Las instituciones vascas destinarán 3.250 millones al desarrollo de las medidas del 'Plan Director de Vivienda'

VITORIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las instituciones vascas destinarán 3.250 millones de euros en los tres próximos años al desarrollo de las medidas contempladas en el 'Plan Director de Vivienda 2025-2027', a través del que se pretende dar respuesta a la "emergencia habitacional" que sufre Euskadi, según ha explicado el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso.

Itxaso ha presentado, ante la Comisión de Vivienda del Parlamento Vasco, el 'Plan Director de Vivienda 2025-2027', aprobado el pasado mes de mayo por el Gobierno y que este martes está siendo objeto de debate y presentación de aportaciones por parte de los grupos de la Cámara.

El documento, que marcará las prioridades del Gobierno Vasco en materia de vivienda para los próximos tres años, tiene como meta "señalar la hoja de ruta para hacer frente a la emergencia habitacional, revirtiendo las actuales tendencias para que las generaciones presentes y futuras puedan ejercer de manera efectiva su derecho de acceso a una vivienda digna y asequible", según ha explicado Itxaso.

El consejero ha subrayado que "no se trata de un plan técnico más, sino de un proyecto político y social que responde a una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía". Durante su intervención, el consejero ha afirmado que Euskadi "vive hoy una auténtica emergencia habitacional", y que "miles de hogares dedican casi cuatro de cada diez euros a pagar un techo". En ese sentido, ha añadido que las personas en esta situación "no tienen margen para formar una familia, para ahorrar; y su capacidad de consumo está muy limitada".

"Necesitamos un plan en posición de combate para enfrentar el problema del acceso a la vivienda en todos los frentes; con políticas de oferta, para aumentar la vivienda protegida y asequible, actuando también sobre la ciudad construida; y políticas para proteger a las personas demandantes en tanto llegan unas soluciones que requieren tiempo y que es necesario acelerar y agilizar", ha manifestado.

El documento incluye un diagnóstico que constata que Euskadi cuenta con una población envejecida, con un 25% de personas mayores de 65 años y nuevas necesidades de vivienda accesible y adaptada. Además, pone de relieve la "insuficiente" producción de viviendas. A ello se suma un mercado de alquiler muy tensionado, en el que los precios alcanzaron una media de 761 euros, aunque en municipios como Donostia-San Sebastián superan los mil euros.

El consejero ha explicado que el plan establece cinco grandes ejes de actuación, en el que el primero y prioritario es la promoción de vivienda asequible. El objetivo es promover 7.000 viviendas de alquiler asequible durante la presente legislatura, de las cuales 5.250 se pondrán a disposición de la ciudadanía en los próximos tres años. Estas viviendas se destinarán especialmente a jóvenes, mayores, colectivos en situación de vulnerabilidad y también a familias de clase media y personas trabajadoras con bajos ingresos.

El segundo eje es la rehabilitación del parque edificado, con la previsión de financiar actuaciones en 62.000 viviendas y 10.000 edificios en estos tres años, impulsando la aplicación de las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE) y mejorando los niveles de accesibilidad y eficiencia energética del parque existente de edificios y viviendas de Euskadi.

De esa forma, si para 2025 y 2026 se prevé que el impacto de la política de rehabilitación alcance anualmente al 2,5% de los edificios residenciales vascos, en 2027 ese porcentaje deberá situarse en el 3%. El plan refuerza las políticas de rehabilitación integral, con especial atención a los barrios vulnerables.

El tercer eje se centra en ayudas y prestaciones para que nadie quede excluido. Actualmente cerca de 50.000 hogares reciben mensualmente una ayuda económica (PEV, Gaztelagun o Emantzipa) que les ayuda a paliar sus dificultades para acceder a una vivienda.

El cuarto eje impulsa la modernización del sector de la construcción, apostando por la industrialización, la digitalización y la construcción modular para duplicar la capacidad de respuesta del sector. Itxaso ha considerado necesario duplicar la oferta del sector, para situarla en un rango de entre 8.000 y 10.000 viviendas anuales.

El quinto eje se centra en la gobernanza y coordinación, reforzando la colaboración con ayuntamientos, diputaciones, agentes sociales y ciudadanía. Itxaso ha manifestado que "la gobernanza compartida no es un mero formalismo: es la garantía de que las políticas serán efectivas en el territorio, porque se diseñan y aplican con quienes conocen de cerca la realidad local".

Una de las principales novedades del documento es la declaración de zonas tensionadas, que alcanzará en 2025 al 70% de los municipios vascos que cumplen las condiciones legales para ser declarados como tales. El consejero ha indicado que la declaración de una zona tensionada "no es un gesto simbólico ni un 'label', es el reconocimiento de un problema que se acompaña de medidas concretas que buscan reequilibrar el mercado y proteger a los residentes".

"Desde el equilibrio y el acuerdo, las zonas tensionadas son una herramienta de justicia social que tratan de corregir los desequilibrios del mercado y que barrios enteros se conviertan en espacios inaccesibles para sus propios vecinos", ha subrayado.

El plan se apoya en un conjunto de reformas normativas, entre ellas, la Ley de Medidas Urgentes en materia de Suelo, Vivienda y Urbanismo, que pretende agilizar la producción de vivienda protegida; y un Decreto de Medidas Urgentes que permitirá, por ejemplo, transformar locales en desuso en viviendas.

Asimismo --ha añadido el consejero-- se contempla "un esfuerzo inversor histórico": 3.250 millones de euros en tres años, incluyendo el gasto consolidado del Departamento, de Visesa y Alokabide, y el gasto fiscal de las diputaciones.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

En el turno inicial de grupos, el parlamentario de EH Bildu Xabier Astigarraga ha criticado que aunque el plan "recoge muchas acciones", no "concreta" las fechas en las qué se van a llevar a cabo ni el presupuesto que se les asigna. Además, ha lamentado que el documento plantea un "giro regresivo" hacia posiciones "neoliberales" que da mayores facilidades a un mercado inmobiliario privado que solo responde "a las necesidades de quienes quieren hacer negocio".

La parlamentaria del PP Ana Morales ha afirmado que con este plan, el Gobierno Vasco va "en la dirección equivocada". Morales ha criticado el modelo "intervencionista" que --según ha dicho-- desarrolla el Gobierno Vasco en materia de vivienda, y ha asegurado que este plan "no va a servir de gran cosa porque ahonda en un modelo absolutamente fracasado".

Por su parte, el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha denunciado que al plan "le falta coherencia y ambición". Además, ha afirmado que "en esta emergencia, habitacional y climática, hay que potenciar la utilización del suelo ya urbanizado"; y que no hay necesidad de más vivienda libre, sino que "hay que dedicar todos los esfuerzos a la vivienda pública y protegida".

Desde los grupos que apoyan al Gobierno, Jonatan Moreno (PNV) ha compartido el diagnóstico "realista" realizado por el consejero y ha defendido que el plan incluye medidas "claves" para tratar de revertir la complicada situación del mercado de la vivienda en la comunidad autónoma.

El parlamentario del PSE-EE Adrián Fernández ha afirmado que el documento presentado por Itxaso "es un buen plan; un plan valiente, ambicioso y con medidas concretas", frente a aquellos que optan por el discurso "fácil" de "lamentarse" por la situación de la vivienda sin aportar soluciones.