BILBAO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
Denuncia que "falta inteligencia política" en el Estado para "gestionar situaciones que nacen de una aspiración con arraigo social"
BILBAO, 2 (EUROPA PRESS)
El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que la decisión de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de encarcelar al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros siete exmiembros del Govern, es "la peor que se podía haber adoptado", tanto por su "absoluta desproporcionalidad" como por "lo contraproducente que puede ser". Además, ha asegurado que "falta una inteligencia política" en el Estado español para "gestionar situaciones que nacen de una aspiración con arraigo social".
Desde Quebec, donde se encuentra de viaje oficial, el presidente del Gobierno vasco ha asegurado que, tras la decisión de la juez de la Audiencia Nacional, ha constatado "la peor de las sensaciones" que ha tenido "en este tiempo", tanto en lo relativo a "la judicialización de la vida política", como en la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
"FALTA INTELIGENCIA"
"Falta una inteligencia política en el Estado español para gestionar estas situaciones que nacen de una aspiración con arraigo social importante en una sociedad, y que merecen también adecuar las medidas a lo que son las realidades de contexto", ha lamentado.
Por ello, Urkullu ha mostrado "la mayor preocupación" ante la decisión de prisión incondicional "para representantes políticos e institucionales, en función de sus cargos".
A su juicio, "por acción de la Fiscalía General del Estado", y pese a insistir en "la necesidad del respeto a la separación de poderes en un Estado de Derecho", también se constata "una politización de la Justicia". "Esto es lo más grave", ha apuntado.
El lehendakari ha considerado que "la decisión de hoy, de prisión incondicional, es absolutamente desproporcionada" y "la peor de las decisiones que se podía haber adoptado, por contraproducente que puede ser".
El lehendakari ha insistido en "la necesidad de la cohesión" y en que la política sea "un ejercicio constante de lo que tiene que ser la convivencia de manera normalizada". "No es ésta la vía, ni siquiera por lo que pueda ser una acción de los jueces, que la política sirva en estos momentos para este objetivo. Parece que estamos más cómodos instalados en los que pueda ser el riesgo de la fractura social", ha añadido.
Ha advertido de que, precisamente "la fractura social es lo que los políticos debemos evitar", así como "cualquier medida que pueda ahondar en ese riesgo" y que pueda conducir a "otro tipo de situaciones innecesarias en el siglo XXI".
El lehendakari ha advertido de que el Gobierno de España "tiene la responsabilidad sobre la Fiscalía General del Estado", por lo que "tiene que saber cuál es la realidad política y social que se vive, no solo en Cataluña sino en el conjunto del Estado español".
"Una cosa es que se esté reivindicando el cumplimiento de la legalidad y de las leyes. Pido que, además del cumplimiento de la legalidad, se tengan en cuenta los sentimientos arraigados profundamente en las sociedades y que se conducen de una manera lo más democrática posible", ha señalado.
Urkullu ha asegurado que éste es "un ejercicio" que "echa en falta en el Gobierno" respecto a la situación en Cataluña porque, durante siete años, "no ha ofrecido ninguna solución o propuesta de satisfacción suficiente, desde un déficit fiscal" a otras reivindicaciones posteriores.
"El Gobierno español tiene que ser consciente de que en el siglo XXI las leyes también se modifican, se pueden ensanchar y también tienen que servir para el bienestar de los ciudadanos", ha insistido.
Según ha advertido al Ejecutivo del PP, "esto es como un matrimonio" y "si hay una parte que del matrimonio que no quiere un divorcio, también tendrá que hacer por seducir a la otra parte para que no se produzca esa ruptura".
PUIGDEMONT
Urkullu ha eludido, sin embargo, pronunciarse sobre la situación del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. "Me basta con que todos seamos conscientes de lo que es una decisión de la Justicia del Estado español", ha señalado.
Además, ha rehusado "entrar en valoraciones con respecto a lo que el señor Puigdemont vaya decidiendo". "Me queda, en este caso, contemplar la situación que afecta a los representantes políticos e institucionales que lo han sido en el Parlament o la Generalitat de Cataluña durante el mandato anterior, ya disuelto", ha indicado.
