MÉRIDA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asamblea de Extremadura ha asegurado que los gastos de la Oficina del Presidente Ibarra forma parte de los presupuestos ordinarios del Parlamento regional, "como así lo establece la Ley que la crea".
Así, una vez hechas las inversiones para la puesta en marcha de la oficina que actualmente ocupa el presidente Rodríguez Ibarra, el Parlamento regional ha apuntado que "el gasto corriente de estas últimas anualidades es austero y modesto".
Un gasto que "se limita al pago de su personal, sus medidas de seguridad, y otros gastos previstos por la ley, sin que el presidente Rodríguez Ibarra haya percibido cantidad alguna hasta la fecha".
De esta forma ha respondido la Asamblea de Extremadura, a través de una nota de prensa, a las informaciones aparecidas en los últimos días acerca del coste de la Oficina del Presidente Ibarra.
El Parlamento regional destaca que estos gastos "están sometidos al control de legalidad y han sido debidamente controlados, fiscalizados e intervenidos de conformidad con la Intervención General", al igual que el resto de los gastos de la Cámara, como los correspondientes al funcionamiento ordinario del parlamento o grupos parlamentarios.
Añade el Parlamento regional que todos los gastos del Parlamento, incluidos los relativos a la Oficina del Presidente Rodríguez Ibarra, están "sometidos a los controles de legalidad pertinentes, son de carácter ordinario e interno" y señala que en las diferentes anualidades, "como parte de la liquidación del presupuesto, han sido sometidos a su fiscalización y aprobación".
Finalmente la Asamblea ha explicado que a requerimiento de los medios, "siempre ha facilitado toda la información que han solicitado sobre las inversiones para el cumplimiento de la Ley de la puesta en marcha de la Oficina, y ha hecho público todo lo relativo a empleados y sueldos".
Así, ha destacado que el Parlamentario "ha cumplido fielmente el mandato de la Ley" como es "garantizar que los presidentes, una vez cesen en su cargo, contarán con medios suficientes para atender sus necesidades personales y políticas con la dignidad y el decoro que corresponden a las altas funciones ejercidas".
También se encarga de que cuenten con "las medidas de protección oportunas de sus familiares más próximos, y dotarles de una serie de medios de apoyo que les permitan seguir poniendo su experiencia al servicio de la comunidad".