Reivindica "el derecho al optimismo y a la esperanza" en el proceso de paz y pide "confianza" en los políticos
BILBAO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El fiscal-jefe de la Audiencia Provincial de Alava, Jesús María Izaguirre Gerricagoitia, consideró hoy que, tal como establece el Código Civil, los miembros de la Judicatura y la Fiscalía deben "interpretar las normas conforme a la realidad social", aunque precisó que no se les puede exigir "una interpretación política". Además, reivindicó "el derecho al optimismo y a la esperanza" en el proceso de paz, y pidió "confianza" en los políticos.
En una entrevista concedida a Radio Vitoria, recogida por Europa Press, Izaguirre manifestó que los jueces y fiscales "lo que tienen que hacer es aplicar la legalidad vigente, que es la que es". "Por lo tanto, yo creo que no deben entrar otro tipo de condicionantes. Debemos distinguir netamente lo que es la actividad de la Administración de Justicia de la actividad de los políticos. Dejemos trabajar a los políticos, dejemos trabajar a la Administración de Justicia", añadió.
En este sentido, indicó que "los políticos tienen todos los mecanismos en su mano para, en su caso, si hace falta, adaptar la legalidad a esa nueva realidad". "Aparte de eso, evidentemente, el Código Civil lo que dice que se ha de hacer es una interpretación de las normas conforme a la realidad social de los hechos, pero no se nos debe exigir a los jueces y fiscales una interpretación política, sino simplemente adaptada a la realidad. Y eso no quiere decir nada más que eso, no se debe buscar nada más allá", apuntó.
Izaguirre dijo que, "independientemente de situaciones" como las que últimamente aparecen en los medios de comunicación sobre el proceso de paz, hay que "reivindicar el derecho al optimismo y a la esperanza" porque "es lo último que queda". "Creo que debemos confiar en nuestros políticos y reivindicar ese derecho al optimismo. Lo que sea lo dirá el tiempo", aseveró.
Se mostró convencido de que, "sin ninguna duda", ningún juez ni fiscal se alegra de que se produzcan situaciones de "impasse" en el proceso y dijo que, "quien piensa eso, es que retuerce las cosas hasta el extremo".
"Los jueces y fiscales somos ciudadanos como los demás y creo que no existe nadie en este país que no esté a favor de que consigamos, por fin, normalizar nuestra situación de convivencia política y creo que pensar eso es retorcer las cosas en exceso", apuntó.
En esta línea, señaló que los miembros de la Judicatura y de la Fiscalía se "alegran" de que el proceso de paz "siga adelante porque, entre otras cosas", es "uno de los colectivos amenazados y, evidentemente, no creo que a nadie le guste ir con escolta".
"Yo creo que absolutamente todos estamos a favor de que la situación se normalice y, entre otras cosas, por nuestra situación personal, porque, por ejemplo, dejaríamos de llevar escolta, que no es poco", agregó.
DENUNCIAS
El máximo representante del ministerio público en Alava rechazó opinar sobre procedimientos como los seguidos contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, o contra los dirigentes socialistas, Patxi López y Rodolfo Ares, porque "están sub iúdice" y porque los desconoce.
No obstante, dijo que "las actuaciones judiciales, también las del ministerio fiscal, están y deben de estar sometidas a la crítica de los ciudadanos y de cualquier persona porque para eso estamos en una sociedad democrática".
"Eso no sólo es no es malo, sino que es sano es una sociedad democrática. Es bueno y tenemos que asumirlo como tal. Pero lo que sí creo es que la crítica hacia las actuaciones judiciales debe ser mesurada y, sobre todo, en el caso que venga de instancias públicas o correspondientes a la política, debe ser una crítica ajustada, sin caer en descalificaciones personales", destacó.
DE JUANA
En cuanto al procedimiento judicial contra el preso de ETA Iñaki De Juana por amenazas a través de dos artículos que escribió y por los que se le ha condenado a 12 años y siete meses de prisión, recordó que ha habido "un pronunciamiento de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional con la que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo", pero precisó que "ésa es la democracia".
Recordó que el abogado del recluso piensa recurrir en casación la resolución judicial, que, posteriormente, puede llegar también al Tribunal Constitucional.
Tras precisar que "el principio de legalidad está en la sentencia de la Audiencia Nacional", subrayó que ahora hay que ver "qué dice el Tribunal Supremo". "Y me imagino que, en su momento, como se discute ante la Sala de lo Penal, se discutirá un tema muy interesante en materia de libertad de expresión y vamos a ver cuál es la resolución", dijo.
Jesús María Izaguirre manifestó que jueces y fiscales saben que "existe la discusión jurídica hasta que hay una resolución judicial, que es la que sienta la Justicia en el caso concreto". "Tenemos una sentencia que no es firme, va a haber un recurso de casación y vamos a ver lo que dice el Tribunal Supremo. Y cuando se pronuncie el TS, veremos dónde estamos y cuál es la resolución final sobre la cuestión", precisó.
Por último, expresó su intención de visitar la cárcel de Nanclares en un plazo "más o menos breve" y señaló que conoce a través de algunos medios de comunicación "problemas que ha habido respecto a determinados fallecimientos" de reclusos en la prisión. No obstante, eludió profundizar en esta cuestión por "prudencia", ya que tiene "un conocimiento muy superficial" de ello.
