BILBAO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPHE) retomará en septiembre sus concentraciones habituales con movilizaciones centradas en impulsar la tramitación parlamentaria pendiente de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) dirigida a lograr que las pensiones mínimas se complementen desde Euskadi hasta equipararlas al salario mínimo interprofesional (SMI).
A través de un comunicado, el MPEH ha anunciado que el lunes 8 reiniciará las concentraciones habituales "en los cuatro herrialdes" con el objetivo "principal" de "culminar con éxito los pasos de la tramitacion parlamentaria pendiente de la ILP".
Con este objetivo, el primer paso será la presentación que hará la comisión promotora de la ILP, en la reunión que celebrará la coordinadora del MPEH el próximo 2 de septiembre, del plan de trabajo encaminado a ello.
Desde el MPHE han recordado que el próximo lunes 8 de septiembre es precisamente cuando finaliza el plazo legal para que el Gobierno vasco se pronuncie acerca de la legalidad de la iniciativa y esperan que el dictamen "sea a favor de tramitar una iniciativa legislativa que beneficiará a 90.000 pensionistas, en su inmensa mayoría mujeres", han subrayado.
Tras remarcar que la ley 10/2016 que regula la Iniciativa Legislativa Popular deja bien claro que "se excluyen las materias sobre las que la Comunidad Autónoma carezca de competencia legislativa", desde el MPEH han recordado que en octubre, la Mesa y los Servicios Jurídicos del Parlamento Vasco "certificaron por escrito que crear un sistema vasco de medidas para complementar las pensiones es competencia plena recogida en artículos de convenios de colaboración entre administraciones públicas, todos ellos, del Estatuto de Autonomía del País Vasco".
Por tanto, y desde el punto de vista del movimiento "es el momento de defender la aplicación de las competencias que ya tenemos, dado que está claro que, siendo la nuestra una comunidad donde la carestía de la vida y la inflación son de las más altas del Estado, las pensiones mínimas de la Seguridad Social no permiten vivir con suficiencia y dignidad".
Además, han añadido, la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, "obliga al Gobierno Vasco a eliminar las discriminaciones contra la mujer".
Precisamente, han recalcado, "esta ILP persigue reducir la brecha de género en materia de pensiones, debido a la discriminación de la mujer en el trabajo y a su dedicación a tareas de cuidados, de menores y mayores depen dientes, que ni han sido valoradas ni retribuidas".
"INSUFICIENTE E INAPROPIADA"
Desde su perspectiva la actual RGI que regula complementos de pensiones, es "insuficiente e inapropiada" para pensionistas puesto que es una ley dirigida, principalmente, a las personas en edad activa".
Además, tampoco "considera las circunstancias individuales de la persona pensionista a la hora de valorar ingresos y patrimonio", obligando a crear una "unidad de convivencia" en la que, automáticamente, se integra a la pareja de hecho o cónyuge y que, si uno de los miembros de la pareja del pensionista es activo, o también pensionista, se les excluye de las ayudas al sumar sus ingresos" han advertido.
En este sentido, y "dado que son las mujeres las que tienen pensiones más bajas se las obliga a mantener una relación en la que hay un sostenedor, gene ralmente hombre, y una persona dependiente, normalmente mujer", han criticado.
Para el MPEH, "el dato más revelador de la ineficacia de esta ley es que su aplicación ha alcanzado como máximo a 15.000 personas pensionistas", por lo que reclaman el derecho de cada persona pensionista a tener una renta "suficiente", independientemente de sus relaciones de convivencia.
El colectivo entiende que el informe jurídico que el Gobierno Vasco ha solicitado, "sea cual sea su finalidad, dado que no es vinculante", no impide que se pronuncie "claramente" a favor de tramitar, como cualquier proposición de ley, una iniciativa legislativa que, en su opinión, "ejerce una competencia propia y responde a una injusticia histórica con las mujeres y a la necesidad de que las personas mayores tengan independencia económica y capacidad para hacer frente a necesidades tan básicas como vivienda o salud, incluida la mental".
Por todo ello, y para el movimiento, "no es razonable defraudar una iniciativa que apoyan todas las organizaciones sindicales sin excepción, cientos de organizaciones sociales y feministas y miles de personas" y que, además, han concluido, "responde al llamamiento institucional para que aumente la participación ciudadana en la función legislativa y mejore el funcionamiento del sistema democrático".