Melgosa adelanta que la nueva estrategia contra la exclusión residencial reforzará las medidas para evitar desahucios

VITORIA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, ha presentado este miércoles en Vitoria-Gasteiz las líneas maestras del borrador de la II Estrategia vasca contra la exclusión residencial grave para el periodo 2023-2028 que establece 19 medidas para prevenir y reducir la exclusión residencial, con medidas para "fortalecer el derecho de las personas sin hogar a la vivienda, reforzando las medidas para evitar los desahucios y ofreciendo a las personas y familias que han perdido su vivienda una alternativa habitacional adaptada a sus necesidades".

La consejera ha inaugurado las VI Jornadas sobre exclusión residencial en Euskadi organizadas por el Gobierno Vasco junto al Ayuntamiento de Bilbao, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Ayuntamiento de San Sebastián.

En la jornada celebrada en el Palacio de Congresos Europa, en Vitoria-Gasteiz, Melgosa ha estado acompañada por la viceconsejera de Políticas Sociales, Lide Amilibia; la directora de Servicios Sociales del Gobierno Vasco, Marian Olabarrieta; y el director de Migración y Asilo del Gobierno Vasco, Xabier Legarreta.

En su intervención, Melgosa ha avanzado que el borrador del documento establece 19 medidas para prevenir y reducir la exclusión residencial, "fomentando el derecho de las personas a la vivienda, al empleo, a la garantía de ingresos, a la salud y a los Servicios Sociales, mejorando la calidad de los recursos de atención y promoviendo la cooperación entre diferentes entidades y sistemas".

"Las nuevas medidas van encaminadas a ayudar a los y las jóvenes sin referentes familiares en su tránsito a la vida adulta, acompañando a aquellas personas jóvenes dadas de alta en centros residenciales y de internamiento", ha señalado.

Asimismo, Melgosa ha destacado que el borrador de la estrategia plantea "adecuar los sistemas de servicios sociales, empleo, salud y garantía de ingresos a las necesidades de las personas sin hogar, favoreciendo su acceso a las prestaciones o desarrollando recursos formativos específicos, entre otros".

De igual manera, la consejera ha puesto en valor la necesidad de "garantizar la seguridad personal y el bienestar de las personas sin hogar, previniendo su victimización" y ha explicado que el nuevo documento recoge la importancia de "sensibilizar al conjunto de la población sobre el fenómeno de la exclusión residencial, transformando la percepción social sobre las personas sin hogar".

Nerea Melgosa también ha subrayado la inversión realizada en la atención a las personas sin hogar. "En Euskadi contamos con la tasa de cobertura más alta del Estado: 1,4 personas atendidas por cada 1.000 habitantes, con más de 30 euros de inversión del gasto público por habitante frente a los 7 euros en el Estado", ha concretado.

No obstante, cree que no se puede valorar sólo las cifras, y ha apostado por "incidir en los factores que generan situaciones de exclusión residencial grave, como la enfermedad, el desempleo, la imposibilidad de acceso a la vivienda, la ausencia o insuficiencia de ingresos y la falta de apoyos relacionales para la integración social".

Finalmente, la consejera ha informado de que el borrador "asume el compromiso de crear recursos especializados para uso exclusivo de mujeres en situación de exclusión residencial grave". "Las mujeres somos más vulnerables a la exclusión residencial, por factores como las desigualdades sociales de género, la discriminación laboral y la falta de autonomía económica. Nos seguimos enfrentando a múltiples barreras que nos excluyen de muchos derechos, y el acceso a la vivienda no es la excepción", ha concluido.

ESTUDIO 2018-2022

Durante las VI Jornadas sobre exclusión residencial en Euskadi se han presentado además los resultados del VI Recuento de personas en situación de exclusión residencial, desarrollado en octubre de 2022 en 23 municipios de la Comunidad Autónoma vasca.

Según este estudio, entre 2018 y 2022, el número de personas localizadas en calle pasó de 430 a 658 --507 en las capitales--, manteniéndose la tendencia al alza tras la pandemia (2020) y creciendo en mayor proporción en San Sebastián, seguida de Bilbao.

En el mismo periodo se produjo un incremento mayor en el número de personas en recursos de alojamiento, que pasaron de acoger a 1.253 personas a 1.991.

Entre las personas 'sin techo', el peso relativo de las personas de origen extranjero crece, de forma continua entre 2016 (63%) y 2022 (78%) y el número de mujeres se mantiene constante -- 1 de cada 10 eran mujeres en 2022--.

Las personas jóvenes menores de 30 años pasan del 25% al 35%, en la suma de las tres capitales, entre 2016 y 2022. El estudio señala que el incremento del número de personas sin techo en Euskadi se explica, principalmente, por el aumento del número de personas extranjeras sin techo.

De las personas en situación de exclusión residencial, un tercio lleva sin hogar más de cuatro años; un 20% estuvo en un centro de acogida de menores en situación de desprotección; y el 75% quisieran seguir radicadas en el mismo municipio.

Las dificultades socioeconómicas se dan en 2 de cada 3 situaciones de exclusión residencial grave. El 70% han dormido alguna vez en la calle y un 20% ha sufrido agresiones físicas.

Además, el 85% mantiene alguna relación con su familia; el 66% dice estar acompañada la mayor parte del día; y un 20% realiza alguna actividad o trabajo que le reporta algún ingreso económico.

El informe también señala que el 75% de las personas sin hogar vivía en su casa, la de personas allegadas o un piso compartido, y el 70% aspira a vivir en un piso de forma independiente.

Los servicios sociales con alojamiento, los sanitarios y Lanbide son los más utilizados. En este sentido, dos de cada tres consideran que los servicios sociales les han ayudado bastante o mucho y el apoyo profesional recibido es valorado como muy bueno por más de la mitad. Un 25% reciben la RGI y un 28% la desconoce.

Por otro lado, el 45% tiene un problema de salud grave o crónica y de ellas el 20% no recibe tratamiento médico; el 77% de las personas de origen extranjero dispone de tarjeta sanitaria; y los trastornos y enfermedades mentales afectan al 18%.