Publicado 30/04/2020 11:28:50 +02:00CET

Convalidado con abstención de la oposición el decreto extremeño para disponer de recursos para la sanidad

Pilar Blanco-Morales durante su intervención en el pleno de la Asamblea para la convalidación del decreto autonómico sobre contratación pública ante la crisis del Covid-19
Pilar Blanco-Morales durante su intervención en el pleno de la Asamblea para la convalidación del decreto autonómico sobre contratación pública ante la crisis del Covid-19 - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

   MÉRIDA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El pleno de la Asamblea de Extremadura ha convalidado este jueves el decreto-ley de la Junta por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito de la contratación pública para responder al impacto de la crisis del Covid-19, y que entre otras cuestiones pone todos los recursos públicos a disposición de las necesidades sanitarias y sociosanitarias en la comunidad pertinentes para afrontar dicha situación.

   Igualmente, entre otras medidas, en virtud de este decreto, la Junta prorroga los contratos de proveedores que venzan en seis meses ante la acumulación de trámites por el Covid-19.

   Aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado día 1 de abril de 2020, y publicado en el Diario Oficial de Extremadura el 2 de abril, el decreto-ley ha sido convalidado este jueves en la Cámara regional con los únicos votos a favor del PSOE y la abstención de todos los grupos de la oposición (PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura).

   Defendida este miércoles por la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, la norma convalidada establece la posibilidad de prórroga forzosa para los contratos de servicios y de suministros de prestación sucesiva cuando a su vencimiento no se hubiera formalizado un nuevo contrato.

   De este modo, Blanco-Morales ha recalcado que el decreto ley extremeño pretende responder al "impacto económico" de la pandemia en el ámbito de la contratación pública, ofrecer soluciones para el mantenimiento de los servicios públicos y afrontar las necesidades de financiación de los proveedores.

   Así, ha señalado que en materia de contratación establece la prórroga forzosa para los contratos de servicios y suministros que finalicen en los próximos meses cuando a su vencimiento no se hubiera formalizado un nuevo contrato.

   También, para los contratos de servicios y suministros se establece un sistema general de pagos parciales para aliviar las necesidades de financiación de proveedores que han suspendido su actividad durante el estado de alarma.

   Igualmente, como medida organizativa, "todos los recursos públicos regionales se ponen de modo expreso al servicio de la salud de los extremeños", de tal forma que "se allana la colaboración entre los departamento de la administración" en la tramitación de contratos públicos para afrontar los gastos necesarios durante la pandemia.

   Según ha subrayado, "todas las medidas del gobierno regional para hacer frente a esta crisis pretenden hacer efectivas las recomendaciones de los expertos en salud pública" y "son coherentes con las que bajo la coordinación del Gobierno de la nación están implementando las demás CCAA" y "se alinean con la gestión que de esta crisis están haciendo los países de nuestro entorno", con la "prioridad de la atención a la salud".

   Así, ha apuntado Blanco-Morales que las medidas de la Junta "tratan de minimizar el riesgo de que la ralentización económica tenga un impacto estructural sobre todo en el empleo"; y ha incidido en que sus acciones están marcada "por un constante y continuo diálogo con los agentes económicos y sociales" con el "más sincero empeño de obtener para ellas el amparo del arco parlamentario".

POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

   A su vez, la diputada del PSOE Ana Belén Fernández González ha subrayado que decreto-ley pretende con medidas "coherentes" y "desde la transparencia" garantizar "la continuidad de los servicios" y facilitar "todos los recursos al servicio de la crisis sanitaria" con medidas "excepcionales" ante una situación "excepcional".

   Ha incidido, así, en que el objetivo prioritario es "salvar vidas" y "minimizar el impacto social y económico" del coronavirus, y tras afirmar que del origen del Covid-19 "ningunos somos responsables", ha reivindicado un "gran acuerdo para la reconstrucción" de España y Extremadura porque "de lo que suceda después (de la crisis sanitaria) todos somos responsables".

   Ha pedido, en este punto, la "unidad de acción" de todas las fuerzas políticas "para garantizar la salud, la seguridad y la protección de todos los ciudadanos", porque esto es "lo que demanda la ciudadanía" y los partidos "se lo debemos"; al tiempo que ha incidido en que de la crisis del Covid-19 se debe sacar la enseñanza, ha dicho, del "valor de lo público".

   "Hoy todos sabemos que la sanidad no es un gasto sino una de las mayores y mejores inversiones que puede hacerse", ha apuntado la diputada socialista.

   Por su parte, el diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón ha tachado de "ineficaz" la gestión realizada por la Junta a la hora de la adquisición de material de protección frente al Covid-19 por haberse "fiado demasiado" del Ministerio de Sanidad; y ha lamentado que el decreto-ley convalidado este jueves otorga "superpoderes" a la Administración regional durante "todo 2020" en materia de contratación.

   Ha criticado, así, que cualquier órgano de contratación de la Junta puede contratar para el SES o el Sepad durante "todo el año", lo que considera "excesivo"; al tiempo que ha lamentado que "no se informe" por parte de la Junta sobre las modificaciones presupuestarias, ha dicho, que está realizando.

   Con ello, ha exigido "máxima transparencia" a la Administración extremeña durante la gestión de la crisis, teniendo en cuenta además que según ha dicho el decreto ley en cuestión busca "simplificar y agilizar la contratación publica" pero las medidas "se saltan todos los preceptos" establecidos en la Ley de Contratos.

   De su lado, el diputado de Ciudadanos José María Casares ha incidido en que los españoles "necesitan más que nunca unidad" para afrontar la crisis del coronavirus, y en consecuencia ha reiterado que su partido se mantendrá "leal" con la gestión que la Junta lleve a cabo, aunque con matizaciones.

   Ha defendido, así, la importancia de que desde la Junta se facilita "información exhaustiva de todas las actuaciones" que haya acometido durante la crisis sanitaria, mediante la articulación de una comisión u otros medios, porque "más que nunca necesitamos transparencia y buen gobierno", ha dicho.

   Tras considerar, en todo caso, que en el decreto-ley "la letra es buena, la música también", ha incidido también en que "no es entendible" por ejemplo que "se hayan tramitado de forma acelerada" por parte de la Junta expedientes como el del transporte sanitario terrestre en la región cuando "esta cuestión no era esencial su tramitación en este momento" de crisis del Covid-19, o el de subvenciones a patronal y sindicatos, ha añadido.

   A su vez, la diputada de Unidas por Extremadura Lorena Rodríguez Lucero, ha considerado necesario garantizar la continuidad de los servicios "imprescindibles" durante la crisis del coronavirus, a la vez que ha incidido en que las medidas que se pongan en marcha por parte de la Junta no deben servir para "perpetuar relaciones de clientelismo" en la región.

   También, ha defendido la necesidad de que la Administración regional se ponga al día en el pago de lo adeudado, ha dicho, a sus proveedores; y ha afirmado en todo caso que "es necesario más que nunca la fiscalización y seguimiento" de las medidas que se pongan en marcha en materia de contratación pública.

   Rodríguez Lucero, con ello, ha defendido como "conveniente" que se simplifique la tramitación de procedimientos en materia de licitación; destinar "más medios y recursos materiales y humanos" a la resolución de procedimientos de contratación; y "acelerar el pago a los proveedores" para "dar liquidez" a las empresas extremeñas.

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