Junta de Extremadura pide a Gobierno y Congreso que se rechace la enmienda de CiU a la Ley de las Socimi

MÉRIDA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura, a través de su consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente, José Luis Navarro, pidió hoy al Gobierno y al Congreso de los Diputados que en la sesión del próximo jueves en la Cámara Baja se rechace una enmienda de CiU a la Ley de Regulación de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión al Mercado Inmobiliario (Socimi) que afecta al proceso de implantación de la energía termosolar en España.

Mediante dicha enmienda, que el miércoles pasado fue aprobada en el Senado, queda derogado, vía disposición adicional, el real decreto ley del pasado mes de mayo que establecía un registro de preasignación de potencia de plantas termosolares, entre otras renovables, el cual CiU considera invade las competencias autonómicas.

La derogación del registro provocaría un retroceso hasta la situación normativa anterior, definida por un real decreto de 2007, pero con modificaciones que implicarían una implantación "más restrictiva" de la energía termosolar, de modo que las expectativas de Extremadura quedarían recortadas.

Además, se causaría "una pérdida inaceptable de tiempo" que en el caso de Extremadura pondría en riesgo "miles de millones de euros de inversión y varios miles de puestos de trabajo", toda vez que se desencadenaría una situación de "incertidumbre" que provocaría "desconfianza" en el sector financiero, de cuyo respaldo dependen los proyectos de plantas que pretenden implantarse en la región. Se calcula que cada proyecto de planta precisa de una inversión media de 300 millones de euros.

En rueda de prensa, el consejero pidió el rechazo de la citada enmienda, por lo cual se dirige públicamente al Gobierno y además mantiene contactos desde hace días con el Grupo Socialista en el Congreso, a través de los diputados extremeños.

No obstante, la Junta ofrece una "segunda alternativa" en el caso de que "no fuera posible" rechazar la citada enmienda. En tal caso, pide al Gobierno que una vez aprobada la Ley de las Socimi "inmediatamente" modifique el real decreto de 2007 de modo que no sólo no sea más restrictivo, sino que, incluso a la inversa, permita la apertura de más plantas de las inicialmente previstas, de modo que quedarían garantizadas las perspectivas de Extremadura.

MEDIDAS DE CARÁCTER "INMEDIATO"

El registro que, en caso de ser ratificada la polémica disposición adicional, quedaría derogado servía para que los promotores de las plantas supiesen antes de construirlas si el ministerio les asignaba o no el derecho a cobrar la prima que corresponde a este tipo de energía, de modo que podían proseguir su proyecto con "tranquilidad".

El consejero explicó que Extremadura, dadas sus características, "es el mejor sitio" de España para la instalación de plantas termosolares y el registro aprobado en mayo le otorgaba a la región unas expectativas "muy altas".

Así, según estimaciones de la Junta, merced al real decreto ley de mayo se podrían llegar a instalar en toda España, en un horizonte temporal con final en 2013, unas 40 plantas termosolares, con una potencia conjunta de 2.000 megavatios.

"Al menos un tercio" de las instalaciones o de la potencia correspondería a Extremadura, apostilló Navarro, quien precisó que a día de hoy ya hay dos plantas terminadas en la región, así como otras cinco en estado "muy avanzado" de construcción y otras seis que han iniciado los trabajos.

Al respecto, alertó el responsable autonómico de Energía que si se produjera la derogación del registro la potencia a nivel nacional con derecho a prima se reduciría a 500 megavatios, cifra que ni siquiera cubre a esas plantas de la región cuya construcción está empezada o terminada.

En cuanto al empleo, la construcción de cada central de estas características suele dar trabajo a entre 400 y 500 personas. Una vez en servicio, cada instalación de este tipo genera unos 40 a 50 puestos de trabajo directos.

La posibilidad de que la creación de tales puestos de trabajo se paralice ha motivado el "gran interés" de la Junta "en solucionar esto", puesto que "en periodo de crisis" la creación de empleo se necesita "ya". "No podemos esperar unos meses, no nos sirve", advirtió Navarro.

"Pedimos que con carácter inmediato se tomen medidas que tranquilicen y transmitan confianza, estabilidad, seguridad a este sector, que ahora mismo es estratégico para Extremadura", sentenció el consejero, quien compareció en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno de la Junta, junto a la vicepresidenta primera del Ejecutivo regional, Dolores Pallero.

Para el consejero la "premisa" en la que se apoyaba la enmienda de CiU era "falsa", puesto que el registro no invade, a juicio del Gobierno extremeño, las competencias de las autonomías. Esta opinión, apuntó el consejero, es compartida por los ejecutivos de Andalucía y de Castilla-La Mancha.

Por tanto, prosiguió José Luis Navarro, la enmienda transaccional que se acabó aprobando en el Senado el miércoles de la semana pasada fue "muy desafortunada", dado que recogía "en buena parte lo que había aportado CiU" en su iniciativa original.