BILBAO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular de Bizkaia cree que la falta de control en las ayudas a la inclusión social "cronifica" la situación de sus perceptores y denuncia que la Diputación foral carece de inspectores destinados a detectar un posible fraude en estas ayudas.
El apoderado del PP Eduardo Andrés ha registrado una interpelación dirigida a la diputada de Acción Social, Pilar Ardanza, en la que pregunta las políticas que está aplicando su departamento para controlar el cumplimiento y la efectividad de los planes individuales de atención de los perceptores de las ayudas especiales para la inclusión social.
Andrés ha explicado que uno de los requisitos para percibir la ayuda especial para la inclusión social es que se haya establecido con la persona titular de la solicitud un plan individual de atención para facilitar su inclusión social o laboral.
"La finalidad de estas ayudas es conseguir que los perceptores de las mismas puedan conseguir unas condiciones de vida dignas, autosuficientes y de plena integración en la sociedad", señala el apoderado del PP, a la vez que subraya la necesidad de "realizar un control para garantizar la efectividad de los planes individuales, para evitar que estas situaciones acaben siendo crónicas".
Andrés señala que el problema se encuentra en que "la propia Diputación ha reconocido en respuesta escrita a una pregunta del PP que carece de inspectores dedicados a realizar un seguimiento de estos planes individuales, con lo que en la mayoría de los casos los perceptores agotan el plazo máximo de tiempo que pueden recibir estas ayudas, 30 meses, sin ningún tipo de control sobre su situación; es decir, pueden haber abandonado el plan individual de inserción laboral o directamente no realizarlo, pero siguen cobrando ese dinero".
Según datos aportados por la Diputación, el número de nuevas personas que han accedido a ayudas a la inclusión social desde el 1 de enero de 2011 hasta el 1 de octubre de 2014 son 1.855 de origen extranjero y 123 personas nacionales.
Estas ayudas están establecidas por el Decreto Foral 207/2011 de 3 de Diciembre y cuantifican en 361 euros las ayudas a la unidad convivencial cuando está compuesta por una persona; 425, cuando la constituyen dos personal y 470 euros en el caso de que el núcleo familiar sean 3 o más personas.
