MÉRIDA, 3 May. (EUROPA PRESS) - Asimismo, ambas administraciones regionales entienden que la reforma del sistema de financiación autonómica "no" debe abordarse como un debate de "territorios", sino con el objetivo de "mejorar" el funcionamiento del Estado de Bienestar en España, "estableciendo en el centro de atención las necesidades de las personas, con independencia del territorio donde vivan". También, ambos ejecutivos plantean que el nuevo modelo de financiación autonómica "tiene que proporcionar" una financiación "suficiente" para que las comunidades puedan prestar "todos los servicios públicos de los que son responsables, con unos niveles de calidad adecuados y sin incurrir en déficit en el horizonte de 2020". En el texto, leído entre ambos consejeros, además, ambos ejecutivos defienden que hay que construir un sistema que "equipare" en recursos a las distintas regiones, en tanto que "todos los ciudadanos, independientemente del territorio en el que residan, tienen derecho a acceder a un nivel equivalente de servicios públicos a prestar por las comunidades autónomas". Al mismo tiempo, la Junta y la Generalitat valenciana subrayan que el sistema de financiación debe proporcionar a su juicio "estabilidad sanitaria, educativa y de los Servicios Sociales", que son tres de los cuatro "pilares" del Estado del Bienestar. En este sentido, afirman que debe construirse una "garantía a largo plazo" mediante reglas de gasto "reformadas" y la creación de un fondo de reserva, tal y como sucede con las pensiones, de forma que "se protejan" los recursos "necesarios" para la prestación de tales servicios. De igual manera, entienden que debe "asegurarse" la aplicación "efectiva" del principio de "lealtad institucional" entre el Estado y las comunidades autónomas, y de éstas "entre sí", lo que significa --según reza la declaración firmada-- que "las nuevas reglas de gasto deben ir acompañadas de los recursos correspondientes". En este punto, Junta y Generalitat abogan por un "proceso de armonización fiscal", en tanto que "la ausencia de armonización fiscal puede provocar que los ciudadanos decidan dónde vivir, no según sus preferencias o condiciones personales, sino según la legislación tributaria de las comunidades autónomas, con la consiguiente desigual e injusta distribución de la carga tributaria".
