria.

En su opinión, se debe aplicar, "con criterio humanitario, las posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico, tanto para personas presas enfermas o con menores a su cargo, como septuagenarias". Además, propone que se promueva "una política de reinserción acorde con su definición constitucional, y con itinerarios viables cuando el riesgo de reincidencia ha desaparecido fehaciente y definitivamente".

Entre los pasos estratégicos que se plantean, en este sentido, se encuentran el desarrollo de "una estrategia integral para la convivencia, otorgando carácter de prioridad" a los ámbitos de acuerdo "como las políticas públicas de justicia, la reparación y solidaridad con todas las víctimas del terrorismo, y de memoria y clarificación del pasado".

También creen que hay que apostar por políticas públicas de educación y cultura de convivencia y derechos humanos, y de "reconocimiento legal de los derechos de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos de motivación política".