MÉRIDA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha anunciado que denunciará por la vía judicial "todos" los despidos que se produzcan en el sector público.
En nota de prensa, ha manifestado su rechazo al decreto que desarrolla los procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada en las Administraciones Públicas.
"Porque una vez más, el Gobierno vuelve a cargar sobre los empleados públicos las medidas de sacrificio en la salida de la crisis", ha indicado.
El decreto además, según apunta CSI-F, "facilita" las causas de aplicación del ERE, rebajando del 10 al 5 por ciento la minoración de créditos exigida para llevar a cabo los despidos, respecto al borrador inicial trasladado a los sindicatos el pasado verano.
Esta situación afecta de manera potencial en Extremadura a un colectivo de personal laboral de 20.000 personas y sus familias, según ha estimado la central sindical.
CSI-F también avisa a todas las administraciones extremeñas, "especialmente a la local", que combatirá "uno a uno" todos los despidos que produzcan en el sector público por la vía judicial.
"Evitando situaciones de abuso de derecho en la aplicación de las causas de despido y ofreciendo alternativas reales de ahorro que demuestren a los jueces que el ERE no tiene justificación. Para ello, el sindicato ya ha activado su Observatorio sobre la Aplicación de la Reforma Laboral", ha informado.
Así, utilizando las nuevas tecnologías de información, CSI-F ha establecido un sistema de comunicación en red con sus afiliados de toda Extremadura, para combatir los despidos allá donde se produzcan, a través de su página web www.csi-f.es y el correo electrónico seguimosdefendiendolopublico@csi-f.es.
CSI-F advierte igualmente de que la administración "no debe responder a criterios mercantilistas, sino de eficacia, eficiencia en el servicio al bien común y a los intereses generales".
Las causas económicas, insiste, "no dependen de las fluctuaciones de la demanda en un mercado competitivo, sino de la ineficiente planificación presupuestaria".
"Es decir, si un alcalde decide invertir la totalidad o una parte importante del presupuesto en una escultura o infraestructura sobrevalorada e ineficiente, no puede considerarse como una causa económica, sino como abuso de derecho, fraude o dolo si la finalidad es crear artificialmente la situación de déficit para despedir", ha concluido.
