MÉRIDA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Extremadura abonará a 1.056 ciudadanos ayudas directas al alquiler de hasta 200 euros al mes a partir de julio. La previsión inicial era facilitar subvenciones a 209 inquilinos, por lo que el número final de beneficiarios se ha "multiplicado por cinco".
Este es el segundo paquete de ayudas para inquilinos con cargo al Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016. Las anteriores subvenciones se autorizaron en 2014 por un periodo de un año, prorrogable, y fueron 303.
El objetivo de esta línea de fomento del alquiler es facilitar el acceso a una vivienda "digna" a aquellas familias que no pueden optar a tener una en propiedad.
La Consejería de Fomento había presupuestado inicialmente 500.400 euros para atender este segundo paquete de subvenciones al alquiler, lo que suponía aprobar unos 209 expedientes aproximadamente, una cifra que se comprobó que era "insuficiente" a la vista del número de solicitudes presentadas, en concreto, 2.007.
Con fecha 12 de junio de 2015, se ha publicado la ampliación del crédito inicialmente aprobado hasta 2.400.000 euros, con lo que se ha podido estimar la ayuda a todas las familias que cumplían con todos los requisitos para acceder a la misma, en total 1.056.
La cuantía de la ayuda no puede exceder el 40 por ciento de la renta de alquiler mensual, con un tope de 200 euros al mes. Por tanto, un inquilino que abone 500 euros al mes o más, percibe la ayuda máxima de 200 euros. En Extremadura, el alquiler tipo es de unos 300 euros al mes y en este caso la subvención ha sido de 120 euros.
El tiempo máximo durante el cual se cobrará la subvención es de un año, prorrogable por otros 12 meses siempre que se mantengan las circunstancias, informa en nota de prensa el Ejecutivo extremeño.
Los destinatarios de esta línea de ayudas son arrendatarios cuya vivienda alquilada constituya su residencia habitual y permanente. Los beneficiarios no pueden tener ingresos superiores a tres veces el IPREM, es decir unos 22.000 euros brutos anuales.
Han tenido ventaja sobre el resto de solicitantes los menores de 35 años, las personas con discapacidad, las familias con más hijos y las que tienen discapacitados a su cargo, las víctimas de violencia de género y quienes se han visto afectados por un desahucio por ejecución hipotecaria.
