Itxaso defiende en un foro inmobiliario en Madrid el Fondo Social de Vivienda impulsado por el Gobierno Vasco

VITORIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, ha defendido este miércoles, en un foro inmobiliario en Madrid, la creación en Euskadi de un Fondo Social de Vivienda como instrumento para acelerar la promoción de vivienda protegida y ampliar la oferta de alquiler asequible.

Itxaso ha participado en el Salón Internacional Inmobiliario Madrid 'SIMA 2026', en el que ha planteado la colaboración público-privada para movilizar suelo público en régimen de derecho de superficie y atraer inversión.

La intervención del consejero se ha producido en el marco de la mesa sectorial 'Estructuras de financiación y entrada de inversores institucionales y fondos de infraestructura de vivienda asequible', en la que ha expuesto la estrategia vasca para combinar liderazgo público, movilización de suelo e inversión institucional de largo plazo al servicio del interés general, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

La agenda institucional del consejero en la capital, que se desarrolla entre este miércoles y este próximo jueves, está centrada en algunos de los principales retos de la política pública de vivienda: la financiación de vivienda asequible, la colaboración público-privada, el desarrollo del Plan Estatal de Vivienda, la respuesta de las áreas metropolitanas tensionadas, y el reconocimiento sectorial a proyectos vinculados al acceso a la vivienda.

La presencia institucional del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana busca reforzar el debate sobre nuevas herramientas capaces de incrementar la oferta de vivienda protegida y facilitar el acceso a la vivienda en contextos de elevada presión residencial.

Durante su intervención, Itxaso ha sostenido que "la vivienda es una de las grandes infraestructuras sociales del siglo XXI", y ha defendido la necesidad de combinar presupuesto público, suelo público, agilidad urbanística, inteligencia financiera, industrialización y capital privado de largo plazo para construir vivienda asequible "a la escala necesaria".

Según ha expuesto, el objetivo no es sustituir la iniciativa pública, sino multiplicar su capacidad de respuesta mediante nuevas fórmulas de financiación que permitan aumentar el parque protegido sin trasladar todo el esfuerzo a las cuentas públicas.

FONDO SOCIAL DE VIVIENDA

Uno de los principales ejes de la propuesta presentada por el Gobierno Vasco en SIMA es el desarrollo de un Fondo Social de Vivienda concebido para atraer inversión institucional de largo plazo y financiar promociones de vivienda protegida en alquiler asequible a partir de suelo público.

El modelo planteado por Euskadi se articula sobre una combinación de cuatro elementos: suelo, capital, deuda y gestión profesional. La fórmula prevé el uso de suelo público en régimen de derecho de superficie, el mantenimiento de la titularidad pública del suelo, el desarrollo íntegro de promociones destinadas al alquiler, protección de largo plazo y una estructura financiera basada en capital público minoritario, inversión privada mayoritaria y deuda a largo plazo.

De este modo, el suelo no se vende y los edificios revierten a la Administración una vez concluido el periodo establecido. Según ha explicado el consejero, la rentabilidad del modelo "no puede descansar en la especulación ni en la tensión sobre los precios, sino en costes realistas, rentas estables, elevada ocupación y horizontes temporales amplios que permitan garantizar sostenibilidad financiera e impacto social".

10.000 VIVIENDAS PROTEGIDAS

El Fondo Social de Vivienda impulsado por el Gobierno Vasco aspira a movilizar hasta 2.000 millones de euros y facilitar la promoción de unas 10.000 viviendas protegidas, con una primera aportación pública de 20 millones de euros como palanca de atracción de capital institucional.

El instrumento está diseñado para atraer actores con vocación de permanencia, como entidades previsionales, fundaciones, financiación europea, banca pública e inversión de impacto, sobre la base de reglas estables, gobernanza clara y retornos compatibles con la finalidad pública de la vivienda.

En este contexto, Itxaso ha defendido que "si queremos inversión paciente, necesitamos reglas pacientes: claras, estables y sostenidas en el tiempo", y ha subrayado que la colaboración público-privada "debe servir para ampliar el parque protegido y no para diluir el liderazgo público en materia de vivienda".

La intervención del consejero ha servido también para explicar una segunda fórmula de colaboración público-privada impulsada por el Gobierno Vasco, consistente en la movilización de suelo privado hacia promociones de alquiler asequible mediante incentivos públicos.

En este ámbito, ha explicado el funcionamiento de la orden de alquiler asequible aprobada por el Consejo de Gobierno, una herramienta concebida para abrir un espacio intermedio entre el alquiler social y el mercado libre y dirigida a hogares trabajadores y clases medias con dificultades de acceso a la vivienda.

La medida permite que promotores privados suscriban convenios con el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana para desarrollar promociones destinadas a alquiler asequible protegido durante un plazo de 50 años, garantizando estabilidad, permanencia y control público sobre las condiciones de acceso.

Para hacer viables estas promociones, el Gobierno Vasco contempla ayudas de hasta 45.000 euros por vivienda. La política está dirigida a unidades convivenciales inscritas en Etxebide con rentas anuales ponderadas de entre 21.000 y 39.000 euros, un colectivo que supera las 7.000 unidades registradas y que, aun sin situarse en los tramos más bajos de renta, encuentra crecientes dificultades para acceder al mercado libre.

Con esta doble estrategia -movilización de suelo público mediante un Fondo Social y activación de suelo privado para alquiler asequible- el Gobierno Vasco defiende un modelo "orientado a ampliar la oferta de vivienda protegida, reforzar la capacidad pública de respuesta, y generar un sistema financieramente sostenible que permita responder a la creciente presión sobre el acceso a la vivienda".